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» Clarin
Fecha: 03/02/2026 06:34
Hace unas semanas se hicieron públicas denuncias de abusos sexuales que tuvieron lugar en el Senado bonaerense; los ataques habrían sido cometidos dentro de oficinas del mismo Palacio Legislativo e identifican a los agresores como funcionarios en una dinámica de complicidad ampliada dentro del mismo espacio institucional. Tres denunciantes, dos personas detenidas. Las víctimas habrían llegado a tener contacto con las personas denunciadas a través de la militancia política. El agresor sería un funcionario varón que actuaba con una cómplice mujer que colaboraba en la captación de las víctimas. Es un caso aberrante y cumple con las etapas del ciclo del escándalo: se hace público, estalla la indignación, pero al poco tiempo, se diluye el interés y desaparece de la escena. Y con su desaparición, solo quedan víctimas e impunidad. Y lo peor, no es un hecho aislado: es una práctica mucho más común que lo que se cree en el ámbito estatal y está fuertemente naturalizada. Funcionarios que, desde su rol público, abusan del poder que se les confió para obtener un beneficio propio. En este caso, a través de la violencia sexual. Esto es algo que, desde Poder Ciudadano, venimos señalando hace años: la corrupción como abuso de poder delegado no siempre involucra dinero. Muchas veces implica avanzar sobre los cuerpos de mujeres y LGBTIQA+ haciendo uso indebido de ese poder público. Este fenómeno tiene nombre: es corrupción sexual y ocurre cuando la corrupción y la violencia sexual operan juntas. Los datos recabados en el marco del Observatorio Reportar de Poder Ciudadano, muestran que la gran mayoría de estos hechos son perpetrados por varones en ejercicio de la función pública o del empleo público. Algunas veces esa violencia tiene forma de abuso sexual con coerción física y otras veces toma forma de coerción psicológica; en estos casos el funcionario condiciona el acceso a un derecho -un servicio público o una prestación social, tales como becas, planes sociales, viviendas, etc.- a cambio de tener acceso al cuerpo de esas mujeres y diversidades. Las víctimas son mayormente mujeres, niñas y niños, aunque no exclusivamente. A la vez -si bien no es el tono generalizado-, lo que se está investigando en el Senado bonaerense es una dinámica detectada en otros casos: mujeres que, aunque no necesariamente ejercen la violencia de forma directa, operan como cómplices, encubridoras y partícipes necesarias de los hechos. Estos delitos porque son abuso de poder y formas de la violencia por razones de género- deben interpelarnos más allá del escándalo temporal no sólo por lo aberrante de la violencia sexual sino también porque implican el uso de los recursos públicos para ejercerla. Porque aquí el bien público que gestiona el Estado y el poder delegado operan como facilitadores de esa violencia desvirtuando la función pública y violentando la reputación del Estado como garante de derechos. Esto es corrupción, lisa y llanamente. Y esto hace necesario revisar nuestras formas de entender la corrupción. Solemos asociarla a hechos cotidianos como las coimas a los funcionarios públicos a cambio de algún beneficio o a las grandes sumas extraídas de las arcas del Estado que van a parar a manos de privados. Pero la corrupción es abuso del poder delegado para beneficio propio, y el dinero no es el único medio de cambio para su existencia: los derechos y los cuerpos de las personas también pueden ser utilizados y vulnerados desde el poder para beneficio personal. Y la corrupción sexual es uno de los rostros ocultos y naturalizados de la corrupción y uno de los más denostables. ¿Por qué? Porque desde el Estado se deben garantizar derechos, no violentarlos. Abusar del poder delegado para ejercer violencia sexual sobre las mujeres y diversidades es un ataque al bien público más fundante de la democracia: los derechos humanos. Estamos hablando del derecho a la vivienda, la alimentación, la educación, la salud, al trabajo, a una vida libre de violencias. Y aquí queremos señalar dos cuestiones. Es un abuso de poder que propicia para los agresores el acceso impune a un coto de caza privilegiado por su función y sostenido con recursos públicos. Y es un abuso de poder doblemente repudiable porque se ejerce, generalmente, sobre las personas y grupos más vulnerables. ¿Cómo defenderse del abuso de poder cuando se comete desde el Estado? ¿Qué represalia no es esperable? ¿Por qué mujeres y diversidades tienen que elegir qué derecho dejar de ejercer para acceder a otros? La naturalización de estas prácticas es enorme: en todo nuestro país, hay personas denunciadas por violencia sexual en el ejercicio de sus funciones que siguen en esos cargos. Y esto es posible porque el Estado no cuenta con herramientas concretas y a veces tampoco voluntad política para sancionar a los agresores. Sobre la firma Newsletter Clarín
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