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» Clarin
Fecha: 29/01/2026 14:31
En un comunicado que difundirá este jueves, y al que tuvo acceso Clarín, la Unión Argentina de Salud (UAS) puso el foco en lo que interpretan como un problema serio que está afectando especialmente a las obras sociales: el cobro por el uso que sus afiliados hacen de los hospitales públicos. La entidad expresó su "preocupación por los nuevos mecanismos de cobro que algunas jurisdicciones provinciales están aplicando a la seguridad social y a los sistemas de medicina privada por prestaciones realizadas en hospitales públicos. Entre estos procedimientos se encuentran la aplicación de intereses y cargos adicionales, la intervención de agentes recaudadores y la conversión de facturas en instrumentos con capacidad ejecutiva". Como lo tradujo a este diario un importante ejecutivo de una cámara empresaria nucleada en la UAS, hay jurisdicciones que armaron estructuras para gestionar la cobranza, con un sistema de abogados que llevan adelante los procesos de ejecución las facturas impagas por parte de obras sociales y prepagas. Según afirmó, este sistema tiene varias fallas que los perjudican directamente. Y en los últimos meses se vieron agravadas por un mecanismo de cobro que describió como "imperativo" y hasta "violento". Puso el ejemplo de una jurisdicción donde se habilitó la feria judicial para ejecutar el cobro de una factura emitida por un hospital provincial a un financiador. Otro directivo de una obra social con una gran cantidad de afiliados, también usó duros adjetivos para calificar la situación: Es injusta, inmoral e ilegítima. En su comunicado, la entidad que nuclea tanto a los financiadores (prepagas y obras sociales) como a los prestadores del sector privado (clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico) es más elegante en sus términos, pero igual de enfática en el eje del reclamo. Desde una perspectiva equilibrada que contemple a todos los actores pacientes, profesionales, prestadores y financiadores, la UAS destaca la importancia de preservar el adecuado funcionamiento de las cadenas de pago. La previsibilidad, la razonabilidad de los plazos y la equidad entre las partes son condiciones esenciales para garantizar un esquema sostenible y beneficioso para todo el sistema. En este contexto, armonizar los mecanismos de cobro y pago con sentido común y respeto por las responsabilidades de cada actor es indispensable para promover soluciones que generen valor compartido, expresó. Si bien no mencionan a las jurisdicciones, Clarín pudo saber que apuntan principalmente a la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, aunque sistemas similares funcionan también en Córdoba y Jujuy. En Capital, desde 2016 fue creada por ley la FACOEF, una Sociedad del Estado de la Ciudad que, según se explica en la página web del Gobierno porteño, "realiza el recupero de las atenciones de las personas que, teniendo alguna cobertura de salud, se atienden en los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gestiona los convenios PAMI e INCLUIR SALUD por cuenta y orden del Ministerio de Salud de CABA". Entre otras funciones, "gestiona y administra la facturación y cobranza de las prestaciones brindadas a personas con cobertura pública, social o privada" por los efectores de salud público. "Tiene por objeto colaborar en el fortalecimiento y mejora del Sistema Público de Salud del Gobierno de la Ciudad", aseguran. En Mendoza, desde agosto de 2024 funciona el Reforsal, sigla del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud. Según datos que informó el mismo organismo y publicaron medios locales, en 2025, su primer año de funcionamiento, recaudó "más de $17.000 millones, recursos que fueron destinados de manera directa al sistema de salud provincial y municipal". Directivos que están en la UAS piden, por lo bajo, ver qué porcentajes de esos recursos se utilizaron en honorarios de abogados que llevaron adelante los litigios y las ejecuciones. También marcan que durante años, el sistema se financió en una especie de bicicleta para contribuir justamente a la solidaridad del mismo. Es como una relación continua con un cliente. Puede haber un retraso pero todos los meses cobrás, es una cordialidad obligada por la característica del vínculo, graficó uno de ellos. La característica del vínculo está definida, aseguran, por una crisis de las obras sociales que no viene más que agravándose en el tiempo. "El modelo de atención médica esta en una crisis profunda porque somos uno de los pocos países del mundo que quiere financiar la atención medica con una parte del salario, que además ha ido deteriorándose. Con el 9% del salario que hoy financia las obras sociales es muy difícil, describe Luis Scervino, director del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, un think tank del sector. Acaba de publicar un artículo al respecto y asegura que en los sistemas del mundo que funcionan, el Estado hace una fuerte inversión. Una situación de larga data que se acentuó ahora Según explica, el cobro a la seguridad social por parte del Estado no es nuevo. Una de las primeras provincias que comenzó a facturar sus prestaciones fue la de Buenos Aires, en la década del 