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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 25/01/2026 02:52
Por debajo del ruido cotidiano de la confrontación entre la Casa Rosada y el peronismo bonaerense, comienza a moverse una placa tectónica que, de activarse, podría reordenar el sistema político de la provincia más poderosa del país. La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires inició la exploración, todavía embrionaria pero deliberada, de la posibilidad de impulsar una reforma integral de la Constitución bonaerense con el objetivo de reforzar la protección de la vida, la libertad y la propiedad privada, bajar de manera vertical el gasto público y rediseñar el Estado. No se trata de un proyecto cerrado ni de una iniciativa con tiempos legislativos definidos. Tampoco de un anuncio formal. Es una decisión estratégica: instalar un debate de fondo, tensionar el sistema político provincial y convertir la arquitectura institucional bonaerense en el eje de una disputa que supera ampliamente la coyuntura y se proyecta en clave electoral. Infobae pudo saber que esta iniciativa no es marginal dentro del espacio libertario: cuenta con el aval político de la conducción nacional del partido. Según reconstruyó este medio a partir de fuentes partidarias, la idea de avanzar hacia una reforma constitucional bonaerense tiene respaldo de Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional y secretaria general de la Presidencia. En el esquema de poder libertario, ese dato resulta determinante: ninguna iniciativa estratégica de este calibre podría avanzar sin su aval. De acuerdo a las fuentes que confirmaron esta novedad, Javier Milei, al tanto de las discusiones preliminares, no puso reparos, aunque transmitió que cualquier propuesta debe tener solidez técnica y, sobre todo, factibilidad política. La hipótesis que guía este movimiento es ambiciosa. En el ecosistema libertario bonaerense consideran que el escenario electoral abrió una grieta inesperada en el bastión histórico del peronismo. Hay un dato que estimula el debate. La Libertad Avanza en octubre revirtió el resultado y se impuso en la provincia de Buenos Aires, luego de haber perdido en septiembre por más de trece puntos. Ese dato, interpretado desde una perspectiva estructural, alimenta una convicción que hasta hace poco parecía impronunciable: en 2027 no solo sería posible ganar la gobernación, sino también disputar las mayorías legislativas necesarias para alterar las reglas de juego que impone el aparato político bonaerense. O las fuerzas del statu quo. La pelea bonaerense es, históricamente, la madre de todas las batallas. La provincia concentra cerca del 40% de la población y del producto bruto del país. El AMBA funciona como caja de resonancia que condiciona la política nacional desde hace más de cuatro décadas. Gobernar Buenos Aires, o reformarla en profundidad, implicaría intervenir sobre el corazón mismo del poder argentino. En La Libertad Avanza bonaerense, que preside el diputado nacional Sebastián Pareja, consideran que esa es la disputa real, más allá de los intercambios retóricos o de las batallas parlamentarias menores. Pero aclaran que es una propuesta de dimensión bonaerense: nadie está pensando en cambios en la Constitución Nacional. El diagnóstico adquiere mayor relevancia en un contexto donde el PJ bonaerense atraviesa una interna feroz y a cielo abierto. El gobernador Axel Kicillof y un grupo creciente de intendentes del conurbano y del interior provincial disputan poder y estrategia con Cristina Kirchner y La Cámpora, bajo la conducción de Máximo Kirchner. En ese tablero inestable, Sergio Massa, desde el Frente Renovador, busca terciar para evitar una ruptura del panperonismo, consciente de que una fractura podría dejar al oficialismo provincial en una situación de extrema vulnerabilidad frente al avance libertario. El diagnóstico en LLA se endureció tras el episodio que rompió los puentes con el peronismo provincial. La reciente aprobación del endeudamiento bonaerense obtenida a través de acuerdos cruzados en Diputados y en el Senado, con concesiones de cargos en el Banco Provincia y una serie de beneficios y canonjías para conseguir los votos necesarios dejó una marca profunda. Fuentes libertarias indicaron a Infobae que, a partir de ese momento, se tomó una decisión política tajante: durante los próximos dos años no habrá negociación de ningún tipo con el peronismo. La decepción es absoluta. En la versión libertaria, aquella sesión confirmó que el sistema político bonaerense se autoprotege. Frente a cualquier intento de alteración profunda, activa mecanismos de defensa que combinan pragmatismo legislativo, reparto de cargos y preservación de las cajas. Ese diagnóstico explica por qué la reforma constitucional aparece ahora como una palanca: no como una herramienta técnica, sino como un instrumento de confrontación directa con las bases del poder provincial. En ese marco se inscribe también la insistencia con la Boleta Única de Papel. En La Libertad Avanza saben que hoy no cuentan con los votos para aprobarla en la provincia. Aun así, la impulsan. No porque crean que prosperará en el corto plazo, sino porque entienden que cada derrota legislativa