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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 25/01/2026 09:59
Durante décadas, muchas personas, instituciones, directivos, dirigentes y militantes venimos trabajando honoríficamente para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos que tienen alguna condición, dentro de los colectivos de Personas con Discapacidad (PCD). Saber que te escuchan, que te entienden y que existe disposición para encontrar soluciones a través de ordenanzas, decretos, resoluciones o leyes que amparan derechos fijados en la Constitución, en legislaciones vigentes o en tratados internacionales, es parte de logros que suelen demorar años, pero que llegan. Pequeños o grandes, no son otra cosa que derechos adquiridos y mejor calidad de vida para nuestros hijos y para todo el colectivo de PCD. Actuamos como referentes, aportando experiencia y militancia, y también como veedores para que las cosas se hagan bien. La información y el conocimiento nos otorgan poder cuando son bien utilizados. Durante años, las políticas públicas en discapacidad estuvieron a cargo de la Comisión Nacional Asesora para las Personas con Discapacidad (Conadis), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Allí se trabajaba sobre leyes de vanguardia y funcionaba de manera efectiva el Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), abordando escolaridad, salud, vivienda, trabajo, acceso a la tecnología, deportes y recreación, siempre con el objetivo de reducir la discriminación y el estigma. En ese contexto se fortaleció el movimiento asociativo de padres a nivel nacional y se trabajó intensamente en congresos, conferencias y seminarios, junto a referentes internacionales que aportaron experiencias de otros países. Paralelamente, Naciones Unidas impulsaba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proceso del que Argentina fue parte activa. La Convención se dio a conocer a nivel mundial en 2006 y para nuestro país significó el primer Tratado Internacional rubricado en este nuevo milenio. Fue una herramienta fundamental, de jerarquía constitucional, para trabajar sobre derechos. Con ella se dejó atrás el modelo médico hegemónico de la discapacidad la PCD no es un enfermo y se adoptó el modelo social, basado en los derechos humanos. Las personas con discapacidad pasaron a ser reconocidas como Sujetos de Derecho: con identidad, derechos y obligaciones como ciudadanos. Se educan, votan, participan de la vida política, deben acceder al mercado laboral competitivo y al sistema de salud. Lo que antes se consideraban beneficios pasó a reconocerse claramente como derechos, expresados en los cincuenta artículos de la Convención y su protocolo facultativo. Argentina puso en vigencia la Convención en 2008 como Ley Nacional Nº 26.378, sumándose a otras normativas existentes, como la Ley Nº 24.901 de prestaciones básicas. Todo indicaba que los tiempos venían con viento a favor. En 2016, la Conadis fue transformada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con autonomía y presupuesto para llevar adelante políticas públicas. No funcionó como se esperaba, pero al menos era un espacio de discusión. Hoy, la realidad es muy distinta. Se plantean quitas injustas de pensiones, reformas del sistema de salud que restringen prestaciones, trabas en educación inclusiva ya debatida e implementada, desaparición de capacitaciones y el vaciamiento de herramientas fundamentales para garantizar derechos. Aquello que durante años se promovió como responsabilidad social y buenas prácticas inclusivas hoy parece reducido a un eso no se puede. Se denuncian actos ilícitos y de corrupción en la Andis, se eliminan derechos básicos y la Agencia se desintegra para pasar a depender del Ministerio de Salud de la Nación, ignorando la Convención y la Ley Nacional Nº 26.378, y regresando al modelo médico de la discapacidad. La PCD vuelve a ser considerada una persona enferma que hay que curar o rehabilitar, no educar ni incluir. Estas decisiones vulneran derechos y hacen retroceder conquistas logradas durante años, priorizando números y el tan mentado déficit cero por sobre la salud y los derechos de una parte importante de la población. Promovemos el diálogo, nos manifestamos con marchas pacíficas, entregamos manifiestos y ofrecemos nuestra experiencia. La respuesta es represión, derogación de leyes, violación de derechos e incumplimiento de la legislación vigente. No implementar la ley de emergencia en discapacidad también vulnera derechos constitucionales. Las consecuencias son claras: personas que quedan en el camino, familias que colapsan, instituciones que no resisten. Este 2026 nos encuentra llenos de incertidumbre. Hoy no sabemos dónde estamos parados ni vislumbramos un cambio. No es necesario estar de acuerdo conmigo, pero sí discutir y generar consensos para salir de esta gravísima situación. Dejemos de buscar simbolismos o interpretaciones. Simplemente, hagamos algo.
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