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Parana » La Nota Digital
Fecha: 02/03/2026 09:01
En una escuela pública de Paraná, la discusión salarial no es un debate técnico: es la diferencia entre llegar o no a fin de mes. En un hospital provincial, el presupuesto no es una planilla: es la posibilidad de comprar insumos y sostener guardias. En la casa de un jubilado, la movilidad no es un índice abstracto: es el dinero disponible para medicamentos y alimentos. En esos espacios concretos, la economía se vuelve cotidiana. Y allí, también, la deuda pública deja de ser un concepto lejano para convertirse en una realidad que condiciona decisiones diarias y marca el límite entre estabilidad y abismo. En ese contexto, la provincia volvió a los mercados internacionales luego de casi una década sin emitir y tomó deuda por 300 millones de dólares. Lo hizo a una tasa cercana al 10% anual en moneda dura, comprometiendo pagos hasta 2033. El dato no es menor. No se trata solo del monto, sino del costo. Cada punto adicional de interés supone recursos que deberán destinarse al servicio de esa deuda en lugar de fortalecer salarios, salud o jubilaciones. El presupuesto provincial es uno solo: si aumenta el peso financiero, disminuye el margen para otras prioridades. La operación permite aliviar vencimientos inmediatos y trasladar pagos hacia el futuro. Puede ofrecer orden en el corto plazo y mejorar la liquidez. Pero también consolida una estructura de intereses más elevada durante varios años. Refinanciar no equivale a transformar la estructura de fondo. Si el nuevo endeudamiento encarece el promedio de la deuda, el alivio presente puede convertirse en mayor presión fiscal más adelante. Allí aparece el riesgo: ganar tiempo hoy a costa de restringir opciones mañana. La experiencia argentina muestra que el acceso al crédito internacional es cíclico. En momentos favorables, el financiamiento fluye y parece razonable aprovecharlo. Pero cuando cambian las condiciones externas o internas, el crédito se restringe y las obligaciones permanecen. Entonces la discusión deja de centrarse en la liquidez y pasa a enfocarse en la solvencia, en la capacidad real de pago. Y esa capacidad depende del crecimiento, del empleo, de la recaudación y de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la discusión no debe agotarse en el costo financiero. Debe abrirse hacia el horizonte. ¿Para qué se toma deuda? ¿Qué proyecto de desarrollo se busca impulsar? Un financiamiento sostenible debería contribuir a expandir capacidades productivas, fortalecer economías regionales e invertir en educación, salud y transición ambiental. La justicia social y la justicia ambiental requieren planificación y responsabilidad intergeneracional. Porque cuando la deuda pública entra al hogar, no solo impacta en el presente: también define el horizonte que la sociedad entrerriana construye para las próximas generaciones. J. Noriega imagen. archivo
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