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Concordia » Hora Digital
Fecha: 27/03/2026 08:20
El Poder Ejecutivo presentó este jueves al Congreso el proyecto denominado Ley de Hojarasca, que propone la derogación de aproximadamente 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con la Constitución. Esta iniciativa es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentada en 2024, aunque en esa oportunidad perdió estado parlamentario sin ser tratada. Según el Gobierno, el objetivo principal es depurar el sistema legal mediante la eliminación de regulaciones que, a su criterio, obstaculizan el funcionamiento del Estado y restringen actividades y derechos de ciudadanos y empresas. La acumulación de normas en desuso genera burocracia y costos adicionales, además de que en algunos casos se han utilizado para limitar actividades legítimas, restringir libertades o establecer privilegios. El proyecto retoma los fundamentos presentados en octubre del año pasado y abarca un análisis de normativa dictada desde 1864 hasta la actualidad. En total, clasifica más de 80 leyes, decretos y artículos en seis categorías que justifican su derogación o modificación. Entre estas categorías se encuentran la eliminación de normas derogadas de hecho o reemplazadas por legislación más moderna, como la antigua ley de vacunación contra la viruela o la normativa sobre seguros agrícolas. También se propone suprimir leyes desactualizadas por cambios tecnológicos o sociales, como las relacionadas con la microfilmación de documentos en las Fuerzas Armadas o la autorización para la televisión a color. Además, se busca derogar disposiciones consideradas contrarias a principios constitucionales, incluyendo aquellas que penalizan la promoción de sanciones contra el país o que habilitan la supervisión estatal de reuniones privadas. El proyecto contempla la revisión de normas que generan cargas burocráticas o crean organismos sin funcionamiento efectivo, así como requisitos administrativos innecesarios. También se incluyen disposiciones vinculadas a organismos ya disueltos o procesos extinguidos, y la eliminación del financiamiento estatal a entidades sectoriales, que deberán sostenerse con recursos propios. Para ilustrar el alcance de la iniciativa, el texto menciona casos puntuales como la eliminación de regulaciones sobre premios en salas de cine cuyo costo operativo supera el beneficio, así como normas que aún contemplan sanciones o prácticas sin vigencia efectiva. Asimismo, se propone derogar disposiciones que establecen beneficios o requisitos considerados anacrónicos, como la exigencia de un carnet para viajar como mochilero, permisos especiales de circulación para legisladores o regulaciones sobre contenidos en medios de comunicación. En definitiva, el Ejecutivo busca simplificar el marco normativo y reducir la intervención estatal en ámbitos donde considera que ya no resulta necesaria, con el fin de facilitar la actividad económica y garantizar mayores libertades a los ciudadanos.
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