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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 10/03/2026 12:07
Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública sumó su primer traspié legislativo. Este martes, el bloque de diputados del justicialismo se negó a acompañar el dictamen favorable, planteando serias dudas sobre la transparencia y la utilidad real del organismo propuesto. Los argumentos del rechazo: «¿Auditoría o persecución?» La presidente de la bancada opositora, Laura Stratta, aclaró que el peronismo no se opone a la investigación en sí, sino a la metodología propuesta. Según Stratta, la creación de esta comisión ignora la existencia de organismos constitucionales ya operativos. - Superposición de roles: La oposición sostiene que la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas ya realizan auditorías periódicas y poseen la información de la deuda cargada en sus sitios oficiales. - Falta de equilibrio político: El proyecto estipula que la comisión tenga 9 integrantes, de los cuales 7 responderían directamente al oficialismo (tres funcionarios del Ejecutivo y legisladores con mayoría oficialista). «Genera más dudas que certezas», sentenció Stratta. - Exclusión de expertos: Las diputadas Andrea Zoff y Lorena Arrozogaray cuestionaron que no se convoque a universidades, economistas independientes ni organismos de la sociedad civil para garantizar la imparcialidad. El «recorte temporal»: una mirada sesgada Otro de los puntos de fricción es el límite cronológico de la investigación. El Ejecutivo propuso iniciar el análisis en 1995, pero el justicialismo exige retroceder al menos hasta 1991. «Es en ese periodo previo donde se originaron situaciones clave como la transferencia de servicios educativos, los pactos fiscales y la merma de la coparticipación que condicionaron el endeudamiento provincial», explicaron desde el bloque. Contradicciones técnicas Para la oposición, resulta contradictorio que la comisión deba nutrirse de información provista por la propia Contaduría General, el mismo organismo que el oficialismo parece cuestionar al sugerir que existen «aspectos ocultos» en la deuda. Además, señalaron un vacío legal importante: el proyecto no especifica cuáles serían las responsabilidades legales de quienes integren dicha comisión investigadora. Con este escenario, el debate se traslada ahora al recinto, donde el oficialismo deberá buscar consensos si pretende que la comisión nazca con legitimidad política y no solo con una mayoría circunstancial.
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