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Concordia » Hora Digital
Fecha: 30/03/2026 22:27
El Parlamento israelí aprobó una ley que establece la pena de muerte por horca para condenados por terrorismo, especialmente dirigida a los palestinos residentes en Cisjordania. La norma fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra, y obliga a los tribunales militares israelíes a imponer esta sanción en la mayoría de los casos, aunque contempla algunas excepciones que aún no fueron definidas. Por otro lado, los tribunales civiles que juzgan a ciudadanos israelíes tienen la opción de aplicar la cadena perpetua en lugar de la pena capital, y la ley establece condiciones más estrictas para su imposición en estos casos. La iniciativa generó un fuerte rechazo por parte de los partidos de oposición, que incluyen a Yesh Atid (Hay Futuro), Kachol Lavan (Azul y Blanco) y los partidos árabes Hadash y Taal (Movimiento Árabe para la Renovación). Durante el debate, el diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid, calificó la ley como populista, inmoral, no igualitaria y la consideró claramente inconstitucional. Asimismo, la diputada Aida Touma-Suleiman, del partido árabe Hadash, señaló que en otros países, la pena de muerte es una pena universal aplicable para todos, poniendo en evidencia la diferencia en la aplicación de la norma en Israel. Por su parte, la diputada ultraderechista vinculada al partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, defendió la medida afirmando: No más cárceles para asesinos, que se convierten en hoteles, como ocurría antes de la llegada del ministro. Añadió que desde hoy, sentencia de muerte. Es una herramienta esencial para erradicar al enemigo y lograr una disuasión real. La aprobación de esta ley marca un giro significativo en la política judicial israelí respecto al terrorismo, especialmente en el contexto del conflicto con los palestinos en los territorios ocupados. Hasta ahora, la pena de muerte no se aplicaba en la práctica en Israel desde la ejecución de Adolf Eichmann en 1962, y su reinstauración ha generado un intenso debate sobre sus implicancias legales, éticas y políticas tanto a nivel nacional como internacional.
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