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» Clarin
Fecha: 18/04/2026 07:37
El 20 de abril se están cumpliendo 70 años desde que la Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional por la vía de un decreto, tiempo que economistas, intelectuales, políticos, empresarios y simples parlanchines del paneleo que circulan sin patente por los medios audiovisuales, acostumbran a etiquetar como el ciclo de lo que se ha dado en llamar la decadencia argentina, aunque en verdad suelen extender hacia atrás el análisis, hasta la llegada del peronismo por primera vez a la Casa Rosada, en 1946. En aquel abril de 1956 la República se encontraba desde hacía siete meses bajo la dictadura de la Revolución Libertadora, que había derrocado al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Las razones alegadas de aquel golpe fueron las de poner fin a los excesos de un poder que juzgaban despótico, calmar los odios fratricidas y estabilizar las variables económicas, en particular reducir el brote inflacionario, agudizado luego de las consecuencias de la crisis económica de 1952 (el año de una catastrófica sequía), una vez agotado el período distribucionista (1946-1950) del peronismo temprano. El general Aramburu y el almirante Rojas sostenían con dureza las riendas del país, en su carácter de presidente y vice de la Nación. Aramburu gobernaría el país 924 días, en los que tendría como ministro de Economía (entonces llamado de Hacienda) a Eugenio Blanco durante todo 1956, a Roberto Verrier, apenas tres meses, y a Adalbert Krieguer Vasena, hasta la entrega del poder en 1958. En definitiva, fue la dupla Aramburu-Blanco la que concretó el ingreso de la Argentina al FMI, un golpe de timón a las políticas peronistas, que habían obturado esa posibilidad. Perón en persona, como hombre fuerte del presidente Edelmiro J. Farrell, había hecho público el rechazo de su administración a formar parte de los países miembros del Fondo. Ya antes había se había embarcado en una decisión aún más significativa: su manifiesta negativa a sumarse a los acuerdos de Bretton Woods (1944), un pacto histórico que diseñaría el orden económico de un tiempo considerado inminente, visto el estallido del nazismo en todos sus frentes. Sin embargo, Perón dudaba aún sobre el destino final del conflicto bélico, en contraposición a los representantes de Occidente reunidos en esa localidad, en el hotel Mount Washington entre el 1° y el 22 de julio de aquel año. Políticos, intelectuales, hombres de Estado, burócratas públicos y economistas, entre los que descollaba John Maynard Keynes, procuraban en Bretton Woods sentar las bases de la posguerra en ciernes, con el objetivo central de establecer un conjunto de normas que dieran previsibilidad y continuidad a las relaciones monetarias, financieras y comerciales entre las naciones del mundo libre que asomaba. Esto implicaba colocarse bajo el paraguas no sólo del FMI, sino también del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (luego Banco Mundial) y del Acuerdo Provisional de París, éste para impulsar la reconstrucción del comercio bilateral entre naciones, asociación conocida en la burocracia internacional como Club de París. Todos organismos resguardados por las Naciones Unidas, institución madre del naciente nuevo orden mundial, en reemplazo de la fracasada Sociedad de Naciones, creada por el Tratado de Versalles en 1919 y disuelta en abril de 1946. El contrato que Argentina suscribiría al ingresar al FMI establecería que el país aceptaba los controles y el monitoreo de su economía por un organismo externo, práctica que aprobarían países del occidente europeo y Latinoamérica: un modelo básico de la posguerra, en el marco de un mundo en gestación. Una arquitectura renovada para pulverizar las viejas estructuras, incapaces de sobrellevar los cimbronazos de dos guerras mundiales devastadoras, que habían dejado al mundo en ruinas. Hoy, con la historia por testigo, se sabe que la breve gestión de la Libertadora (1955-1958) no pudo alcanzar las metas anunciadas, que de alguna manera fueron usadas como justificativo para la violenta intervención militar, impregnada de un fuerte revanchismo. A la hora del balance, su mayor mérito sería el de entregar pronto el poder a un gobierno constitucional surgido de las urnas, que consagrarían al radical intransigente Arturo Frondizi, el único político que en aquella coyuntura comprendió que el país no tendría viabilidad