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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 31/03/2026 21:24
El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, citó a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y a otros 13 presuntos integrantes de una asociación ilícita acusada de lavar dinero proveniente de clubes del fútbol argentino. La investigación que impulsa la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente. Según la hipótesis de la acusación, la organización obtenía beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran canalizados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad. Las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio del corriente año. Vallejo será el primero en presentarse en los Tribunales de Lomas de Zamora. El caso En diciembre del año pasado, el juez Armella ordenó allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sedes de distintos clubes y domicilios vinculados a Sur Finanzas, en el marco de una causa iniciada por una denuncia por estafa y lavado presentada por Auriga League S.A. Esa firma habría otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de 2 millones de euros que supuestamente no fue devuelto, lo que disparó la pesquisa judicial. A partir de allí, comenzó a desentramarse el vínculo entre Sur Finanzas, Banfield y otros clubes con los que se detectaron operaciones sospechosas: San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Estrella del Sur de San Vicente y el Club Atlético Temperley, entre otros. La investigación de la fiscal Incardona detalla que la financiera habría generado ganancias ilícitas a costa de los clubes mediante un conjunto de prácticas financieras abusivas y fraudulentas, que se describen en la causa. Entre esas maniobras, se señalan condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques: Sur Finanzas habría aplicado tasas y términos excesivos al descontar cheques de los clubes, aprovechando su necesidad de liquidez. Ese esquema, según la acusación, generaba un perjuicio económico para las entidades deportivas y un beneficio desproporcionado para Sur Finanzas. También se investiga la suscripción de mutuos usurarios, es decir, contratos de préstamo con intereses extremadamente altos que superarían los límites legales o éticos, lo que habría implicado una carga financiera insostenible para los clubes y un enriquecimiento ilícito para la organización. Otra de las prácticas bajo la lupa es la obligación de utilizar el medio de pago provisto por la firma, lo que habría forzado a los clubes a operar a través de un sistema de pago específico ofrecido por Sur Finanzas. Asimismo, se describen contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real: acuerdos de patrocinio que, en los hechos, no tenían contraprestación efectiva o funcionaban como fachadas para transferir fondos. De este modo, esos contratos simulados habrían permitido justificar movimientos de dinero que formaban parte de la obtención de ganancias ilícitas, dándoles apariencia de legalidad. La supuesta asociación ilícita liderada por Ariel Vallejo habría operado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de diciembre de 2025, período en el cual el empresario fue construyendo su influencia dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, de la mano de su presidente Claudio Chiqui Tapia. Entre los ilícitos detectados por la fiscal Incardona también figura la retención indebida de aportes a la Seguridad Social por parte de Sur Finanzas Group S.A., que habría retenido y no depositado más de $46 millones en impuestos. En cuanto al lavado de activos, la acusadora pública estimó el negocio en un monto superior a US$108 millones, según surge de la resolución. Esos fondos tendrían su origen en infracciones al Régimen Penal Cambiario y operaciones de intermediación financiera no autorizada, canalizadas a través de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., donde Vallejo, su madre y su exsuegra actuaron como socios gerentes. Además, este capital ilícito habría servido para la posterior constitución de otras sociedades que conformaron el holding Sur Finanzas. La lista de imputados y las medidas adoptadas Maximiliano Vallejo fue citado por asociación ilícita y lavado de activos agravado. Su madre, Graciela Vallejo, junto con Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Sena Argis y Maite Lorenzo pareja de Vallejo también fueron convocadas por los mismos delitos, en calidad de miembros y coautoras de lavado de activos. Gerardo Carrozza enfrentará cargos por asociación ilícita como miembro y lavado de activos como partícipe primario, según la imputación. En tanto, Juan Ramón Cervín, Sergio Da Silveira, Rolando Soloaga y Daniela Sánchez fueron citados por asociación ilícita y lavado de activos como partícipes secundarios. Finalmente, las empleadas Micaela Sánchez, Susana Hoffmann y Nahiara Gamarra fueron llamadas a indagatoria por asociación ilícita. Además de las personas físicas, los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. deberán presentarse a declarar por lavado de activos. Como parte de las medidas cautelares personales, se impuso a los imputados la obligación de presentarse mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, la prohibición de salir del país sin autorización previa y la prohibición de contactarse con otros investigados en la causa, salvo familiares. En el plano patrimonial, el juez Armella ordenó el secuestro de diez vehículos, en su mayoría de alta gama. Entre ellos, un Audi Q2 a nombre de Ariel Vallejo; un Mercedes Benz GLC 300 Coupe AMG-LINE y un Alfa Romeo Stelvio Veloce, ambos registrados a nombre de Graciela Beatriz Vallejo. Los siete vehículos restantes, que incluyen modelos Toyota SW4, Citroën C3, Volkswagen Vento, Peugeot 208 y BMW 320 I, figuran a nombre de Sur Finanzas Group. Asimismo, se decretó la inhibición general de bienes para las 15 personas involucradas y para 16 empresas vinculadas al grupo Sur Finanzas. La Justicia Federal de Lomas de Zamora dispuso también la prohibición de innovar y la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales para los principales imputados, así como el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal, bursátil y de la Unidad de Información Financiera. Esta medida apunta a profundizar el análisis de la situación tributaria, patrimonial y financiera de los investigados desde 2022 hasta la fecha, incluyendo información de ARCA, ARBA, AGIP, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y una extensa nómina de registros y bases de datos públicas y privadas. Finalmente, se encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) la elaboración de un informe patrimonial exhaustivo sobre las personas a indagar, para graficar sus posibles vínculos con las ganancias ilícitas del holding Sur Finanzas y analizar la justificación de su evolución patrimonial. Más causas en paralelo En paralelo, se tramita una segunda causa a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, iniciada a partir de una denuncia de ARCA. En esa investigación se detectó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones y un volumen total de operaciones sospechadas de $818.000 millones. La acusación sostiene que Sur Finanzas habría hecho operar en el mercado a personas sin capacidad económica real monotributistas de bajo perfil, no inscriptos y contribuyentes apócrifos con el objetivo de ingresar al sistema financiero fondos de origen ilícito.
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