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Concordia » Ciudadsatelite
Fecha: 29/01/2026 16:01
CARU bajo la lupa CARU: investigan gastos de USD 50 mil mensuales y contrataciones bajo sospecha La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional dependiente de la Cancillería Argentina y responsable de la administración de los puentes internacionales GualeguaychúFray Bentos y ColónPaysandú, atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años. Documentación interna, notas administrativas y registros financieros identificables configuran un cuadro de presuntas irregularidades que comprometen la transparencia en el manejo de fondos binacionales y el cumplimiento del marco normativo vigente. El punto más sensible surge de una paradoja difícil de justificar: una delegación argentina designada formalmente ad honorem que, pese a no percibir remuneración, habría instrumentado un mecanismo para disponer de aproximadamente 50.000 dólares mensuales bajo el concepto de gastos de representación. La operatoria, impulsada desde la Presidencia del organismo, expone un presunto uso irregular de recursos públicos compartidos y la elusión de controles básicos. Un presidente designado con discurso de austeridad El actual presidente de la CARU, Raúl Luis Montero, fue designado mediante el Decreto N° 394/2025, publicado el 17 de junio de 2025. Abogado de profesión, exfuncionario del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y exasesor general durante la gestión del entonces gobernador Daniel Scioli, asumió el cargo con un discurso orientado a la austeridad y eliminación de privilegios. Sin embargo, los hechos documentados parecen contradecir ese encuadre. Gastos inexistentes para cargos sin remuneración La delegación argentina está integrada por cuatro miembros, cuando el Estatuto prevé cinco: Montero (presidente), Francisco Mansanta, Agustina Piñeiro y María Laura Ojeda, todos designados ad honorem y con salarios abonados por sus organismos de origen. Esa condición excluye, por definición, la percepción de gastos de representación financiados por la CARU. Pese a ello, mediante la Nota DACARU N° 52/2025, Montero elevó un proyecto de resolución para que los gastos de representación correspondientes a cinco delegados fueran depositados en la cuenta N° 0122773 del Banco Nación, sucursal Montevideo, bajo el argumento de financiar el mantenimiento de la delegación. El monto estimado del desvío rondaría los 50.000 dólares mensuales. El mecanismo presenta al menos tres irregularidades centrales: se asignan fondos por un concepto incompatible con cargos ad honorem; se concentran recursos en una cuenta en el exterior sin asignación individual; y no existe un sistema claro de rendición, lo que diluye la trazabilidad del gasto. Beneficios paralelos y uso intensivo de recursos comunes A este flujo mensual se suman beneficios adicionales solventados íntegramente por la CARU: oficinas compartidas con Cancillería, vehículos de alta gama como una VW Tiguan y una Corolla Cross, algunos con chofer, cobertura total de combustible, peajes, viáticos y alimentación, además de alojamiento all inclusive en dependencias del organismo. Los fondos provienen mayoritariamente del cobro de peajes en los puentes internacionales, ingresos que pertenecen en partes iguales a Argentina y Uruguay. La falta de criterios públicos y rendiciones detalladas vulnera el principio de transparencia que debe regir el manejo de recursos binacionales. Según fuentes internas citadas por ANÁLISIS, Pablo Enrique Bertone, chofer del organismo y actualmente asesor, realizaría traslados mensuales a Montevideo en vehículos oficiales para retirar los fondos depositados. La operatoria implicaría el transporte de sumas en efectivo que superarían los límites permitidos por la normativa aduanera, con viáticos diarios superiores a 150 dólares. Asesores, sueldos elevados y funciones superpuestas La gestión también incorporó asesores con remuneraciones elevadas y uso de vehículos oficiales con patente diplomática, sin constancias públicas de control. Se destacan los casos de Gabriel Morano, secretario Técnico y Administrador del Puente Internacional General Artigas, y Tamara Ivón Cerneaux, asesora externa. En particular, la situación de Morano genera preocupación por la superposición de cargos estratégicos y una presencia laboral limitada, lo que afecta el funcionamiento operativo del organismo y plantea interrogantes sobre el control interno. Un proyecto millonario fuera de competencia Otra señal de alarma surgió con la Nota Externa DACARU N° 50/2025, firmada por Montero y acompañada por un caso de negocio elaborado por Cerneaux. Allí se propuso un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para repavimentar rutas provinciales argentinas, en especial la Ruta 136, por un monto estimado en 15 millones de dólares. El financiamiento incluía fondos de reserva de la CARU, recursos de contingencia, partidas destinadas al dragado del río Uruguay y la eventual suba de peajes. La delegación uruguaya rechazó la iniciativa, al considerarla ajena a las competencias del organismo y lesiva para los recursos compartidos. Contrataciones bajo sospecha El cuadro se completa con una compulsa de precios impulsada por Alejandro Primus, asesor externo vinculado al presidente, quien firmó como integrante del área contable sin integrar la planta permanente. El objeto fue la impresión de 6.000 libros institucionales por un monto cercano a 50.000 dólares. La recomendación habría favorecido a Servicios Integrales La Plata SRL, una empresa cuyo giro declarado no se corresponde con servicios editoriales y con domicilio en La Plata, ciudad de origen del presidente y su entorno. La situación configura indicios de direccionamiento que ameritan auditorías. Transparencia en cuestión No se trata de versiones ni conjeturas: existen notas identificadas, montos precisos, cuentas bancarias, decretos oficiales y nombres propios. Las preguntas son concretas: ¿con qué respaldo normativo se intentó canalizar fondos para gastos inexistentes? ¿Dónde están las rendiciones? ¿Quién autorizó proyectos fuera de la competencia del organismo? La gravedad institucional no reside solo en los montos involucrados, sino en el quiebre de las reglas que protegen recursos compartidos entre dos Estados. La información expuesta exige explicaciones, controles y eventuales investigaciones administrativas y judiciales. En la CARU, la transparencia ya no puede ser un discurso: debe ser una obligación legal y ética. Fuente: Análisis El Telégrafo
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