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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 25/01/2026 09:46
Tras el caso que involucró al intendente José Luis Walser por un viaje a Brasil en un vehículo municipal, el bloque de La Libertad Avanza fijó postura y reclamó explicaciones administrativas claras. Por: Matías Dalmazzo La redacción del diario La Calle abordó la semana pasada la mirada del bloque del PJ de Colón sobre el accidente que protagonizó el intendente José Luis Walser en Brasil y el uso de una camioneta oficial en un traslado definido como mixto. El concejal Martín Medina puso el foco en la responsabilidad institucional y en la necesidad de dar explicaciones sobre recursos que pertenecen a la comunidad. Ahora, este medio buscó la opinión de otro espacio político con representación en el Concejo Deliberante de la ciudad vecina. La concejala María de los Ángeles Frencia, del bloque de La Libertad Avanza, analizó el impacto del episodio, diferenció el plano humano del institucional y sostuvo que la transparencia y el control del Ejecutivo resultan obligaciones centrales frente a los vecinos de Colón. -¿Cómo evalúa el hecho que involucra al intendente de Colón, José Luis Walser, por el uso de un vehículo municipal durante un viaje familiar a Brasil que terminó en un accidente? -Desde lo humano, no podemos dejar de solidarizarnos con la familia del presidente municipal por el accidente y sus consecuencias. Eso está fuera de discusión y merece respeto. Desde lo institucional, el hecho plantea interrogantes que deben ser aclarados. El uso de un vehículo municipal en un viaje que, según el propio comunicado oficial, incluía días de descanso familiar en el exterior, genera una situación que no puede ser pasada por alto. No se trata de prejuzgar ni de condenar, sino pedir explicaciones claras sobre el encuadre administrativo y legal de ese uso. Como concejales tenemos la obligación de ejercer el control del Ejecutivo y representar a los vecinos. Eso implica preguntar, requerir información y garantizar transparencia. La empatía humana no puede reemplazar la rendición de cuentas, y ambos planos deben convivir sin confundirse. -Desde su mirada política e institucional, ¿cree que este episodio afecta la credibilidad del intendente y la imagen del municipio de Colón ante la región? -Este gobierno municipal, cuando asumió, hizo de la transparencia una bandera central de su campaña y se jactó de venir a cambiar viejas prácticas. Justamente por eso, cuando ocurren hechos que generan dudas y no se explican con claridad desde el primer momento, el impacto es mayor, porque contradicen ese discurso inicial. Desde lo institucional, este episodio sí afecta la credibilidad, no por una condena anticipada, sino por las preguntas que quedan abiertas. Y hay un interrogante que es legítimo plantear: ¿qué hubiera ocurrido si este hecho trágico no sucedía? ¿Los vecinos de Colón se hubieran enterado de este supuesto viaje oficial, de los días de descanso previstos y del uso de un vehículo que pertenece a toda la comunidad? Estás situaciones obligan a reflexionar no solo sobre este caso puntual, sino también sobre la necesidad de controles más claros y reglas más estrictas. Porque cuando los bienes públicos se utilizan sin explicaciones suficientes, se daña la confianza, y la confianza es el capital más importante que tiene cualquier gestión. -El intendente dio una explicación pública sobre el viaje y el uso del vehículo oficial. ¿A usted le resulta creíble esa versión o considera que hay puntos que aún no cierran? La conferencia que brindó el intendente estuvo mucho más cargada de un componente emocional que de respuestas técnicas y objetivas. Eso puede ser comprensible desde lo humano, por la situación vivida, pero no alcanza desde lo institucional. Cuando se trata del uso de bienes públicos, de viajes al exterior y de decisiones administrativas; las explicaciones no pueden apoyarse solo en lo emotivo. Se necesitan datos concretos, actos administrativos, autorizaciones, documentación y un encuadre claro. Y eso, hasta ahora, no apareció con la claridad necesaria. El problema es que la parte técnica quedó en segundo plano, y es justamente ahí donde están las preguntas que el Municipio todavía no respondió. Gobernar implica sensibilidad, sí, pero también rendir cuentas con precisión y transparencia, sobre todo cuando se administran recursos que pertenecen a todos los vecinos. -¿Qué lectura hace del hecho de que el propio intendente haya reconocido el uso del vehículo oficial, aunque haya negado el uso de fondos municipales para el viaje? -Desde una mirada institucional y legal, el punto central no pasa por si el intendente pagó o no de su bolsillo el combustible o los peajes. Eso es irrelevante para el análisis de fondo. Lo que está en discusión es el uso de un bien público, en este caso un vehículo oficial, para un fin que de acuerdo al propio relato oficial, fue de carácter personal y familiar. El uso de un vehículo del Estado no sé legítima porque alguien pague gastos accesorios. El bien en sí pertenece a la comunidad, y su utilización debe estar estrictamente vinculada a funciones