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Concepcion del Uruguay » Miercoles Digital
Fecha: 15/02/2026 17:24
Los números hablan por sí solos, aunque el Estado los mida con cuentagotas. Entre Ríos atraviesa uno de los peores momentos laborales de su historia reciente: empresas que cierran, trabajadores que pierden el empleo y otros que directamente dejan de buscarlo porque ya no creen que lo van a encontrar. La combinación de recesión nacional, ajuste del gasto público y caída del consumo interno dibuja un mapa de destrucción económica que los datos oficiales apenas logran reflejar. La principal herramienta del Estado para medir el empleo es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el INDEC. Pero en Entre Ríos tiene una limitación de origen: solo cubre dos aglomerados urbanos, el Gran Paraná y Concordia. El resto de los departamentos Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Victoria, Villaguay, Gualeguay, Federación, La Paz y todos los demás quedan fuera del radar estadístico formal. Es como intentar diagnosticar a un enfermo tomándole la temperatura solo en un brazo. Pero incluso dentro de esos dos aglomerados medidos, hay un problema adicional que la propia Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos reconoce en sus informes: la muestra no cubre toda la población real. En Concordia se estima que quedan fuera 42.297 personas, el 28% de sus habitantes. En Paraná, la cifra asciende a 52.507 personas, casi el 20% de la ciudad. Esto significa que los números oficiales ya subestiman la realidad antes de que se los lea. Concordia: el desempleo que se esconde detrás de la resignación La ciudad del Norte entrerriano exhibe uno de los panoramas más preocupantes de la provincia. En el primer trimestre de 2025, la tasa de desocupación trepó al 7,6%, casi el doble que un año antes cuando marcaba 4,2%. Eso equivale a miles de concordienses buscando trabajo activamente sin encontrarlo. Cuando llegó el segundo trimestre de 2025 el número bajó al 5,4%, pero esa mejora estadística no es una buena noticia: se explica principalmente porque muchos trabajadores dejaron de buscar empleo y, al no buscarlo activamente, dejan de ser contabilizados como desocupados. El INDEC lo refleja en otro indicador: la tasa de actividad de Concordia cayó al 39,1%, la más baja de todo el país. Ni Formosa ni el Gran Resistencia, históricamente asociados a los peores índices de participación laboral, llegan a ese nivel. En Concordia, cuatro de cada diez habitantes en edad de trabajar ni siquiera están intentando conseguir empleo. Los economistas tienen un nombre para esto: desaliento laboral. Y es, en muchos sentidos, peor que el desempleo declarado. Gran Paraná: más gente sin trabajo y la subocupación bate récords En el aglomerado que agrupa a Paraná, San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrul, el primer trimestre de 2025 también mostró deterioro. La desocupación pasó del 4,5% al 4,8% interanual, pero la señal más inquietante la dio la tasa de empleo, que cayó del 44% al 41,9%, una baja de 2,1 puntos porcentuales en un solo año. Simultáneamente, la subocupación alcanzó registros históricos: cada vez más paranaenses trabajan, pero en empleos de pocas horas semanales porque no consiguen nada mejor. Esta combinación menos empleo pleno, más subempleo, más desaliento configura un mercado de trabajo en retroceso que los titulares de desocupación no terminan de capturar. Si la estadística fría no alcanza para dimensionar la crisis, alcanza con caminar la peatonal San Martín, pasar por los dos shoppings (donde hay cada vez más locales vacíos) o recorrer las manzanas del microcentro paranaense. El Centro Comercial e Industrial de Paraná realizó durante 2025 dos relevamientos que arrojaron números que no dejan margen para el optimismo: en agosto detectó 46 locales cerrados en el área comprendida entre las calles Carbó, Monte Caseros, Corrientes, Gardel, Buenos Aires y Pellegrini. Para fin de año, el balance definitivo ascendía a 76 comercios cerrados o relocalizados solo en 2025. El propio titular de la entidad, Marcelo Quiroga, lo sintetizó sin eufemismos: fue un año paupérrimo. Desde la vereda sindical, Daniel Ruberto secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná desde hace más de tres décadas, referente histórico del sector viene advirtiendo lo mismo con distintas palabras en múltiples medios. El año pasado, fue tajante: las perspectivas para el comercio no son buenas. Reconoció que lentamente en nuestro gremio se produce la pérdida de puestos de trabajo y apuntó que el derrumbe de Diarco, que cerró locales en Concordia y Gualeguaychú, dejó trabajadores entrerrianos en situación crítica. El consumo cayó interanualmente de una manera estrepitosa y el empleo es el principal problema, reconocido por el mismo gobierno, sentenció. Pero quizás el dato más revelador que aportó Ruberto no es el de los cierres visibles, sino el de los cierres que nadie registra. Al ser consultado en agosto de 2025, el dirigente explicó que muchos comercios no bajan la persiana de golpe sino que agoniza lentamente: no cerró, sino que el dueño habló con los trabajadores, redujo la jornada