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Parana » Informe Digital
Fecha: 04/04/2026 17:27
Cuando comenzaron a recabar información sobre los episodios de violencia laboral que sufren numerosos agentes del Poder Judicial, muchos trabajadores se acercaron de forma anónima para relatar sus vivencias. Varios contaron que evitan denunciar por temor a ser trasladados, ya que resulta más sencillo correr a un empleado que a un juez, fiscal, defensor o funcionario. Hay casos de jueces o juezas que han maltratados a defensores oficiales. Están grabadas esas audiencias. Y hay casos de maltrato entre profesionales que se enmascaran en supuestos casos de estrés, contó al programa de TV un funcionario del Poder Judicial de Entre Ríos. Cifras que alarman El relevamiento de la Federación Judicial Argentina (FJA), realizado sobre 328 trabajadores en toda la provincia, arrojó resultados que Segura considera muy significativos por el impacto en las condiciones de vida de los agentes. Según el dirigente, el 35,3% de los encuestados manifestó haber sido objeto de situaciones de acoso, hostigamiento, intimidación o maltrato psicológico en el último año. Seis personas dijeron que habían sufrido acoso sexual en el ámbito del trabajo en el Poder Judicial. Este es un valor altísimo por los promedios nacionales, que no llegan al 1%. Es una situación alarmante de la cual tenemos que tomar razón, señaló Segura. El problema no está acotado a una sola jurisdicción: se extiende por toda la provincia, con casos registrados en departamentos como Feliciano, La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay y Concepción del Uruguay, y afecta de manera particular a los fueros de Familia y Laboral. El Protocolo de Violencia: ¿Protección o mordaza? Aunque Entre Ríos fue pionera en instaurar un protocolo de intervención en violencia laboral en 2018 (implementado en 2021), AJER advierte fallas en su aplicación práctica. Segura denuncia una reacción corporativa dentro del Poder Judicial que prioriza la protección de funcionarios por encima de los trabajadores. La sensación que tenemos es que está habiendo como una especie de reacción corporativa. Hay una especie de cuidado de los colegas. La mayoría de los casos tienen que ver con lo que pasa en cualquier ámbito laboral: de los jefes hacia los empleados, y hemos visto que muchas veces las respuestas no son las adecuadas, explicó el secretario general. Uno de los puntos más conflictivos es la composición de la comisión que aborda estas denuncias: los trabajadores cuentan con un solo representante frente a cinco del sector empleador y de la magistratura. Ante ello, AJER exige una integración paritaria. Planteamos la necesidad de hacer una revisión del protocolo de tal manera que haya una integración paritaria; que la cantidad de representantes de los trabajadores y del empleador sea igual, afirmó. Asimismo, Segura denunció una interpretación errónea de la obligación de reserva de las actuaciones. Esa obligación de reserva protege a las víctimas, no puede proteger al victimario. Si alguien cree que la obligación de reserva puede ser un elemento para hacernos callar, queremos ser claros en que está destinada a la víctima, sentenció. Casos que marcaron precedentes negativos El informe detalla episodios concretos en los que las sanciones resultaron insuficientes o los dictámenes fueron polémicos. En Concepción del Uruguay, el caso del Ardoy: un juez fue denunciado por acoso sexual y laboral con pruebas certificadas; la respuesta institucional fue una suspensión temporal y la realización de un curso sobre la Ley Micaela. Fue una respuesta que no estuvo a la altura de un hecho tan grave. Al juez se le aplicó una sanción más simbólica que otra cosa, cuestionó Segura. Maltrato en Paraná Un episodio reciente consignó gritos y denigración hacia un empleado en presencia de terceros. Sin embargo, el equipo técnico concluyó que no hubo violencia, atribuyéndolo al estrés y la cantidad de trabajo. Ninguna justificación puede permitir que un jefe se dirija de esa manera a un empleado. El mensaje es muy grave: si a una persona que ejerce esa forma de violencia se le dice que no pasó nada, el mensaje para el resto es que pueden hacer lo mismo, advirtió el dirigente. Equipos técnicos bajo presión Otra preocupación es la falta de independencia de los equipos interdisciplinarios que evalúan las denuncias. Segura indicó que cerca de la mitad de esos profesionales son interinos, lo que provoca inestabilidad y reticencia a emitir informes adversos a superiores. Tienen una inestabilidad laboral que muchas veces les genera temor a la hora de hacer un informe en relación a un hecho de violencia laboral. Además, no tienen especialización en la temática. Hemos pedido que se contrate a un equipo interdisciplinario externo al Poder Judicial que no tenga relación de dependencia con quien tiene que entrevistar, detalló. La presión de la digitalización Por último, el informe vincula el aumento de la tensión laboral con la digitalización y la escasez de personal. Con una planta de casi 2.000 empleados que apenas creció en una década, la posibilidad de presentar escritos electrónicos a cualquier hora multiplicó la intensidad del trabajo. Se ha aumentado la cantidad y la intensidad de trabajo. Es como si fuera una línea de producción: si te ponen más rápida la velocidad, la única forma es que pongamos más gente, comparó Segura, quien reclama además una limitación horaria para el sistema electrónico para mitigar el impacto en la salud de los trabajadores.
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