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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 29/01/2026 19:00
Tensión diplomática: delegación argentina solicitaría millones para rutas y sobresueldos en la CARU aunque sus miembros asumieron ad honorem Un clima de profundo malestar atraviesa las oficinas de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La delegación uruguaya ha frenado una serie de iniciativas presentadas por sus pares argentinos que, según denuncian, desvirtúan el propósito del organismo binacional. En el centro de la polémica se encuentran nuevas irregularidades en la CARU, que incluyen la solicitud de 15 millones de dólares para pavimentar una ruta nacional y el intento de cobro de gastos de representación por 50.000 dólares mensuales para funcionarios designados ad honorem. La relación bilateral en el seno de la CARU atraviesa uno de sus momentos más delicados tras salir a la luz supuestas irregularidades. Fuentes consultadas indican que las diferencias de criterio sobre el manejo de los fondos comunes han provocado un deterioro en el vínculo, evidenciado recientemente por la ausencia de la delegación argentina en los actos conmemorativos del 50º aniversario del Puente Internacional General Artigas. El pedido millonario para la Ruta 136 El principal punto de conflicto surge de una propuesta formalizada por Raúl Montero, presidente de la delegación argentina. Acompañado de un informe técnico elaborado por la licenciada Tamara Ivón Cerneaux, Montero solicitó que la CARU firme un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para financiar, con 15 millones de dólares de las arcas binacionales, la repavimentación de la Ruta Nacional 136 en Entre Ríos, acceso clave al Puente Libertador General San Martín. La delegación uruguaya rechazó de plano la iniciativa. Argumentan que financiar obras viales en territorio soberano de uno de los países escapa a las competencias de la CARU y distrae recursos críticos, como los fondos de reserva, de contingencia e incluso partidas destinadas al dragado del río. Además, la propuesta argentina sugería cubrir la inversión mediante un aumento de peajes, lo que encendió las alarmas en la vecina orilla ante el riesgo de comprometer la liquidez del organismo. Polémica por sobresueldos y el quinto delegado La controversia financiera no termina en la obra pública. Documentos filtrados a la prensa revelan una solicitud de la delegación argentina para que la CARU deposite mensualmente gastos de representación correspondientes a cinco delegados, a pesar de que Argentina solo ha designado oficialmente a cuatro. La delegación argentina actual está compuesta por Raúl Luis Montero, Francisco Mansanta, Agustina Piñeiro y María Laura Ojeda. Todos fueron designados bajo la modalidad ad honorem, ya que mantienen sus remuneraciones en sus organismos de origen. Sin embargo, la presidencia de la delegación argentina elevó un proyecto para cobrar gastos de representación por la totalidad de los cinco cargos estatutarios incluyendo uno vacante, lo que implicaría un desembolso mensual cercano a los 50.000 dólares. Para la contraparte uruguaya, esta maniobra no solo contradice el estatus ad honorem de los funcionarios, sino que implica el desvío de fondos para un cargo inexistente, bajo el argumento de gastos de funcionamiento a depositarse en una cuenta del Banco Nación en Montevideo. El fantasma de la corrupción y causas reactivadas Estas nuevas tensiones se suman a un historial reciente de sospechas sobre la administración argentina en el ente. El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán S. Viri, ha reactivado una causa por un presunto desfalco de 20 millones de dólares en sobreprecios de dragado durante el período 2015-2019. La investigación judicial apunta a exfuncionarios de alto perfil que integraron la delegación durante el gobierno de Mauricio Macri: * Mauro Vazón: Actual presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. * Jorge Satto: Actual secretario de Turismo de la provincia. * Juan Enrique Ruiz Orrico: Exfuncionario portuario, actualmente imputado en una causa penal por un accidente vial con cuatro víctimas fatales, cuyo juicio está programado para febrero de 2026. La citación a indagatoria de estos exdelegados, junto a directivos de la empresa dragadora Jan de Nul, añade una capa de gravedad institucional, vinculando la gestión actual y pasada del organismo con presuntos manejos indebidos de fondos públicos.
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