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La Plata » El dia La Plata
Fecha: 19/03/2026 04:15
Aunque concedió la apelación presentada por el Estado bonaerense, la Justicia Federal mantuvo firme su decisión de inmovilizarle $157 mil millones que garanticen el inicio de obras para el tratamiento de efluentes cloacales La crisis ambiental generada por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en la Región volvió a tensar la relación entre la Justicia y el gobierno bonaerense. Y es que la Justicia Federal resolvió mantener el embargo millonario dictado contra el Estado provincial pese a conceder la apelación presentada por él. En una resolución que se conoció ayer, el titular del Juzgado Federal Nº4 de La Plata, Alberto Recondo, dispuso hacer lugar al recurso interpuesto por la Provincia pero al solo efecto devolutivo. En términos prácticos, esto implica que la apelación no frena la medida: el embargo sigue en pie y debe cumplirse mientras la Cámara revisa el planteo. La nueva resolución se inscribe en una causa por daños ambientales iniciada en 2020 contra el Estado bonaerense, que viene acumulando advertencias de la Justicia por la falta de ejecución de obras clave para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales que La Plata, Berisso y Ensenada descargan sin procesar en el sistema hídrico regional. A principios de este mes, luego de que la Provincia incumpliera la orden judicial de incluir en su presupuesto los fondos necesarios para frenar ese daño ambiental, el magistrado dispuso dictarle embargo por más de $157 mil millones a fin de garantizar el inicio de las obras, medida que el gobierno bonaerense apeló. En términos técnicos, las obras en cuestión apuntan a construir y poner en funcionamiento un sistema de saneamiento capaz de captar, conducir, tratar y disponer adecuadamente los efluentes cloacales generados por los tres distritos. Esto implica, entre otras etapas, la adecuación de redes, la ampliación de la capacidad de tratamiento y la implementación de procesos que permitan reducir la carga contaminante antes de la descarga final. Ocurre que actualmente ese circuito no funciona de manera completa. Los líquidos cloacales son vertidos con escaso o nulo tratamiento en cursos de agua como el Arroyo El Gato, que desemboca en el Río Santiago y finalmente en el Río de la Plata. Informes técnicos incorporados a la causa describen un grado de contaminación aberrante del sistema, convertido en un receptor de residuos urbanos y cloacales. Los datos son elocuentes: mientras la normativa fija límites de 2.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 mililitros para descargas en cursos de agua, estudios realizados el año pasado registraron valores cercanos a 7,1 millones. Esta brecha evidencia un nivel de contaminación extrema, con impacto directo en el ambiente y potenciales consecuencias sanitarias para la población. En su nueva resolución, Recondo rechaza uno de los principales argumentos de la Provincia: que el embargo impediría utilizar los fondos para ejecutar la obra. El juez considera que ese planteo no es atendible, ya que desde hace años se evidencia una ausencia de voluntad para concretar el proyecto, pese a los plazos otorgados y a las reiteradas intimaciones judiciales. El fallo también introduce un eje central: la dimensión ambiental del conflicto. El magistrado sostiene que la conducta pasiva de la Provincia afecta el interés general y obliga a adoptar medidas eficaces para protegerlo. En ese sentido, advierte que otorgar efecto suspensivo a la apelación vaciaría de contenido a las medidas cautelares y debilitaría las herramientas destinadas a garantizar el cumplimiento de decisiones judiciales en materia ambiental. La apelación no frena el embargo, que debe cumplirse mientras la Cámara revisa el planteo Como consecuencia, el juez ordenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires hacer efectivo el embargo y depositar los fondos en una cuenta judicial, donde permanecerán hasta que se acredite el inicio de la primera etapa de las obras. De esta forma busca poner freno a una crisis que combina déficit de infraestructura, crecimiento urbano y falta de inversión sostenida. Durante más de dos décadas, la región acumuló deficiencias en su sistema sanitario, lo que derivó en un esquema incompleto e insuficiente para tratar el volumen de efluentes generado. Ahora la Justicia intenta forzar una solución concreta. Mientras la apelación sigue su curso, el mensaje es claro: el embargo no se detiene y las obras, largamente postergadas, ya no pueden esperar. 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