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Parana » AIM Digital
Fecha: 03/02/2026 11:01
La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec reavivó cuestionamientos de la oposición sobre la medición de la inflación y la decisión del Gobierno nacional de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor. Legisladores de distintos bloques pusieron la lupa sobre el rol del Ministerio de Economía y advirtieron sobre una nueva injerencia política en el organismo estadístico, supo AIM. Según pudo constatar AIM, las críticas se profundizaron luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, admitiera que el nuevo IPC no se implementará hasta que el proceso de desinflación esté consolidado. Desde Unión por la Patria, el diputado Itaí Hagman sostuvo que la postergación busca evitar que los aumentos en energía y transporte impacten con mayor fuerza en los datos oficiales, en un contexto de quita de subsidios y actualización tarifaria. En la misma línea, la diputada Julia Strada señaló que el propio ministro reconoció que la salida de Lavagna estuvo vinculada a diferencias sobre los tiempos de aplicación del nuevo índice. Según explicó, si desde el inicio de la gestión de Javier Milei el IPC se hubiera calculado con la canasta basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, la inflación acumulada a diciembre de 2025 habría sido 11,2 por ciento superior a la informada oficialmente. Las críticas también llegaron desde el Frente de Izquierda. Nicolás del Caño consideró que el Gobierno decidió no aplicar la nueva metodología porque los resultados no coinciden con sus objetivos y denunció una manipulación estadística que, según expresó, perjudica a trabajadores y jubilados cuyos ingresos se actualizan por debajo de la inflación. Desde el socialismo, el diputado Esteban Paulón reclamó una actualización inmediata del IPC y recordó que la Cámara de Diputados ya había avanzado con un proyecto para exigir ese cambio. Además, presentó un pedido de informes al ministro de Economía y advirtió que la salida de Lavagna vulnera la autonomía del organismo, reinstala dudas sobre la confiabilidad de las estadísticas oficiales y podría abrir la puerta a litigios vinculados a instrumentos financieros atados a la inflación, informaron a AIM fuentes parlamentarias. Más allá de las críticas opositoras, la renuncia de Lavagna volvió a poner en debate la independencia del Indec, una discusión recurrente en la historia reciente del país. El economista había asumido durante la gestión de Alberto Fernández y fue ratificado por Milei como señal de continuidad técnica y despolitización del organismo. Incluso, el Presidente había manifestado la intención de separar al Indec de la órbita del Ministerio de Economía para reforzar su autarquía, una decisión que finalmente no se concretó. Según supo AIM, detrás de la salida de Lavagna pesó la decisión del Poder Ejecutivo de frenar la implementación del nuevo IPC, pese a que el indicador ya estaba listo para comenzar a aplicarse y que el propio Indec realizaba mediciones paralelas con ambas metodologías. De haberse utilizado la nueva canasta, la inflación habría sido más alta que la informada oficialmente, ya que duplica la ponderación de tarifas de servicios públicos, señalaron especialistas. Por su parte, Caputo aseguró que la renuncia se produjo en buenos términos y confirmó que el nuevo índice quedará postergado. Además, anunció que Pedro Lines asumirá como nuevo titular del organismo y ratificó que se mantendrá la metodología vigente hasta que, según afirmó, la desinflación esté plenamente consolidada. El Índice de Precios al Consumidor que actualmente publica el Indec se calcula en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2003/2004, que define qué bienes y servicios consumen los hogares y el peso de cada rubro en el indicador final. La actualización metodológica basada en la encuesta 2017/2018 incorpora cambios en la estructura del consumo, con mayor incidencia de vivienda, servicios públicos, transporte y comunicaciones. Según información a la que accedió AIM, la postergación de su aplicación vuelve a poner en duda la autonomía del organismo y reabre el debate sobre el uso político de las estadísticas oficiales.
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