con la mayoría popular proscripta, como había dispuesto el gobierno de Aramburu y Rojas, a través del decreto 4161/56, una explícita condena al ostracismo perpetuo del peronismo. Por eso Frondizi construiría un pacto electoral con Perón, que le daría la presidencia y lo alejaría para siempre del ala conservadora del radicalismo. Durante el breve interregno de Lonardi presidente y Eugenio Folcini jefe de Hacienda, la Libertadora había devaluado el peso, con un fuerte salto en su cotización oficial: de $ 6,25 a $ 18 moneda nacional, aunque en el mercado libre de cambios la divisa se negociaba a $ 30 moneda nacional. Un martillazo a los bolsillos asalariados, que no obstante daría una mayor fluidez en la macroeconomía. Ya con Aramburu presidente, luego del golpe de palacio que destronó a Lonardi, el ministro Blanco, afín al radicalismo tradicional, al punto que una década después sería el jefe de la economía de Arturo Illia (1963-1966), tomaría como referencia de su gestión al diagnóstico del economista Raúl Prebisch, un tucumano erudito que navegó aguas turbulentas, en las que se hizo experto en viajar desde la ortodoxia liberal al pragmatismo de sus teorías más progresistas sobre la relación centro-periferia, en la que señalaría el deterioro de los términos del intercambio entre las naciones poderosas y las secundarias, con la Argentina en estas últimas. Prebisch había definido el estado económico del país luego de nueve años de gobierno peronista. En un informe preliminar de octubre de 1955 fue contundente desde el prólogo: La Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico; más que aquella que el presidente Avellaneda hubo de conjurar ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos y más que la del 90 y que la de hace un cuarto de siglo, en plena depresión. Pablo Gerchunoff, economista, historiador, intelectual de alto vuelo, en su libro El ciclo de la ilusión y el desencanto/Políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros días, edición corregida y ampliada, en coautoría con Lucas Llach, citaría ese texto de Prebisch y diría que su informe señalaba principalmente la gravedad de dos problemas: las dificultades de la balanza de pagos y la inflación. El gobierno de Perón, en la mirada de Prebisch, había abusado de expansivas políticas monetaria y salarial, cuyos déficits serían cubiertos por el Banco Central vía emisión monetaria, disparadora de la inflación. Una de las críticas más notorias al informe fue de Arturo Jauretche en el ensayo El Plan Prebisch, retorno al coloniaje, también citado por Gerchunoff en su obra, en la que no descarta esas refutaciones y arriesga que las cosas no estaban tan mal como sugería Prebisch y sus epígonos de la Libertadora, quienes avalaron el ingreso de la Argentina al Fondo. Gerchunoff concluye que, en el gobierno de Aramburu, la inflación fue mayor que en la segunda presidencia de Perón (19% para 1956-1957 contra 6,7% en 1952-1955). No obstante, señala el autor, Aramburu no quiso ser un enemigo de los trabajadores, una prueba de ello fue la voluntad de mantener con rango constitucional algunas conquistas que los asalariados habían conseguido durante el peronismo. A 70 años de aquel 20 de abril de 1956, agentes políticos y una militancia activa nutren un lamento coral que enarbola el vínculo con el FMI como la causa única del desbarranco de las cuentas públicas argentinas. De modo tal que el endeudamiento con la institución actúa como disparador de los crónicos déficits fiscales y de los sucesivos ensayos fracasados que no han podido instalar al país en la senda del desarrollo sostenido y el progreso con equidad social y las contabilidades del Estado saneadas. También suena otra campana, que responsabiliza de la hecatombe nacional a decisiones tomadas en el primer peronismo, que aún se debaten. Tanto desde una como desde otra vereda. Una interpretación no contaminada por las pasiones políticas partidarias ni los slogans facilistas propios del duelo de narrativas de un lado y otro, muestra a un Perón pragmático que ya había ensayado en su incompleto segundo gobierno la apertura de la economía al sector privado, aun contrariando palabras y acciones que lo habían llevado al poder en 1946. Viraje que intentaría con la proyectada inyección del capital extranjero a través del entonces polémico acuerdo con la Standard Oil de California (abril de 1955), y la modernización de las estructuras productivas, modelo