de 48 horas semanales a media jornada en blanco y media jornada en negro, a ver cómo podemos aguantar. Y otros directamente eliminan el local: algunos esperaron que se jubilara el empleado y después cerraron y ahora se manejan con un depósito en el garaje de su casa. Son los cierres que no aparecen en ningún relevamiento porque técnicamente el comercio sigue existiendo, pero el empleo formal ya no. Los pequeños comercios de barrio completan el cuadro. Ruberto señaló que las despensas y mini mercados de barrio son los más afectados porque la gente busca precios y esos comercios pequeños no pueden competir con los grandes supermercados. A eso se suma la competencia de plataformas digitales internacionales como Shein y Temu, que según Quiroga llegan al consumidor sin impuestos, a un valor del 30% de lo que cuesta en un comercio local. Un comerciante que paga alquiler, sueldos, cargas sociales, servicios e impuestos no puede ganar esa batalla. 600 pymes cerradas, 11.300 puestos perdidos Más allá del comercio, el impacto sobre el tejido productivo general es igualmente severo. Luis Lozar, presidente de APYME Entre Ríos, aportó datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que hablan de cerca de 600 pequeñas y medianas empresas cerradas en la provincia en los últimos dos años, con una pérdida de 11.300 puestos de trabajo, la mitad de ellos en grandes compañías. El sector más golpeado fue la construcción, arrastrada por el derrumbe de la obra pública. Le siguen el comercio, la hotelería y la industria alimentaria. Un caso testigo de ese último rubro fue el cierre del centro de distribución de La Serenísima en Paraná, ocurrido en marzo de 2025, que representó la pérdida de empleos directos e indirectos en toda la cadena de distribución láctea. Para dimensionar estos números en perspectiva nacional, un informe basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reveló que en los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei cerraron en el interior del país unas 7.572 micropymes. Entre las provincias más afectadas fuera del Gran Buenos Aires, Entre Ríos ocupó el cuarto lugar, con 538 empresas cerradas en ese solo período, detrás de Córdoba (1.718), Santa Fe (1.160) y Mendoza (583). La crisis no respeta a las grandes empresas. En noviembre de 2025, Granja Tres Arroyos, la mayor productora avícola del país, atravesaba un procedimiento preventivo de crisis con plantas en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Uruguay. En Concepción del Uruguay, los trabajadores denunciaron que habían cobrado solo el 20% de sus salarios a principios de ese mes. El conflicto fue contenido por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, pero dejó en evidencia la fragilidad que alcanzó incluso al sector agroindustrial, uno de los motores históricos de la economía entrerriana. El cuadro nacional que enmarca la crisis local Los despidos en Entre Ríos no ocurren en el vacío. A nivel país, en 2025 más de 153.800 trabajadores registrados comenzaron a cobrar el seguro de desempleo, con diciembre marcando el pico más alto del año, cuando 103.654 personas percibían esa prestación. Los sectores más afectados en todo el país fueron la industria manufacturera, el comercio y la construcción, en ese orden. El CEPA Centro de Economía Política Argentina relevó en su Mapa Federal de Empresas en Crisis 629 situaciones de despidos, suspensiones, cierres y quiebras en todo el territorio nacional. Entre Ríos registró 21 conflictos activos, ubicándose en el segundo anillo de provincias más afectadas junto con Corrientes, Santa Cruz y Salta. La mirada de largo plazo agrava el diagnóstico. Comparando noviembre de 2023 víspera del cambio de gobierno con noviembre de 2025, el sistema de riesgos del trabajo registra 21.938 empleadores menos en todo el país y 290.602 trabajadores menos en el sistema formal. La construcción sigue siendo el sector con mayor pérdida acumulada: 15% menos de empleo que hace dos años. Toda investigación honesta debe señalar sus límites. Entre Ríos no produce estadísticas propias de empleo para sus departamentos del interior. Las tasas de desocupación en Gualeguaychú, Villaguay, Concordia departamental, Federal o Chajarí no están medidas oficialmente. Para obtener esa información habría que recurrir a los ministerios provinciales de Trabajo y Producción, a los registros de las cámaras empresariales locales y a los gremios territoriales información que existe pero que rara vez se sistematiza ni se hace pública. Lo que los datos disponibles ya permiten afirmar es suficientemente grave: en Entre Ríos, el mercado laboral se deterioró, las empresas que dan trabajo se achicaron o cerraron, y las ciudades que el INDEC sí mide muestran una tendencia que no invita al optimismo. En el microcentro de Paraná, la imagen lo resume sin necesidad de estadísticas: locales vacíos, persianas bajas y comerciantes que, cuando no cierran del todo, acomodan sus números en la informalidad para sobrevivir un poco más. El resto de los departamentos, los que no aparecen en ningún cuadro estadístico, probablemente no estén mejor. La reforma laboral que viene: ¿más empleo o más precarización? El