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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 10/02/2026 12:57
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las irregularidades detectadas en la compra de medicamentos en el marco del organismo, durante la actual gestión. Sin prisión preventiva, se le atribuyó al ex funcionario los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y cohecho pasivo. Todas las acusaciones concurren con otro delito mayor: haber sido jefe de una asociación ilícita. El juez además embargó a Spagnuolo por 202.828.725.464 pesos. La cifra guarda relación con el perjuicio supuestamente ocasionado a través del direccionamiento de las compras de medicamentos, el beneficio a favor de unas pocas empresas y los sobreprecios en esas operaciones. La maniobra representó un daño al Estado de 30.337.220.919,77 pesos. Luego de una exhaustiva investigación, explicó el juez Casanello, se dio por corroborado aquello que expuso el fiscal federal Franco Picardi: ciertas personas (funcionarios/as de la ANDIS y del sector privado vinculado al rubro de la salud), de manera coordinada y bajo acuerdos espurios, integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública. Las maniobras afectaron a la población con discapacidad, especialmente vulnerable, que goza de pensiones no contributivas y no posee otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros). En palabras del fiscal, recogidas por el juez, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la agencia habría funcionado como el centro de operaciones de diversas actividades ilícitas; esto es, como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando; y, además, como una ventanilla administrada o co-gestionada por agentes externos con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo. Al avanzar con la investigación que derivó en el procesamiento de 18 personas que incluyen a Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini -segundo de Spagnuolo en ANDIS-, el fiscal también identificó, como parte de aquellas actividades delictivas, la existencia de pagos indebidos a funcionarios de la agencia a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución de las maniobras expuestas. En ese sentido, el juez Casanello llamó a indagatoria a todos los involucrados en la estructura de corrupción. Después del tiempo transcurrido, evaluó los elementos de prueba que sustentan la imputación del Ministerio Público Fiscal y convalidó la estructura jurídica expuesto por Franco Picardi. El juez concluyó que todos los indagados integraron una asociación ilícita según el rol atribuido en cada uno- que desplegó sus actividades delictivas, al menos, diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, y que estuvo destinada a cometer ilícitos contra la administración pública, puntualmente dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, y obtener ganancias indebidas en desmedro del erario público a través de maniobras fraudulentas ejecutadas en el marco de contrataciones direccionadas y con sobreprecios, lo que incluyó la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos. La organización, remarcó el juez Casanello, estuvo abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público y en particular de la población con discapacidad y especialmente vulnerable.
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