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Concordia » Hora Digital
Fecha: 30/03/2026 22:27
La Cámara de Diputados de Entre Ríos presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para obtener detalles sobre ORI, el agente de inteligencia artificial incorporado recientemente a la plataforma Mi Entre Ríos. La iniciativa fue impulsada por la diputada justicialista Silvia del Carmen Moreno y cuenta con el respaldo del bloque opositor. Los legisladores expresaron preocupación por el sustento científico de esta herramienta y su adecuación a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. El dispositivo fue lanzado oficialmente el 26 de marzo y se promociona como un apoyo para familias y docentes en el cuidado de adolescentes. Sin embargo, los diputados advierten que la delegación de tareas críticas a un algoritmo podría deshumanizar las prácticas y desplazar la responsabilidad indelegable del Gobierno Provincial. El pedido de informes solicita a los ministerios de Salud, Desarrollo Humano, al Consejo General de Educación y a la Secretaría de Modernización que expliquen los estudios científicos, marcos teóricos y experiencias representativas que respaldan la creación de ORI. También indagan si se contó con la colaboración de universidades públicas y organismos técnicos, como el Órgano de Revisión de Salud Mental. En cuanto al aspecto financiero, los diputados exigen un desglose completo del costo total del desarrollo y puesta en marcha del asistente digital, detallando si se utilizaron fondos provenientes de Rentas Generales o del Consejo Federal de Inversiones (CFI), así como gastos en infraestructura tecnológica, consultorías externas y viáticos. Además, se solicita información sobre los protocolos de derivación y emergencia ante la detección de situaciones de riesgo, como ideación suicida, autolesiones o violencia. Los legisladores piden que se precise cómo se articula la respuesta digital con los centros de salud físicos para garantizar una intervención humana inmediata. También exigen detalles sobre las medidas de seguridad y protección de datos personales conforme a la Ley 25.326, y si se realizaron auditorías éticas para evitar que la herramienta pueda inducir conductas perjudiciales, citando antecedentes internacionales donde tecnologías similares agravaron cuadros de salud mental. En los fundamentos del proyecto, los autores vinculan el lanzamiento de ORI con la situación económica provincial, señalando una contradicción entre la inversión en software y la precarización de los centros de salud. Mientras se invierten recursos en algoritmos, observamos la falta de insumos básicos en los efectores territoriales y la ausencia de políticas que garanticen salarios dignos para los profesionales, expresaron los diputados. Finalmente, el documento advierte que la implementación de ORI debe respetar la Ley Nacional de Salud Mental, asegurando que la tecnología no reemplace la atención interdisciplinaria y el contacto humano profesional que la normativa exige. Concluyen que la angustia de los jóvenes no puede ser acompañada por un chatbot cuando el Estado se retira de los dispositivos territoriales de contención. APFDigital
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