30/03/2026 16:15
30/03/2026 16:13
30/03/2026 16:12
30/03/2026 16:10
30/03/2026 16:08
30/03/2026 16:08
30/03/2026 16:08
30/03/2026 16:08
30/03/2026 16:08
30/03/2026 16:08
» Clarin
Fecha: 30/03/2026 14:43
La causa por la irregular expropiación K de YPF que se tramita en los Estados Unidos dio un giro histórico el viernes, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la condena de septiembre de 2023 de la jueza Loretta Preska, que obligaba a la Argentina a pagarle US$ 16.100 millones más intereses al fondo Burford Capital, financiador de los demandantes. Fue un respiro para el país, pero no una victoria final todavía. Tras el fallo favorable para el estado argentino, se abre ahora un abanico de opciones para los fondos litigantes para intentar revertir la decisión del tribunal de segunda instancia. El viernes a la tarde, luego de que se conociera el fallo, Burford confirmó su intención de apelar en la Corte Suprema estadounidense, aunque admitió que son bajas las posibilidades de un triunfo. En ese sentido, el máximo tribunal es sumamente selectivo: recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión al año, pero acepta tratar alrededor de 100, de temas específicos y de relevancia para los Estados Unidos, según sus propias estadísticas. Es decir, hay poco más de 1% de chance de que tome el caso. Al respecto, la Corte suele intervenir cuando dos cortes de apelaciones fallaron de forma opuesta sobre un tema. En el caso YPF, no hay fallos similares en disputa, lo que le restaría interés. También, prefiere resolver asuntos relacionados a la Constitución de los Estados Unidos o leyes federales más que de la soberanía de otros países. En ese sentido, el juicio de YPF se centró, hasta ahora, en la interpretación del estatuto de la empresa y las leyes argentinas, por lo que al tribunal le resultaría un tanto ajeno. A su vez, el hecho de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se puso del lado de la Argentina fue un plus en medio de la alineación política entre ambos países. La Corte suele seguir la línea que marca el Gobierno cuando se trata de relaciones exteriores. En este escenario, Burford debería convencer a cuatro de nueve jueces del máximo tribunal de que el caso afecta al sistema financiero estadounidense. El viernes empezó a correr el plazo de 90 días que tiene para presentar su petición de revisión, conocida como writ of certiorari, aunque puede solicitar una extensión, por única vez, de hasta 60 días adicionales si demuestra una causa justificada. Una vez presentada la solicitud, el máximo tribunal no tiene un plazo fijo para responder, pero generalmente decide si acepta o rechaza tratar el caso en un período de entre tres y seis meses. Si la Argentina tuviera la mala suerte de que la Corte acepta revisarlo, sería ese tribunal el que dicte la sentencia final e inapelable sobre la legalidad de la expropiación realizada en 2012, aunque los antecedentes del viernes marcan un precedente favorable para el Estado. Con el filtro de admisión de 1% de la Corte, parece una misión imposible que la pelea final se dirima allí, por lo que podría terminar en otros tribunales. En ese sentido, hay una segunda posibilidad, y más riesgosa para la Argentina, de que Burford vaya al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), proceso que podría demorar entre cinco y 10 años. Perteneciente al Grupo Banco Mundial y con sede en Washington, es un tribunal dedicado al arbitraje y la conciliación de disputas entre inversores extranjeros y Estados. Allí, la Argentina tiene antecedentes negativos, con 85% de las demandas con fallos en contra, como el de la expropiación de Aerolíneas Argentinas por violar un tratado comercial con España. Una tercera opción a la que puede recurrir Burford es un instrumento legal que permite solicitarles a los trece jueces de la Cámara de Apelaciones que revisen el fallo. El recurso se llama hearing en banc y es un recurso excepcional, que suele ser declinado por los magistrados. Según los plazos previstos, en este caso, la presentación debería concretarse en un lapso de 14 días y la respuesta del tribunal demoraría entre 20 y 45 días. Quienes siguen de cerca la estrategia del fondo creen que pondrá las fichas en la Corte o el Ciadi, tras criticar la decisión de la Cámara de Apelaciones al calificar su postura contraria al rol de proteger a los inversores. En paralelo, el Gobierno inició una auditoría en la Procuración del Tesoro por presunta filtración de información sensible a los demandantes durante gestiones anteriores. Se espera que avancen las investigaciones para determinar si hubo negligencia o complicidad de exfuncionarios en la estrategia de defensa inicial. SN Sobre la firma Newsletter Clarín
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por