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La Paz » Politica con vos
Fecha: 31/03/2026 17:29
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó un fallo que ordena al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata aspectos clave de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La medida exige actualizar salarios docentes y recomponer becas estudiantiles mientras se analiza el fondo del conflicto judicial. El tribunal sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede suspender la vigencia de una ley sancionada por el Congreso. La Cámara confirmó la cautelar contra el Gobierno La Justicia federal volvió a pronunciarse sobre uno de los conflictos políticos y presupuestarios más sensibles vinculados al sistema universitario argentino. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata puntos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El fallo ratifica la decisión tomada en primera instancia en diciembre de 2025, cuando un juez ordenó que se cumplan los artículos vinculados a la actualización salarial de docentes universitarios y el financiamiento de becas estudiantiles. La resolución judicial se dictó tras la apelación presentada por el Estado nacional. El origen del conflicto entre el Gobierno y las universidades El conflicto comenzó luego de que el Congreso sancionara la ley de financiamiento universitario y posteriormente ratificara la norma con dos tercios de ambas cámaras tras el veto presidencial. Tras esa insistencia legislativa, el Gobierno promulgó la ley mediante el decreto 759/25, aunque condicionó su aplicación a la existencia de financiamiento específico. Esa decisión fue cuestionada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y varias universidades públicas, que presentaron un amparo judicial para declarar la inconstitucionalidad de esa limitación. «No se puede suspender una ley vigente» En su resolución, los jueces remarcaron que el proceso legislativo se completó de acuerdo con la Constitución Nacional, por lo que la norma debe aplicarse. «El proceso legislativo había concluido con la insistencia de ambas cámaras del Congreso bajo el artículo 83 de la Constitución Nacional», señalaron los magistrados. En ese sentido, el tribunal planteó un punto central del conflicto institucional: el Poder Ejecutivo no puede suspender la vigencia de una ley aprobada por el Congreso. Según el fallo, «no se advierte que el Poder Ejecutivo pueda suspender la vigencia de una norma sobre la base de otra de igual jerarquía», en línea con la doctrina de la Corte Suprema sobre jerarquía normativa. El riesgo de demora en salarios y becas La Cámara también analizó el impacto que tendría demorar la aplicación de la ley. Los jueces consideraron probado el riesgo de daño para docentes y estudiantes, ya que los derechos involucrados tienen carácter alimentario, al estar vinculados a salarios y becas educativas. En ese marco, el tribunal sostuvo que la demora en la implementación podría provocar perjuicios irreparables, especialmente en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y caída de los ingresos del sector universitario. El impacto fiscal y el interés público El Estado nacional había argumentado que la aplicación de la ley podía generar un impacto fiscal significativo. Sin embargo, la Cámara consideró que el costo estimado de la medida -calculado en 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI) no representa una afectación grave al interés público. Por el contrario, el tribunal destacó que el debate involucra derechos constitucionales vinculados al sistema educativo. Según el fallo, está en juego «el derecho a enseñar y aprender», uno de los principios centrales del sistema universitario argentino. La cautelar seguirá vigente mientras se resuelve el caso Los jueces también rechazaron el planteo del Gobierno que señalaba que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva. El tribunal aclaró que la medida solo ordena cumplir de manera provisoria con ciertos aspectos de la ley, como los salarios docentes y las becas, mientras continúa el proceso judicial que analizará la validez del decreto presidencial. De esta manera, la Cámara resolvió confirmar la resolución de primera instancia, manteniendo la obligación del Poder Ejecutivo de aplicar la ley hasta que exista una sentencia final.
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