viernes, mientras el microcentro de Paraná seguía acumulando locales con las persianas bajas, Daniel Ruberto tomó el micrófono de Radio Plaza y dijo lo que pensaba sobre la ley que el Senado de la Nación acababa de aprobarle al gobierno de Javier Milei en la madrugada del jueves, tras más de dieciséis horas de sesión y manifestaciones con incidentes en los alrededores del Congreso. El veredicto fue seco: Esta ley no va a generar más trabajo. La reforma laboral, que obtuvo media sanción con 42 votos a favor y 30 en contra y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, introduce cambios profundos en el derecho del trabajo argentino. Modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, excluyendo del cómputo el aguinaldo, las vacaciones y otros conceptos no mensuales, lo que reduce significativamente el monto que percibirá un trabajador despedido respecto del sistema vigente. Incorpora un banco de horas que permite distribuir la jornada de manera flexible sin generar horas extras automáticas. Habilita la contratación de colaboradores sin relación de dependencia, sin aguinaldo ni vacaciones. Elimina la ultraactividad de los convenios colectivos es decir, cuando vence un convenio y no se firma uno nuevo, deja de regir el anterior. Amplía el listado de servicios esenciales que no pueden entrar en huelga, sumando al comercio, las telecomunicaciones y la educación. Y habilita a las empresas a pagar las indemnizaciones en cuotas: hasta seis en el caso de las grandes, hasta dieciocho para las pymes. Para los impulsores de la norma, encabezados por la senadora Patricia Bullrich, se trata de la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales, orientada a reducir lo que denominan la industria del juicio y a fomentar la formalización del empleo. El argumento central es que bajar el costo y el riesgo jurídico de contratar trabajadores animará a los empleadores a regularizar relaciones laborales que hoy permanecen en negro. Ruberto no acepta ese razonamiento y lo explica con precisión: Cuando se retira el Ministerio de Trabajo, cuando se debilitan los sindicatos, vienen con el tema de la industria del juicio. Yo no veo que esto vaya a reactivar. Y pone el foco en la figura del colaborador: El colaborador cobra sobre 12 sueldos, cuando el empleado de la Argentina cobra 13 porque hay un decreto, el N°333 de 1946, que estableció el aguinaldo. Y el colaborador no tiene vacaciones. No es un detalle menor: esa figura habilita, en la práctica, reemplazar empleados en relación de dependencia por personas que trabajan igual cantidad de horas, pero con menos derechos y sin los costos asociados al empleo registrado. El dirigente también contextualiza la reforma en el cuadro más amplio del mercado laboral entrerriano, donde la precarización ya avanza sin necesidad de ninguna ley: En Garbarino no les pagaron un mango a los 5.000 trabajadores; en Paraná, SuperSpar a 300 trabajadores no les pagó, y El Entrerriano a 170 trabajadores tampoco. Y además hacen esto de hacerles renunciar y cambian la razón social, y el trabajador queda indefenso. Si eso sucede en el marco legal actual, el interrogante es qué ocurrirá cuando los empleadores cuenten con herramientas adicionales para reducir costos y acotar su responsabilidad. Su análisis sobre el modelo productivo de fondo es el más contundente: Argentina no es un país exportador neto de elementos manufacturados con gran agregado de mano de obra. Exporta gas, petróleo de Vaca Muerta o litio, sin procesar. Hemos desarrollado una industria liviana, de sustitución de importaciones, que generó un mercado interno gracias a que los sindicatos pudieron pelear paritarias y ese ingreso alimentó el consumo. Cuando los salarios se deprimen, la gente no llega a fin de mes, no puede consumir, y ese círculo virtuoso se rompe. No es solo teoría económica: es la explicación de por qué en el microcentro de Paraná cerraron 76 comercios en 2025, por qué la obra social del gremio perdió el 10% de sus aportes, y por qué Concordia tiene la tasa de actividad laboral más baja del país. El propio Ruberto hizo, en el mismo reportaje del viernes, una autocrítica que lo distancia del sindicalismo corporativo: Milei es un producto de un fracaso. La pérdida de empleo y el decrecimiento de la economía no vienen de hace tres años, vienen de mucho más atrás, y de gobiernos a los cuales yo personalmente adhería. Pero la autocrítica no le impide proyectar lo que viene: De acá a un año o dos, la mano no viene bien. La reforma aún debe ser aprobada por Diputados, donde el gobierno aspira a votarla antes del 27 de febrero. Si eso ocurre, los trabajadores del comercio de Paraná y de toda la provincia se encontrarán con un marco legal sustancialmente diferente al que conocieron. En un contexto donde ya se destruyeron 600 pymes, 11.300 puestos de trabajo y 76 locales del microcentro en dos años, la pregunta que Ruberto deja flotando no es menor: ¿una ley que abarata el despido y precariza la contratación puede generar más empleo en una economía que vive del mercado interno? Fuente: Análisis Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |
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