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Fecha: 31/03/2026 12:13
El reciente episodio ocurrido en una escuela secundaria de la provincia de Santa Fe, donde un estudiante disparó con una escopeta, expone una escena que resulta tan impactante como inquietante: adolescentes desarmados simbólicamente frente a conflictos que, en ocasiones, terminan resolviéndose con armas reales. Frente a estos acontecimientos, lo que emerge con fuerza es la necesidad de preguntarnos qué condiciones sociales, institucionales y políticas estamos ofreciendo hoy para que los conflictos puedan tramitarse a través de la palabra antes de transformarse en actos de violencia. Frente a situaciones de esta complejidad suelen aparecer rápidamente la necesidad de encontrar una causa única que permita explicar lo sucedido. Sin embargo, fenómenos de esta naturaleza no pueden comprenderse desde una causalidad simple. Se trata de acontecimientos que deben analizarse en su complejidad, donde intervienen dimensiones psíquicas, subjetivas, sociales, culturales e institucionales. Los jóvenes no se constituyen por fuera de la época que habitan. Sus modos de tramitar los conflictos, de vincularse con otros y de expresar su malestar están profundamente atravesados por las condiciones sociales y simbólicas de su tiempo. En relación con este episodio, tampoco puede dejar de recordarse lo ocurrido el año pasado en Mendoza, cuando una joven se presentó armada en su escuela para resolver un conflicto que posteriormente se vinculó con una situación de abuso por parte de un docente. Qué ocurre con los espacios de acompañamiento y contención Estos hechos nos conducen inevitablemente a una primera pregunta: ¿qué espacios de acompañamiento y contención están ofreciendo hoy las instituciones para nuestros adolescentes? Más allá de discutir si los dispositivos existentes son suficientes, quizás la pregunta de fondo sea otra: ¿son los espacios que los jóvenes necesitan ugares donde puedan hablar, donde su angustia encuentre escucha y donde los conflictos puedan elaborarse antes de transformarse en actos extremos? El gran inconveniente que suele aparecer al abordar problemáticas como estas es reducir el acontecimiento directamente al padecimiento subjetivo del joven. La primera reacción suele organizarse alrededor de preguntas como: ¿qué tiene el joven?, ¿tuvo un brote psicótico?, ¿tiene algún diagnóstico?, ¿estaba medicado? De este modo, el eje del análisis queda rápidamente desplazado hacia la enfermedad. Sin embargo, al centrar la mirada exclusivamente en el individuo se deja de lado, muchas veces de manera implícita, la pregunta por las condiciones sociales y de época, así como por las condiciones institucionales y políticas que el Estado ofrece -o deja de ofrecer- para la prevención y el abordaje de situaciones como estas, es decir, aquellas políticas que deberían estar orientadas al cuidado. Las escuelas cuentan con herramientas importantes para trabajar estas situaciones. Los espacios de reflexión vinculados a la Educación Sexual Integral (ESI), por ejemplo, habilitan instancias donde se problematizan las formas de vincularse con los otros y de abordar los conflictos. Estos espacios pueden tomar la forma de talleres, asambleas o encuentros institucionales donde circule la palabra y sea posible construir acuerdos colectivos de convivencia. En relación con esto, los diseños curriculares provinciales -como ocurre en la provincia de Buenos Aires- contemplan entre sus ejes de trabajo los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC), que constituyen un marco orientador para la vida escolar y deben trabajarse desde el comienzo del año dentro de las aulas. Estos acuerdos permiten establecer criterios compartidos sobre cómo convivir, cómo tramitar los conflictos y qué responsabilidades asume cada integrante de la comunidad educativa. No negar ni invisibilizar los conflictos Los conflictos en la escuela ya no pueden ser negados ni invisibilizados. Por el contrario, deben ser alojados institucionalmente. Esto implica ofrecer circuitos claros para que los estudiantes sepan a quién acudir cuando algo les sucede, habilitar espacios de escucha para las distintas partes involucradas y pensar resoluciones que no se limiten exclusivamente a la sanción. Sostener normas es necesario. Pero junto con la sanción también deberían existir instancias reparatorias, donde quienes participan del conflicto puedan comprender el impacto de sus actos y encontrar modos distintos de relacionarse con el otro. En este sentido, una forma concreta de abordar los conflictos es sostener espacios periódicos de intercambio y asamblea, así como también actividades recreativas, culturales o deportivas donde el encuentro con el otro no esté organizado bajo la lógica de la competencia sino bajo la lógica de la pertenencia. Estos espacios permiten construir vínculos y generar comunidad, algo particularmente necesario en una época atravesada por discursos que promueven un individualismo extremo, donde muchas veces el otro aparece más como un rival que como un compañero. En las escuelas, resuenan desde hace años ciertas frases que tienden a clausurar la posibilidad de abordar los conflictos: no te metas, no le hables, no lo mires, no lo escuches, no le hagas caso, son cosas de chicos, ya va a pasar, no tiene importancia, así son los varones o así son las chicas. A estos enunciados se suman otros que buscan explicar rápidamente lo que ocurre: viene de tal familia, su entorno es así, en su barrio pasan estas cosas. De este modo, se construyen definiciones taxativas que se confirman como verdades incuestionables, como si determinadas trayectorias fueran destinos inevitables. Frente