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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 15/02/2026 02:00
Así como cada vez se conocen más casos de asaltos violentos en la provincia de Buenos Aires, también hay una indignante modalidad delictiva detrás de estos episodios que se repite: el uso de menores de edad como mano de obra. Quienes los contactan son presos, que los llaman por teléfono desde sus propias celdas para que pedirles que ejecuten los ataques que ellos planean desde el encierro con minuciosos trabajos de inteligencia. El modus operandi se utilizó en varios de los últimos hechos de inseguridad de alto impacto. Entre ellos el de la abuela influencer de San Isidro, violentamente asaltada en su propia casa de Martínez cuando regresó de unas vacaciones. Ella no lo sabía, pero sus movimientos habían sido seguidos por Instagram desde la cárcel por uno de los líderes de la Banda del Millón, que organizó su ataque y solo dio instrucciones para que alguien más lo concrete. De acuerdo con la investigación del asalto a la jubilada, que llevó adelante el fiscal Patricio Ferrari, el golpe fue dirigido desde la Unidad 45 de Melchor Romero. Lo coordinó Brandon Brites, cabecilla de la banda que está preso desde el año pasado. Y no fue el único: el joven delincuente recibió ayuda de Lucas Ezequiel Merelles, también detenido en la Unidad 9 de La Plata y considerado el otro capo de la Banda del Millón. Tanto en este caso como en varios otros que se repiten en la provincia de Buenos Aires, lo que hacen los reclusos generar una red de delincuentes menores en libertad, pedirles que ejecuten asaltos millonarios y prometerles un buena recompensa a cambio. Si alguno demuestra alguna duda con el trabajo, los presos les llevan tranquilidad: no pasa nada, les dicen. Son inimputables. Esta historia que comienza en distintos penales bonaerenses pone bajo la mira dos de los temás más discutidos en la agenda de seguridad. La primera es el uso de telefonía en las cárceles; la segunda, la implicación de menores en hechos delictivos. Esta semana, la Cámara de Diputados le dio la media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. Cómo se coordinan los ataques Una alta fuente judicial consultada por Infobae resumió que los grupos delictivos que operan desde los penales de la provincia reclutan a los chicos para la ejecución material de los asaltos, mientras que ellos les proveen información sobre las rutinas de las víctimas obtenidas en redes sociales. En los allanamientos a celdas realizados ante los distintos casos, los investigadores encontraron teléfonos celulares y búsquedas de Google de direcciones específicas, además de nombres de los dueños de las propiedades que luego resultaban blancos de ataques. Muchas veces, junto a la información, se envian fotos de las casas y marcas de ingresos como ventanas laterales por las que podían acceder a las viviendas. Telexplorer y Nosis son dos de las herramientas más utilizadas por los presos para tener mayores precisiones y detalles sobre los movimientos financieros y filiatorios de las víctimas. La primera es una plataforma profesional de inteligencia de datos y marketing que generalmente utilizan empresas para encontrar y verificar información de contacto (nombres, números telefónicos, direcciones). También ofrece servicios de geolocalización, enriquecimiento de bases de datos y APIs para automatizar búsquedas. Nosis es similar, pero también proporciona información como actividad principal de la persona buscada e ingresos estimados. A la obvia pregunta de por qué los presos tienen celulares en sus celdas si está prohibido, la misma fuente judicial explicó a Infobae dos cuestiones. La primera tiene que ver con que cada detención fue ordenada por un juez que evaluó la acusación, los antecedentes y los pedidos de cada defensor y así resolvió si aceptar o no que el recluso tenga celular a disposición. La segunda refleja la realidad en las cárceles: admiten que muchos agentes penitenciarios a cargo de mantener el orden en los calabozos prefieren dejar que estos tengan teléfono para evitar cualquier revuelta.
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