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Parana » AIM Digital
Fecha: 15/03/2026 09:10
La caída del poder adquisitivo y el deterioro de los ingresos familiares empujan a cada vez más jubilados a regresar al mercado laboral, en un contexto económico marcado por inflación persistente, pérdida de empleo y aumento de la morosidad. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional recurre a demoras en pagos y reintegros para preservar el superávit fiscal. Datos elaborados a partir de información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran que la tasa de actividad entre las personas mayores de 66 años creció 11 por ciento interanual durante el tercer trimestre de 2025. El fenómeno refleja la necesidad de complementar ingresos frente a la pérdida de poder de compra de las jubilaciones y los salarios. El deterioro del mercado laboral acompaña esta tendencia. Según registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), en diciembre se perdieron 12.339 puestos de trabajo en el sector privado registrado. Desde el inicio de la actual gestión nacional, la caída acumulada en ese segmento supera los 200.000 empleos y asciende a 288.815 si se considera el total de asalariados formales. El escenario económico también muestra un crecimiento del desempleo encubierto, que incluye a personas que acceden a trabajos de pocas horas o ingresos reducidos. Este indicador alcanzó 13,8 por ciento, más del doble del desempleo oficial. Entre los jubilados, el incremento fue de 34,1 por ciento en el último año. A este panorama se suma el aumento sostenido de la morosidad en los hogares. En enero subió 1,3 por ciento y alcanzó el nivel más alto en dos décadas, de acuerdo con estimaciones privadas basadas en el comportamiento del sistema financiero. La persistencia de la inflación continúa siendo uno de los factores centrales. En febrero el índice de precios registró una suba de 2,9 por ciento mensual, un nivel que especialistas consideran incompatible con una recuperación sostenida del salario real, especialmente frente a pautas salariales muy inferiores. La caída del consumo y el menor dinamismo de la actividad económica impactan también en las cuentas públicas. La desaceleración reduce la recaudación tributaria y obliga al Gobierno a reforzar el ajuste del gasto para sostener el equilibrio fiscal. En ese marco, distintas áreas del Estado registran demoras en pagos y reintegros. Entre los casos señalados por sectores económicos aparecen atrasos en devoluciones a exportadores, postergaciones en pagos a empresas vinculadas a obras públicas y demoras en transferencias a proveedores del sistema de salud. La estrategia de diferir obligaciones busca preservar el resultado fiscal en un escenario de recursos limitados, aunque genera crecientes tensiones con sectores productivos y proveedores del Estado que reclaman la regularización de los pagos.
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