expone la resistencia del sistema al cambio. La lógica es concreta: perder en el recinto y ganar en el debate público. La reforma constitucional que empieza a circular en las conversaciones libertarias no es un parche. Representa una revisión profunda de las estructuras políticas, administrativas y judiciales de la provincia. El primer punto el más simbólico y, a la vez, el más disruptivo es la transformación de la Legislatura. Actualmente, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema bicameral: una Cámara de Diputados y un Senado, con 92 diputados y 46 senadores. Dos cámaras, dos circuitos de comisiones, dos instancias de negociación, dos estructuras administrativas completas. Para los libertarios, ese esquema no solo es costoso: resulta funcional a la reproducción del poder político. La propuesta en discusión es avanzar hacia una Legislatura unicameral, siguiendo el antecedente de Córdoba, que en 2001 reformó su Constitución y eliminó el bicameralismo. El unicameralismo no se plantea como una curiosidad institucional, sino como un golpe directo a la caja de la política bonaerense y el corazón del statu quo cuestionado. Menos legisladores, menos cargos, menos estructuras, menos posibilidades de bloqueo cruzado. También menos intermediaciones para los acuerdos subterráneos que, según esta perspectiva, sostienen el status quo. No se trata de un detalle técnico: es una redefinición del poder legislativo provincial. Otro eje conecta directamente con el ADN ideológico del espacio. Reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada ocupa un lugar central en el borrador conceptual que manejan las fuentes libertarias. Para La Libertad Avanza, la propiedad no es un derecho más dentro de un catálogo: es el pilar que estructura el resto del sistema. Blindarla constitucionalmente implica protegerla de expropiaciones arbitrarias, regulaciones discrecionales y avances fiscales que, en su narrativa, terminan licuando el derecho a producir, invertir y ahorrar. En paralelo, surge la idea de incorporar de manera más explícita el principio de legítima defensa. No como consigna electoral, sino como definición constitucional. La propuesta apunta a establecer un marco claro que limite la penalización de quienes actúan en defensa de su vida o de sus bienes. En un contexto de inseguridad persistente, este punto busca modificar el eje del debate: menos énfasis en la mirada punitiva sobre el ciudadano y más garantías para el individuo frente al delito. La discusión sobre seguridad incluye otro elemento sensible: la eliminación de las policías comunales. Según fuentes partidarias consultadas por Infobae, la evaluación libertaria es que esas estructuras generaron superposición de funciones, duplicación de costos y cadenas de mando difusas. El objetivo no es reducir la seguridad, sino concentrarla, ordenar responsabilidades y evitar lo que describen como un entramado ineficiente que termina siendo funcional a la política local antes que a la prevención del delito. Otro punto que surge con fuerza es la limitación constitucional del endeudamiento provincial. La reciente polémica por la toma de deuda funciona como telón de fondo. En La Libertad Avanza consideran que el endeudamiento se transformó en una herramienta para postergar ajustes estructurales y financiar un Estado sobredimensionado. Fijar límites en la Constitución implicaría imponer una disciplina fiscal que no dependa de la voluntad circunstancial de un gobernador o de mayorías coyunturales en la Legislatura. El capítulo del achicamiento y la modernización del Estado atraviesa toda la propuesta, pero no se restringe a una lógica de recorte presupuestario. Según explicaron a Infobae fuentes libertarias involucradas en las discusiones preliminares, la intención es reordenar integralmente el sistema institucional bonaerense y devolverle una organicidad que hoy no exhibe. La crítica apunta tanto al tamaño del Estado como a su diseño. Como ejemplo, una de las fuentes destacó la superposición y el desorden territorial de las estructuras públicas. Las regiones sanitarias, las delegaciones policiales y los departamentos judiciales no responden a una lógica común, sino que están diseñados con criterios distintos y, en muchos casos, cruzados entre sí. El resultado es un Estado fragmentado, con jurisdicciones que no coinciden, responsabilidades difusas y una gestión ineficiente incluso antes de discutir recursos. Para los libertarios, una reforma constitucional debería establecer las bases para ordenar ese entramado y evitar que la desarticulación institucional siga siendo una excusa permanente para la mala gestión. En ese diagnóstico aparece otro caso emblemático: el IOMA, la obra social del Estado bonaerense. En La Libertad Avanza la describen como un ejemplo extremo de crisis sistémica y crónica, con déficit persistente en las prestaciones, una deuda acumulada de enorme magnitud y un funcionamiento que, según advierten, expone al organismo al riesgo de una virtual quiebra. Para los libertarios, el problema no es solo de administración coyuntural, sino de diseño estructural y de ausencia de controles efectivos sobre los grandes entes provinciales. Las fuentes libertarias suelen contrastar ese escenario