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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 10/03/2026 09:35
Ya formalmente instalado en el nuevo cargo, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanza con la renovación en su área y dispuso nombrar a un fiscal especializado en criminología al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque su nombramiento formal podría demorar unos meses. Se trata del abogado Matías Gabriel Álvarez, formado en la persecución de delitos complejos y con amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Graduado con honores por la Universidad de Buenos Aires y actual doctorando en Criminología, el letrado se desempeña desde diciembre de 2023 como Fiscal Federal Coadyuvante de la Procunar, donde coordina las investigaciones dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Su perfil combina la experiencia operativa en el terreno con una representación internacional, destacándose su rol como Co-Coordinador Adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (AIAMP) desde 2017. En el ámbito académico y consultivo, Álvarez tuvo una carrera como docente de Derecho Penal y coordinador de posgrados especializados en delincuencia organizada. Asimismo, ha colaborado activamente como experto para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), participando en la redacción de legislación modelo contra el crimen organizado y guías de buenas prácticas regionales. Además, es autor de diversos artículos doctrinarios sobre derecho penal económico y lavado de activos, por lo que su designación apunta a aportar un enfoque técnico centrado en la persecución de estructuras financieras criminales y el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional. La UIF, donde asumirá si es que supera todas las etapas protocolares, se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año. La designación del titular de este organismo no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246. Básicamente, desde el Ministerio se debe oficializar una postulación y posteriormente convocar a una audiencia pública. Todo esto puede llevar al menos un mes, explicaron fuentes consultadas. Días atrás, poco después de incorporarse al Gabinete, Mahiques dio de baja el proceso que ya estaba abierto para designar a Ernesto Gaspari. El contador público y licenciado en Administración era la persona que había sido elegida para suceder a Starc cuando todavía al frente de Justicia estaban Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, este último, uno de los dirigentes que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo. Con el cambio de mando en la cartera y la llegada de figuras más cercanas a la secretaria general, Karina Milei, se canceló la audiencia pública que había sido convocada para el 6 de marzo pasado con el objetivo de analizar la propuesta de Gaspari para conducir la UIF. Ahora que el nuevo ministro definió postular a Álvarez, se debe comunicar mediante una Resolución en el Boletín Oficial sobre la apertura del proceso para la designación, precisando algunos detalles sobre el patrimonio y la carrera de quien se promueve para cumplir ese rol. Esa persona debe presentar una serie de declaraciones juradas. Después, hay un tiempo para que el Gobierno reciba adhesiones y objeciones a esa candidatura y, recién pasado ese proceso y evaluadas las observaciones, se oficializa, también por Boletín Oficial, la designación, precisaron las fuentes consultadas. Por otra parte, el ministro anunció que optó por mantener a los veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que habían impulsado Cúneo Libarona y Amerio. Según anticiparon a Infobae fuentes al tanto de la situación, la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene previsto informar a la brevedad posiblemente este martes- quiénes serán las personas que deberán revisar los balances y contratos realizados por la institución deportiva. Si bien en un primer momento se especuló con la posibilidad de dar de baja esta decisión, debido a posibles irregularidades en los trámites administrativos, finalmente todo seguirá como estaba previsto. De acuerdo con lo que precisaron algunas de las personas involucradas en el caso, el funcionario revisó el expediente en cuestión y no detectó ninguna observación relevante, por lo que se confirmó que pronto habrá novedades. De esta manera, en las próximas horas se comunicarían los nombres de los dos veedores de la AFA, lo cual ocurrirá en paralelo al avance de las denuncias contra la entidad por presuntos desvíos de fondos: Serán los mismos que ya estaban, anticiparon fuentes antes de que el ministro lo confirmara. En una reciente entrevista televisiva, el propio Presidente Javier Milei defendió el rol de su ministro, negó que tuviera vínculos con la asociación que rige el fútbol local y aseguró que los magistrados tienen libertad para actuar. Mahiques llegó para que la Justicia funcione mejor, no peor. Y si los señores (Claudio Chiqui) Tapia y su tesorero, (Pablo) Toviggino son culpables, que paguen con todo el peso de la ley, sostuvo el mandatario nacional. Tal como anticipó Infobae, apenas fue nombrado en el Gabinete, Mahiques le pidió la renuncia a los presidentes de la UIF y de la IGJ, pero también del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), de la Oficina Anticorrupción y de la Oficina de Bienes Recuperados. Hasta el momento, solamente se confirmó oficialmente al reemplazante de Daniel Roque Vítolo en la IGJ, que será el abogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, Alejandro Ramírez. Antes de los movimientos administrativos, se reiteró el pedido ante la Justicia de enviar veedores para la AFA, con la misión de revisar los vínculos de esta institución con diversas firmas nacionales y del exterior, incluidas las sociedades TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas, los Sres. Javier Faroni, Erica Gillette, Ariel Vallejo y, sobre todo, lo relativo a la creación de la Universidad UNAFA. Los profesionales, que no llevarán adelante una intervención, ya que no tomarán posesión del organismo, tendrán que auditar e informar a las autoridades judiciales sobre operaciones patrimoniales y financieras, adquisición de inmuebles y bienes muebles, contratación de personal directivo y autoridades, y convenios celebrados con terceros. Fuente: Infobae
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