a estas lecturas que cristalizan las experiencias y las vuelven inmodificables, el Estado debería ofrecer espacios de trabajo donde algo de aquello que aparece como destino pueda comenzar a desarmarse. Un espacio en la provincia de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existe desde hace más de una década el programa Envión, espacios que articulan con instituciones educativas y acompañan de manera singular determinadas trayectorias educativas. Allí se ofrecen actividades vinculadas al trabajo grupal, la recreación, el arte, el deporte, la cocina o el cine. En estos ámbitos, los adolescentes no sólo se encuentran, sino que pueden trabajar sus dinámicas vinculares y sus modos de comunicación a través de propuestas donde participan activamente, proponen ideas y construyen formas propias de habitar y tramitar los conflictos. Sin embargo, surge otra pregunta: ¿hasta qué punto los adultos siguen ocupando un lugar de referencia simbólica para los jóvenes? No sólo como figuras que marcan límites, sino como aquellas capaces de alojar la palabra y el conflicto. En estos términos no puede dejar de pensarse el lugar que hoy ocupan los docentes. La psicoanalista Silvia Bleichmar señala que, en contextos de crisis económica e institucional como los que atraviesan muchas sociedades, los docentes en la escuela pública pueden convertirse, para muchos estudiantes, en compañeros de la pobreza, mientras que en algunos sectores de la escuela privada pueden ser percibidos como empleados al servicio de las familias. En ambos casos, se produce una pérdida del lugar simbólico que históricamente ocupó el docente como referencia de autoridad, transmisión y cuidado. En la actualidad, muchas de esas referencias parecen haberse desplazado hacia espacios de las redes sociales, donde la palabra circula muchas veces no para alojar o elaborar los conflictos, sino para exhibirlos una vez que ya han estallado. En este contexto, también aparecen debates contemporáneos, como la prohibición del uso de celulares en las escuelas. Si bien estas medidas pueden pensarse desde una lógica de cuidado, también surge una pregunta inevitable: ¿qué se ofrece a cambio? Los discursos de odio en redes En muchos casos, el celular funciona como una forma de refugio frente a la angustia, el aburrimiento o el aislamiento. Ante conductas disruptivas, estos dispositivos pueden operar al mismo tiempo como un contenedor momentáneo, pero también como una bomba silenciosa, en tanto alojan malestares que no encuentran otros espacios de elaboración. Otro elemento que no puede ser ignorado es la creciente circulación de discursos de odio en redes sociales y en algunos medios de comunicación, muchas veces reproducidos incluso por figuras que ocupan lugares centrales en el poder estatal. Cuando desde esos espacios se legitiman discursos que degradan al otro, el lazo social se deteriora y se debilitan los principios básicos de convivencia. A esto se suma la reciente aprobación en la baja de la edad de punibilidad. Frente a hechos de violencia protagonizados por adolescentes, suele instalarse la idea de que la respuesta debe ser endurecer las sanciones. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto estas medidas constituyen verdaderos abordajes de los padecimientos que atraviesan muchas adolescencias. Cuando el único horizonte es el castigo, el riesgo es que aquello que se presenta como prohibición se transforme, paradójicamente, en un desafío. Para algunos jóvenes, el acto puede convertirse en una forma extrema de hacerse ver cuando no existen otros espacios donde ser escuchados. Esto no implica justificar la violencia ni desconocer la gravedad de los hechos. Implica comprender que cuando el acto irrumpe de este modo también pone en evidencia fallas en los dispositivos de cuidado que deberían ofrecer la familia, las instituciones y el Estado. Por eso, quizás la pregunta más urgente no sea únicamente cómo sancionar estos hechos, sino cómo construir condiciones sociales e institucionales que permitan prevenirlos. La importancia del diálogo Porque cuando los jóvenes encuentran lugares donde su palabra tiene valor, donde el conflicto puede tramitarse a través del diálogo y donde se construyen vínculos comunitarios, la violencia deja de ser el único modo posible de hacerse escuchar. Aquí aparece una encrucijada que merece ser pensada en nuestra época. Lee también: Día de la Salud Mental: estrategias para cuidar el bienestar emocional de los jóvenes en la era digital En un tiempo donde pareciera instalarse la idea de que el otro puede prescindirse -ya sea por la lógica del individualismo extremo o por tecnologías que prometen reemplazar el encuentro humano- la pregunta vuelve a hacerse inevitable: ¿cómo recuperamos al otro? ¿De qué manera volvemos a humanizar el contacto y reconstruir espacios donde el vínculo tenga lugar? Con frecuencia, se repite que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Sin embargo, cuando esa idea se lleva a su extremo, se instala una paradoja inquietante: pareciera que la propia libertad sólo puede realizarse si el otro no existe o queda anulado. Tal vez el desafío de nuestro tiempo sea recordar algo más elemental y, al mismo tiempo, más profundo: que la libertad no consiste en eliminar al otro, sino en reconocerlo y respetarlo. Porque, en definitiva, cada uno de nosotros es también el otro del otro. (*) El Prof. Lic. Jorge Prado (M.N. 55.592) es psicólogo, especialista en clínica con niños y adolescentes. Docente de Salud Pública y Salud Mental II en la Facultad de Psicología (UBA). Integrante en equipo técnico de dispositivo escolar territorial Nivel secundario.
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