públicas debidamente autorizadas. Cuando eso no ocurre, la situación puede encuadrarse en una irregularidad grave, e incluso en una figura penal que será la Justicia la que deba analizar. Esto no es una vara distinta para Colón, ni para este intendente en particular. Sucede en cualquier lugar de la Argentina, nadie está exento de la ley por el cargo que ocupa. Justamente por eso es tan importante que estos hechos se esclarezcan con seriedad y sin relativización es, porque lo que está en juego no es un gasto menor, sino el respeto por los bienes públicos y por las reglas que rigen la función pública. -Tras la denuncia, el intendente intensificó anuncios y actividades de gestión. ¿Cree que esa agenda busca desviar la atención del conflicto o responde a una dinámica habitual del gobierno municipal? -No tenemos ninguna duda de que hay una clara intención política de correr el eje de la discusión y tapar el problema de fondo. La agenda de anuncios y actividades puede ser habitual en cualquier gestión, pero el momento en que se despliega no es inocente. Lo que más asombra es la ligereza y serenidad con la que el bloque oficialista trató un hecho irregular, llegando incluso a emitir un comunicado diciendo que esto es «una cuestión política». No lo es. No estamos discutiendo ideas ni proyectos, estamos pidiendo que se aclaren hechos concretos vinculados al uso de bienes públicos. Anunciar medidas de gestión no borra preguntas que siguen sin respuesta. La transparencia no se reemplaza con anuncios, y la institucionalidad no se defiende relativizando lo ocurrido. Acá no sé trata de hacer política, se trata de explicar con claridad qué pasó, bajo qué autorizaciones y con qué marco legal. Intentar desviar el debate hacia otro lado solo agrava la situación, se elige minimizar. Y cuando eso ocurre, el daño no es para la oposición, es para la confianza de los vecinos en sus instituciones. -¿Considera que, frente a una denuncia de este tipo, la prioridad debería ser dar explicaciones claras antes que reforzar la agenda política y comunicacional? -Sí, absolutamente. La prioridad tiene que ser dar explicaciones claras y formales dentro del marco institucional. El intendente deberá responder, cómo corresponde, los pedidos de informes que hemos presentado, y hacerlo dentro de los plazos que establece la Ley 10027. En este municipio, lamentablemente, la falta de respuesta a los pedidos de informes se ha convertido en una práctica recurrente, y en este caso no lo vamos a tolerar. Paralelamente, hay otra instancia que no descartamos y seguimos evaluando, porque la situación es grave y está muy latente, la vía judicial. Desde nuestro espacio estamos reuniendo y aportando pruebas, y el intendente deberá dar las explicaciones que correspondan ante el Concejo Deliberante y, sí así se decide, ante la Justicia. Cada poder es independiente y debe cumplir su rol. Nosotros no vamos a mirar para otro lado. No vamos a parar hasta qué los hechos se esclarezcan, porque eso es lo que nos demandan los vecinos y lo que exige el respeto por las instituciones. -Desde su bloque de La Libertad Avanza, ¿qué postura política adoptaron frente a este episodio y qué debate interno generó la denuncia contra el jefe comunal? -Desde nuestro espacio, en primer lugar, estamos actuando dentro de las facultades que nos otorga la función de concejales, que es exigir explicaciones por la vía institucional. Por eso presentamos pedidos de informes y vamos a insistir en que se respondan en tiempo y forma, como establece la Ley. Ése es el primer paso y no lo vamos a saltear. Al margen de eso no descartamos la posibilidad de avanzar por la vía penal, y es una decisión que seguimos evaluando con mucha responsabilidad. En ese sentido, hay distintas formas de accionar. Sabemos que otros espacios optaron por llevar el tema ante la Oficina Anticorrupción, lo cual es una instancia válida dentro del sistema. Nosotros entendemos que, si corresponde, las explicaciones también deben darse directamente ante la justicia, aportando las pruebas que estén a nuestro alcance y dejando que sea un fiscal quien investigue. No sé trata de competir ni de hacer política con una denuncia, sino que los hechos se esclarezcan en todos los ámbitos que correspondan. Primero el marco institucional y si eso no alcanza, la Justicia. Cada poder tiene su rol y nosotros vamos a cumplir el nuestro hasta el fin. -¿Cree que el Concejo Deliberante de Colón debería avanzar con pedidos de informes u otras herramientas institucionales para esclarecer lo sucedido? -Sí, totalmente. Desde la oposición hicimos lo que nos corresponde, que es presentar pedidos de informes y exigir explicaciones dentro del marco institucional. Eso es ejercer el rol de control que nos dieron los vecinos. -¿Considera necesario que intervengan organismos de control externos para llevar transparencia a este caso? -Sí, es necesario que intervengan organismos de control externos, y también es clave la presión mediática, porque muchas veces es lo que impulsa a qué los mecanismos institucionales y judiciales actúen. La transparencia no se logra en silencio.
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