25/01/2026 09:59
25/01/2026 09:59
25/01/2026 09:57
25/01/2026 09:55
25/01/2026 09:53
25/01/2026 09:48
25/01/2026 09:48
25/01/2026 09:46
25/01/2026 09:46
25/01/2026 09:46
» Clarin
Fecha: 25/01/2026 07:18
En estos días de debate sobre el Proyecto de Ley de Modernización del Sistema Laboral impulsado por el P.E.N., se discute cuánto van a perder de ingresos las provincias al bajar el monto coparticipable de impuestos a las ganancias. Antes de entrar de lleno en ese análisis debemos considerar que, según la Constitución Nacional, toda reforma tributaria (la modificación de impuestos y contribuciones lo es) debe tener como cámara de origen la de Diputados; pero el Ejecutivo optó por el camino de la negociación con las provincias e inició el debate en el Senado. En este marco, se empezó a escuchar una palabra: compensación, o sea, si las provincias van a tener menos ingresos de coparticipación, cómo se las compensa. Algunas aclaraciones legales y numéricas al respecto: - La Coparticipación Federal de Impuestos es una ley (23.548/88), con lo cual desde el punto de vista jurídico deberíamos estar hablando de otra ley que en el futuro compense los menores recursos con otros ingresos que sean transferidos del Estado nacional a las provincias. - El recorrido de la Coparticipación en nuestro país no está exento de sentencias de la Corte Suprema (la última, la de la Ciudad de Buenos Aires, incumplida por el actual gobierno nacional), litigios, negociaciones, miradas distintas, que impactan en el sistema republicano y federal generando rispideces y muy pocos acuerdos. Agregar otro capítulo no sería decoroso para nadie. Los costos Pero vayamos a las cifras para tener una noción de qué estamos hablando. Depende de sobre qué base se hable (recaudación tributaria 2025 o proyección de recursos tributarios 2026 según el Presupuesto nacional), podemos decir que el costo fiscal solo de la masa coparticipable estimado en el proyecto de ley, no incluido en el Presupuesto aprobado en diciembre, asciende a cerca de 2.200 millones dólares, con el siguiente reparto: Reducción del Impuesto a las Ganancias de Sociedades: empresas chicas: de 30% a 27% (146.257 empresas); empresas grandes: de 35% a 31,5% (15.474 empresas). El costo fiscal anual: US$2.020 millones corresponden a grandes empresas; US$180 millones, a empresas chicas. Se estima una merma promedio del 0,57% de la masa coparticipable, afectando directamente los ingresos de las jurisdicciones locales y debilitando el federalismo fiscal. Más allá de considerar una total regresividad en el sistema porque solo se favorece a los segmentos de grandes empresas, esta iniciativa perjudica a las provincias, que ya cargan con la falta de obra pública nacional, con menores transferencias de ingresos, con incumplimientos del Estado nacional y negociando ATN por cifras menores que la suma de todas las pérdidas. Solo un ejemplo: por incumplimientos de la sentencia de la Corte Suprema, el Estado nacional le adeuda a la Ciudad de Buenos Aires alrededor de 5.000 millones de dólares. La disminución de la coparticipación, si se aprueba la ley, es de alrededor de 95.000 millones de pesos. Si hablamos del resto de las 23 provincias, sería un número cercano a los 3,2 billones de pesos. ¿Cómo se compensa esa pérdida de ingresos? No hay ATN que alcance ni para la Ciudad ni para el resto de las 23 provincias argentinas. Sobre la firma Newsletter Clarín
Ver noticia original
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por