con decisiones adoptadas a nivel nacional. Señalan la eliminación de organismos que el gobierno de Javier Milei desactivó al reducir ministerios como el Ministerio de la Mujer o entes descentralizados como el INADI y lo comparan con políticas recientes del oficialismo bonaerense. En particular, mencionan la creación de un INCAA bonaerense, un instituto provincial del cine aprobado por la Legislatura con una asignación cercana a 600 millones de pesos, en momentos en que la Provincia denuncia falta de recursos y acusa a la Nación de haber recortado transferencias. Para los libertarios, ese contraste expone una contradicción central del modelo bonaerense. La Justicia también entra en esa revisión. Las fuentes libertarias hablan de ordenar el sistema judicial, de establecer un marco de certeza constitucional sobre los límites penales y de garantizar independencia presupuestaria, sin caer aclaran en una Constitución excesivamente reglamentarista. La consigna que sintetiza este punto es conocida: el que las hace, las paga. Pero detrás de esa frase existe una intención más amplia: reducir la discrecionalidad, acotar interpretaciones expansivas y fortalecer la previsibilidad jurídica. El punto más explosivo podría ser el territorial. En las conversaciones internas reaparece la discusión sobre las intendencias y la organización municipal. Poner la mirada sobre La Matanza no es casual: es el distrito más poblado del país y uno de los núcleos históricos del poder peronista. Al mismo tiempo, se evalúa la posibilidad de unificar municipios que, según esta visión, carecen de justificación administrativa y fiscal. Es una discusión que toca intereses muy arraigados y que, de concretarse, promete una resistencia intensa. El espíritu de toda esta iniciativa quedó condensado en una frase que Pareja pronunció la semana pasada en una reunión con dirigentes libertarios. Infobae pudo reconstruir esas palabras, que circulan como síntesis del proyecto: Durante años nos dijeron que la Provincia de Buenos Aires era inviable, pero los que repetían eso fueron los mismos que se beneficiaban de un sistema que nunca quisieron cambiar. La Libertad Avanza llegó para romper ese sistema y construir uno nuevo con reformas de raíz, achicando un Estado parasitario que se sostiene exprimiendo a la gente para financiar a la política. La novedad va más allá del diagnóstico. Infobae pudo saber que la iniciativa tendrá un primer hito concreto entre abril y mayo, cuando La Libertad Avanza bonaerense realice un congreso partidario en el que el tema comenzará a discutirse públicamente. En el otoño, se pondrán en marcha equipos técnicos que iniciarán la elaboración de borradores y lineamientos, con la idea de dotar al proyecto de consistencia jurídica y viabilidad política. La reforma constitucional, además, no se presentará como un ejercicio académico, sino como una bandera de campaña. En el esquema libertario, el proyecto formará parte del discurso de los eventuales candidatos a gobernador en 2027. Hoy, en esa carrera figuran Pareja, el ministro del Interior Diego Santilli, y el futuro titular de la Agencia Nacional de Seguridad Migratoria, Diego Valenzuela. En el espacio no descartan, además, la irrupción de algún tapado, si el escenario político lo exige. Más allá de los nombres, el mensaje es que la discusión constitucional será un eje ordenador de la oferta electoral de La Libertad Avanza en la provincia. No como promesa abstracta, sino como propuesta de ruptura. Llevar esa ambición al terreno de los hechos no será sencillo. La Constitución bonaerense exige un procedimiento riguroso para su reforma. Cualquier modificación requiere, en primer lugar, que la Legislatura declare la necesidad de la reforma con mayorías agravadas. Esa declaración debe definir el alcance total o parcial y, en la práctica, suele derivar en una instancia de ratificación popular, ya sea mediante consulta o convención constituyente. Ese diseño institucional no se limita a lo técnico: constituye un dique de contención. Obliga a construir consensos amplios o, en su defecto, acumular un poder electoral lo suficientemente sólido como para superar resistencias. En La Libertad Avanza lo saben. Por eso, más que en el trámite jurídico, ponen el énfasis en la política. Sin un respaldo electoral robusto, ninguna reforma de esta magnitud es viable. Allí reside el verdadero desafío. Las fuerzas del statu quo el entramado político, sindical, territorial y burocrático que gobierna la provincia desde hace décadas carecen de incentivos para modificar las reglas. Todo lo contrario: su supervivencia depende, en gran medida, de que nada cambie. La reforma constitucional, en ese sentido, no es solo un proyecto institucional. Es una confrontación directa con ese bloque de poder. La apuesta libertaria es que el malestar social, el hartazgo con la política y la promesa de reducir el costo del Estado puedan traducirse en una mayoría capaz de impulsar ese cambio. Si lo conseguirán o no es una incógnita abierta. Lo que ya no está en duda y de eso Infobae pudo saber es que La Libertad Avanza decidió jugar esa carta. No para administrar el sistema bonaerense, sino para intentar reescribirlo.
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