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Parana » Plazaweb
Fecha: 08/02/2026 20:32
Una joven se presentó en la Policía para denunciar y aclarar su situación en medio de una trama de corrupción que se viene investigando desde 2024 en la Fiscalía de Paraná: la causa denominada Jóvenes Emprendedores, un esquema que consistía en el desvío de fondos públicos destinados originalmente a proyectos laborales. Resulta que recientemente le llegó el reclamo del Estado para que abone una deuda millonaria por el crédito que cobró pero que terminó, casi todo, en manos de un integrante de aquella banda integrada por exfuncionarios públicos y colaboradores. Es una del millar de personas captadas como prestanombres o que les utilizaron sus identidades para la maniobra del fabuloso desfalco. Actualmente, la causa genera un fuerte debate jurídico sobre si estos involucrados deben ser considerados testigos damnificados o cómplices del fraude. Esta resolución es crucial, ya que sentaría un precedente para la causa de Contratos Truchos de la Legislatura provincial, cuya remisión a juicio está trabaja hace más de medio año. La idea del proyecto aprobada era Desarrollar un gallinero móvil, por lo cual se otorgarían 520.000 pesos. El abogado representante de esta joven, Horacio Barreto, contó la historia y la estrategia a seguir al momento de presentare en la Fiscalía. En diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), relató: Me contactó ayer una joven estudiante del Profesorado de Educación Especial a quien, el pasado 29 de enero, le llegó una carta documento intimándola a pagar una deuda por un emprendimiento del año 2022. En aquel momento, el monto era de 500.000 pesos y ahora la suma ascendería a 2,5 o 3 millones de pesos. Ella se dirigió a la oficina del Gobierno, donde le confirmaron la deuda y le indicaron que debía presentar los recibos de compra correspondientes o pagar la suma en hasta 24 cuotas; de lo contrario, el caso pasaría a Fiscalía de Estado para su ejecución. Asustada, realizó la denuncia en la comisaría, donde le informaron que se están recibiendo muchos casos similares de personas a quienes les retiraban dinero utilizando su nombre. Por mi parte, concurrí a la fiscalía para interiorizarme en el caso y me confirmaron que se trata de una estafa con muchos damnificados. El punto central es determinar cómo se puede evitar que estas personas paguen una suma que, en la práctica, les fue entregada en mano en el banco. ¿Cómo fue que terminó firmando la documentación y recibiendo parte del dinero en su momento? Fue contactada por un muchacho de apellido Balbuena, quien le informó sobre un crédito para emprendedores. Él le tomó una foto a su documento y le aseguró que, por ser estudiante de educación especial, recibiría una regalía, un subsidio. Meses después la llamaron para informarle que el crédito estaba listo para ser cobrado en el banco Bersa. Es importante investigar quién generó esa cuenta bancaria, ya que ella nunca realizó ese trámite ni sabía cómo se había gestionado. Entiendo que existe una red de complicidades con brazos ejecutores externos que contactaban a las víctimas y abrían cuentas con facilidad, sin verificar si el emprendimiento realmente existía. ¿Ella fue y retiró el dinero del banco? ¿Cómo fue el procedimiento? Ella fue al banco acompañada por este hombre, quien la esperó afuera. Ella ingresó al hall, la llamaron y le dieron el crédito normalmente. Sostiene que no sabía para qué era el dinero y, al salir, el hombre contó el efectivo, le entregó 20.000 pesos y él se quedó con los 480.000 restantes. En aquel momento ella no realizó mayores preguntas, pero ahora se encuentra con una deuda que el Estado pretende cobrar judicialmente. ¿Cómo va a seguir esta historia respecto de esta joven? Por el momento no ha sido imputada por la Fiscalía que lleva la causa. Todavía no me he presentado formalmente como su abogado defensor porque no ha sido citada, aunque es probable que ocurra en los próximos días. ¿Podría ser considerada damnificada y presentarse como querellante o su situación es más complicada? Es una situación compleja porque ella efectivamente retiró el dinero. Deberíamos probar el engaño. Mi estrategia será intentar probar quién y cómo gestionó la apertura de esa cuenta, ya que ella asegura no haber firmado ninguna documentación al respecto. Es muy triste que ocurran estas situaciones, porque hay personas que realmente necesitan emprender y son precisamente quienes no reciben la ayuda del Estado. El ardid y los principales acusados Según las sospechas firmes en la Fiscalía a cargo de Gonzalo Badano, el esquema de desvío de fondos en el programa Jóvenes Emprendedores operaba mediante un sistema coordinado entre funcionarios públicos y captadores externos para sustraer dinero del Estado utilizando identidades de terceros. Cabe mencionar que dicho programa comenzó en 2018 y durante varios años funcionó correctamente para el fin por el cual había sido creado. El proceso se dividía en las siguientes etapas clave: captación de víctimas, principalmente jóvenes de bajos recursos o estudiantes, como en el caso de la alumna de Educación Especial mencionada. Los reclutadores les ofrecían supuestas ayudas económicas, sin explicarles que se trataba de un crédito que debían devolver. Luego, la gestión de documentos y cuentas, y finalmente el retiro y distribución del dinero. Una vez aprobado el crédito, la víctima era dirigida al banco para retirar el efectivo. Al salir, el captador la esperaba afuera para quedarse con la mayor parte del dinero. Según la Fiscalía, había una estructura jerárquica con la participación de exfuncionarios de alto rango. Años después, el Estado comenzó a intimar a los jóvenes (quienes figuran legalmente como los deudores) para que devuelvan el monto total del crédito más intereses, bajo amenaza de ejecución judicial por parte de la Fiscalía de Estado. Los exfuncionarios que están comprometidos en el caso son: el exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart, quien tiene una escribanía pública en calle San Juan; el exdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, Cristian Klein; el exdirector de Políticas de Apoyo a Emprendedores, Tomás Osorio; y quien luego continuó prestando servicios en la Dirección de Administración Contable del gobierno entrerriano, Claudio Rosas Vicco. Al inicio de la causa se informó que el desfalco al estado superaba los 250 millones de pesos. Trabada Abogados defensores plantearon que los titulares de aquellos créditos no deben ser citados a declarar como testigos, debido a que formaron parte de la presunta maniobra delictiva y no deben autoincriminarse. La Fiscalía sostiene que no son acusados sino damnificados. Además, se trata de una decisión de política criminal del Ministerio Público. No obstante, el planteo escaló en las instancias judiciales superiores y se encuentra pendiente de resolución. Igualmente, tras un fallo favorable en la primera instancia, el fiscal Badano continuó citando a declarar a estas personas. Se trata de alrededor de 1.000 testigos y por lo tanto es la causa que más tiempo demanda a la Unidad Fiscal que investiga delitos por corrupción, integrada solo por Badano y una asistente, con la eventual colaboración de otros fiscales. Hay muchas expectativas en torno a la resolución judicial sobre aquel planteo de los defensores, teniendo en cuenta que se trata de un caso muy similar a la megacausa de los contratos truchos de la Legislatura provincial, donde los contratados eran prestanombres que serán citados a declarar en el juicio para contar cómo la banda del urribarrismo tramaba aquel desfalco. La última palabra la tendrá la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorio).
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