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» TN
Fecha: 26/02/2026 16:36
El conflicto entre el municipio de Azul y el sector agropecuario sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con sede en Mar del Plata resolvió declarar inválida la ordenanza que había creado la Tasa de Servicios Esenciales, tras un planteo impulsado por productores rurales del distrito. Leé también: La quiebra de una empresa láctea afecta a casi 400 empleos en distintas provincias La decisión fue celebrada en ámbitos vinculados al agro, donde desde el inicio se cuestionó la legalidad del tributo y su impacto económico sobre las partidas inmobiliarias rurales. El reclamo se centró en el procedimiento de aprobación de la norma, particularmente en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes realizada en 2023. El fallo beneficia, por ahora, solo a quienes iniciaron la demanda Según el fallo, la mayoría exigida para sancionar una ordenanza impositiva debía ser la absoluta del total legal de miembros del cuerpo, compuesto por 36 integrantes 18 concejales y 18 mayores contribuyentes. En ese marco, eran necesarios al menos 19 votos afirmativos. Sin embargo, la ordenanza fue aprobada con 17 votos positivos sobre 33 presentes. Para la Cámara, esa diferencia no constituye una simple formalidad sino una grave deficiencia en el procedimiento constitucionalmente establecido para la formación de normas tributarias. En consecuencia, declaró la invalidez de las Ordenanzas Nº 4.909/2023 y Nº 4.910/2023 en lo referido a la creación del gravamen cuestionado. Leé también: En una láctea santafesina esperan que aparezca un inversor que pague sueldos y apueste a la producción El alcance del fallo, no obstante, es acotado. La sentencia beneficia exclusivamente a los productores que promovieron la demanda y respecto de sus partidas rurales. Desde el ámbito judicial se aclaró que otros contribuyentes deberán obtener sentencia firme para quedar comprendidos en la misma situación. En el sector agropecuario local interpretaron el pronunciamiento como un respaldo a su postura inicial. Desde que se instauró la tasa, distintas entidades y productores individuales advirtieron sobre el peso adicional que implicaba en un contexto de alta presión fiscal y márgenes ajustados. El argumento central fue que cualquier incremento en los costos impacta directamente en la competitividad y en la rentabilidad de las explotaciones. Boubee: La nulidad total es un logro después de mucho esfuerzo Cristina Boubee, productora agropecuaria e integrante del espacio Soluciones para el Campo, le contó a TN que el conflicto comenzó a principios de 2024, cuando el intendente Nelson Sombra impulsó la Tasa de Servicios Esenciales. Evaluamos en una asamblea que no correspondía sumar más tasas ni impuestos al campo por la carga impositiva que ya teníamos, explicó. A partir de allí, organizaron movilizaciones frente a la Intendencia y avanzaron con una estrategia judicial. Boubee relató que, tras las primeras protestas, un grupo de productores decidió iniciar acciones legales. Recordó que en primera instancia el fallo había sido parcial, pero optaron por insistir en la nulidad total. Leé también: Sin techo a la vista: la hacienda vacuna vuelve a subir en Córdoba y Buenos Aires Si esto no es viable, no vas por la mitad. Queríamos el 100% porque había irregularidades en la aprobación, sostuvo, en referencia a la conformación y votación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. La productora también cuestionó el destino de los fondos recaudados y aseguró que no se observaron mejoras en caminos rurales ni en infraestructura local. Muchos pagaron, pero no vimos reflejado ese dinero en caminos, educación o espacios públicos, afirmó. En ese marco, indicó que junto a otros referentes impulsaron un pedido de rendición de cuentas ante la Justicia para conocer el uso de los recursos. Leé también: Crearon un Consejo de Seguridad Rural provincial para prevenir los delitos en campos Sin embargo, el conflicto también dejó al descubierto diferencias internas. Algunas presentaciones judiciales se habrían realizado fuera de los plazos legales. Tal sería el caso de la Sociedad Rural de Azul (SRA), cuya apelación habría sido ingresada de manera extemporánea, situación que podría derivar en su rechazo procesal. Desde el Departamento Ejecutivo, en tanto, sostienen que el fallo no cuestiona la legitimidad del tributo en sí mismo, sino la interpretación del tipo de mayoría requerida para su aprobación. Fuentes municipales indicaron que existen antecedentes y dictámenes de organismos provinciales que avalarían un criterio distinto al adoptado por la Cámara. Leé también: Advierten sobre pérdidas millonarias por las restricciones europeas al biodiesel argentino Por ese motivo, el intendente instruyó al área de Legal y Técnica para interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que tendrá la última palabra en la controversia. Mientras tanto, en el campo de Azul el tema sigue generando expectativa. La resolución judicial representa un alivio parcial para los productores que litigaron, pero el desenlace definitivo dependerá de lo que resuelva el máximo tribunal bonaerense. Allí se definirá no solo la validez del tributo, sino también el alcance de una disputa que puso en el centro de la escena la relación entre el municipio y el sector agropecuario.
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