80. En los 90, el modelo se perfeccionó con el proyecto de hospitales de autogestión. Con los años y las nuevas posibilidades tecnológicas, muchos hospitales desarrollaron sistemas administrativos para generar una facturación y además hoy, con solo cargar el DNI del paciente, es posible saber si cuenta con alguna cobertura de salud. Según Scervino, que fue superintendente de Servicios de Salud en la gestión de Macri, el trasfondo de este tema es una situación filosófica que nunca se resolvió, que es quién financia a los hospitales públicos. Los 47 millones de habitantes de argentina cuando compran un litro de leche y pagan IVA, va a los hospitales, señala. El hospital público tuvo históricamente un financiamiento público y solidario, de gente que lo pagaba a través de sus impuestos y, como tenía otras coberturas, nunca lo usaba. Pero en los últimos años, por diversas razones, pacientes con obra social e incluso con prepaga empezaron a ir al hospital. Puede ser porque en algunos casos el hospital público tiene un servicio de mayor complejidad que no puede brindar el privado; porque es el mejor centro de salud disponible o el más cercano en el lugar de residencia (esto ocurre especialmente en el interior); porque se consigue turno más rápido; y el principal motivo: todas las obras sociales cobran hoy copagos al afiliado; los hospitales públicos, no. Por esta mayor demanda, los financiadores tienen que pagar más a la jurisdicción de la que depende el hospital. Y aseguran que el sistema es injusto porque el Estado no cobra a todo el mundo por igual: por ejemplo, a las obras sociales provinciales, porque, dicen, no pueden ejecutarles la deuda. Y también, sostienen, el propio Estado que exige el pago en plazos cada vez más cortos aplica otros términos cuando él es el deudor. El responsable de una clínica de Mendoza aseguró que la obra social provincial les debe cinco meses de 2025 y que los montos que les paga a los privados son menores que los que el Reforsal les cobra por la atención de los pacientes en los públicos. "Otro aspecto crítico es que el Estado fija unilateralmente los valores de las prestaciones, a menudo más altos que en el sector privado, pese a que este último debe pagar impuestos y obtener ganancias. Además, cuando el Estado actúa como pagador, se toma plazos extensos de 60 o 90 días sin pagar intereses, mientras que cuando cobra, lo hace de manera perentoria y con recargos. Este doble estándar es claramente abusivo y afecta la equidad del sistema", aseguró Ricardo Lilloy, presidente de la prepaga mendocina Medimás. El ejecutivo remarcó que un problema serio es que el Estado ha transformado una factura común de hospital en un título ejecutivo. Esto significa que, si una obra social o prepaga no paga en tiempo y forma, se le trata como si fuera un deudor de impuestos, judicializándolo de inmediato. Este privilegio inusual coloca al Estado en una posición de poder excesivo, permitiéndole embargar fondos de las obras sociales sin mayor trámite, Esto es muy irregular como si se tratara de una compañía aérea o petrolera que por ser estatal pueda cobrar compulsivamente a sus clientes. Y genera un gasto judicial innecesario que termina saliendo del bolsillo de los trabajadores y las obras sociales, fondos que deberían destinarse a la salud, no a litigios inventados. Otro punto que cuestionó el responsable médico de una obra social es que algo similar sucede con los medicamentos: los gobiernos provinciales les cobran a las obras sociales el valor del nomenclador médico, "que no paga ni siquiera quien va a la farmacia, donde le hacen el 20% de descuento en el mostrador". "Los hospitales pagan los medicamentos a un valor inferior porque compran por volumen. No nos dejan pagarlos a ese valor ni tampoco reponerlo de nuestro stock, que también lo conseguimos más barato por volumen, o dejarles un crédito abierto en la droguería", se quejó, y aseguró que de lo que paga a los hospitales públicos de la Ciudad "el 15% corresponde a gastos de medicamentos, cuando podría ser el 4%. Clarín consultó al respecto de estos puntos a las autoridades de los ministerios de Salud de CABA y Mendoza, pero al cierre de esta nota aún no había obtenido respuesta. Qué propuso la UAS La UAS cerró su comunicado expresando vocación permanente de articulación y consenso, y propuso avanzar en soluciones prácticas para ordenar un tema complejo y de alto impacto operativo. Por ejemplo, que se le comunique al financiador de manera previa la prestación a realizar, a fin de permitir la autorización correspondiente o la derivación del afiliado. También, resaltó que la celebración de convenios con normas operativas claras y listados de precios acordados constituye el instrumento adecuado para dotar de previsibilidad y equilibrio a la relación entre prestadores públicos y financiadores privados. La salud privada cumple un rol central en la atención de una parte sustancial de la población y es un componente esencial del sistema sanitario argentino. Por ello, toda política vinculada a su financiamiento debe orientarse a preservar la solvencia, la estabilidad y el normal desenvolvimiento del sector, insistió. Sobre la firma Newsletter Clarín
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