insinuado en el Plan Nacional de la Productividad y el Bienestar Social (marzo de 1955), que exigía mayor rendimiento a la mano de obra obrera para optimizar la competitividad de los productos nacionales. En siete décadas de relación con el FMI sobreviven aquellos juicios simplistas que asumen al país como mera víctima de la tutela maligna del organismo financiero de Washington, queja sin fin el progresismo vernáculo. Son poco frecuentes, o interesadas, en cambio, las autocríticas conocidas que aceptan los equívocos permanentes en la administración de la hacienda pública, común a todos los gobiernos, no sólo a uno, de la mano de impericias políticas de los elencos oficiales, que suscribieron más de 25 acuerdos con el Fondo, hasta llevar a la Nación a entrar seis veces en default (cesación de pagos) de su deuda externa a lo largo de su historia, dos de ellas en el siglo XIX y cuatro en el siglo XX, al decir de los investigadores y expertos en estas cuestiones. Una mirada rápida a estos 70 años nos dice que el primer préstamo, de más de una veintena posteriores, fue asumido por el gobierno de Arturo Frondizi en 1958, con su ministro Emilio Donato Del Carril, por US$ 75 millones, ampliado en tres años posteriores a US$ 100 millones, debido a las urgencias heredadas de la administración de facto de Aramburu. Siguieron los ajustes sucesivos del onganiato (1966-1970); el hiperbólico endeudamiento de otra dictadura, la de 1976-1983, que multiplicó por seis el endeudamiento nacional; el irresponsable sostén de la dupla De la Rúa-Cavallo de una convertibilidad ya muerta, que llevaría al blindaje y megacanje de 2001, predecesores de un default mayúsculo, con la incomprensible auto celebración del Congreso Nacional, que desató en el país la rebelión cívica y condujo a muertes, ahorros esquilmados y bancarrotas personales. Sólo por citar casos emblemáticos por sus consecuencias. Como siempre, pagaron el hambre y la sed de los argentinos, tal cual en tiempos de Nicolás Avellaneda, más de un siglo después. Amerita mención aparte el pago cash de Néstor Kirchner de la deuda con el organismo por US$ 9.500 millones en 2006, con el objetivo no declarado, disfrazado de una nueva independencia económica, a tono con la historia doctrinaria del peronismo originario, en busca de eludir los controles del Fondo y recibir como sustituto el sostén financiero de la Venezuela de Chávez. Plata fresca al 15% de interés, en lugar de los préstamos del 4% o 5% habituales del FMI. Hasta llegar al endeudamiento récord de US$ 57.000 millones, el mayor de la historia, del gobierno de Mauricio Macri, de destino incierto, según dato de analistas y observadores financieros. El último capítulo dice que el presidente Milei acordó un desembolso global de US$ 20.000 millones para sostener el programa de saneamiento de las cuentas públicas luego de la desastrosa gestión de Alberto Fernández, y así fortalecer las reservas para llevar adelante sin grandes sobresaltos el programa económico. Además, el Tesoro de EE.UU. puso a disposición otros US$ 20.0000 millones, en un inédito respaldo en la historia de ambas naciones, por orden directa del presidente Trump, bajo el estímulo de la fuerte empatía entre ambos jefes de Estado. Más allá de cualquier ejemplo, toda relación adulta entre personas, instituciones o países, sugiere que en cuestiones de dinero no hay filantropía, sino cumplimientos que vencen y compromisos que se pagan por haber pedido auxilio para compensar dineros faltantes, dilapidados en el caso argentino en dádivas demagógicas o esfumados por una corrupción generalizada que fue corroyendo los cimentos financieros de la República. Que, finalmente, y sólo mediante planes correctivos y recetas de ajustes durísimos y descarnados han debido ser pagados por el país y sus gentes. En definitiva, de un modo u otro, todo es deuda que aún se paga y que, según los pronósticos más pesimistas de algunos estudiosos, se estima cercana al 50% del PBI, contra el primer préstamo solicitado por Frondizi en 1958, del 0,5% del PBI. Setenta años después, parecería poco sostenible, sobre todo en la condición argentina de mayor deudor del FMI en el concierto de naciones, señalar a la institución como la gran responsable de la cadena de desgracias argentinas, siempre pagadas con los bolsillos de la sociedad. Nunca con los de la casta política. Sobre la firma Newsletter Clarín
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