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Concordia » El Heraldo
Fecha: 13/04/2026 08:10
Magistrados entrerrianos marcan objeciones a la reforma previsional La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (Amfjer) presentaron observaciones formales al gobernador Rogelio Frigerio y al titular de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. Sin un proyecto definitivo del Ejecutivo, el análisis se basa en los vectores difundidos por el Gobierno: Los principales puntos en síntesis: Haber inicial Respaldan mantener el 82% del salario bruto como base de cálculo, al considerarlo acorde a principios de proporcionalidad y no regresividad. Señalan que este criterio es común en varias cajas provinciales. Historia laboral Rechazan que se tomen 30 años de aportes para el cálculo. Proponen mantener el criterio de los últimos 10 años (120 sueldos), como en otras provincias y en ANSES, por considerarlo más equitativo. Regímenes especiales Advierten que obligar a seguir aportando hasta la edad jubilatoria general podría reducir los haberes y romper la proporcionalidad con los salarios activos. Movilidad Cuestionan la fórmula propuesta por considerarla perjudicial para el poder adquisitivo. Alertan que podría derivar en reclamos judiciales, ya que modelos similares fueron declarados inconstitucionales. Edad jubilatoria Plantean que cualquier modificación debe ser gradual y en línea con otros sistemas, evitando cambios abruptos. Años de aportes Rechazan la suba de 30 a 35 años, al señalar que no tiene antecedentes y afecta especialmente a regímenes especiales. Pensiones Critican la reducción del haber del 75% al 70%, al considerarla una medida regresiva. Otros puntos clave * Reclaman incorporar al sistema todos los conceptos salariales no remunerativos para mejorar la recaudación. * Proponen ampliar la responsabilidad del Estado en el financiamiento, incluyendo municipios. * Plantean limitar beneficios salariales que no aporten al sistema. * Exigen avanzar en el reclamo a ANSES por la deuda histórica con la Caja. En conjunto, la entidad advierte que varias de las medidas en análisis podrían afectar derechos adquiridos y generar conflictos judiciales, por lo que reclama una revisión integral con mayor consenso.
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