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Parana » Informe Digital
Fecha: 30/03/2026 18:47
De ese modo, Erbes sigue la senda que ya transitaron otros tres exurribarristas: primero el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, quien firmó un juicio abreviado; luego Miguel Ángel Ulrich y José Humberto Flores. Ahora le llega el turno del abreviado a Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía. La clave de los abreviados es que todos reconocieron haber recibido dádivas del empresario privado Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, la firma que obtuvo contratos millonarios mientras Urribarri estuvo al frente del Poder Ejecutivo. El 29 de abril de 2022, el Ministerio Público Fiscal remitió a juicio la causa caratulada «Urribarri, Sergio D.; Cardona Herreros, Diego A.; Smaldone Guillermo; Erbes, Luis Alfonso; Haidar, Carlos Marcelo; Ulrich, Miguel Ángel; Flores, José Humberto; Campitelli, Alfonso José; Zanabone, Jorge Adrián s/Cohecho, fraude en perjuicio de la Administración Pública, peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», más conocida mediáticamente como la «Causa de las Coimas». Al inicio de la investigación penal quedaron fuera del proceso dos empleados de Relevamientos Catastrales SA: Alfonso José Campitelli y Jorge Adrián Zanabone. Relevamientos Catastrales fue proveedora de servicios durante el gobierno de Urribarri y está acusada de haber pagado coimas a funcionarios del Ejecutivo entrerriano. El primero en reconocer haber recibido dádivas fue el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, al firmar un juicio abreviado; luego lo hicieron Miguel Ángel Ulrich y José Humberto Flores. Ahora, el abreviado alcanza a Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía. El 31 de marzo, a las 8,15, ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Juan Francisco Malvasio, se tratará ese abreviado acordado entre la defensa de Erbes y el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, con la firma de las fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitió la causa a juicio y adelantó las penas que solicitará durante las audiencias orales y públicas: Sergio Daniel Urribarri: pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real. Diego Armando Cardona Herreros: pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real. Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone: pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua y multa de $90.000. Carlos Marcelo Haidar: pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real. Luis Alfonso Erbes: pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua y multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real. Miguel Ángel Ulrich: pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real. José Humberto Flores: pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000. Tres que ya zafaron Luego de que en 2025 el exministro de Trabajo de Urribarri, Guillermo Smaldone, firmara un abreviado en el que reconoció haber recibido coimas durante su desempeño en la función pública, fueron beneficiados con acuerdos otros dos imputados en la megacausa: Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia. En el escrito de remisión a juicio, el Ministerio Público Fiscal había solicitado para Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real. Para Flores, en tanto, había pedido una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000. En el abreviado, a Ulrich se lo declaró partícipe necesario del delito de peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de autor, además de cohecho y fraude a la Administración Pública; fue condenado a 2 años y 10 meses de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos y el pago de una multa de $360.000. Además, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerados en una institución de bien público por un total de 96 horas anuales. A Flores se lo calificó como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la Administración Pública; cohecho pasivo en calidad de autor; y partícipe necesario en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. Fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $180.000. Por un plazo de tres años deberá cumplir 96 horas anuales de trabajos no remunerados en una institución de bien público. La causa La investigación apunta al supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri. En una audiencia realizada en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas vinculadas a Diego Cardona Herreros. Los cálculos se basan en un informe contable elaborado en el marco de la investigación, que se pretende ventilar en un juicio oral. A continuación se transcriben parte de los «PLM» registrados en la causa, referidos a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la abundante evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
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