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Fecha: 24/01/2026 09:39
La Dirección General Impositiva (DGI), a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos. Según la presentación, se detectaron movimientos de dinero sin respaldo documental suficiente, una operatoria que podría haber sido utilizada para ocultar el destino real de los fondos y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes. El monto bajo análisis ronda los 235 millones de pesos, aunque no se descarta que la cifra final sea mayor a medida que avance la investigación. Leé también: La IGJ considera insuficientes los balances que presentó la AFA y analiza ampliar los pedidos de información La denuncia, de acuerdo a fuentes judiciales, no constituye una ampliación de causas previas sino una presentación nueva, surgida a partir de tareas específicas de fiscalización y análisis sistémico realizadas por ARCA. El caso se inscribe en un contexto de mayor presión institucional sobre la conducción de la AFA, que también enfrenta un proceso administrativo ante la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que intimó a la entidad a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores. El eje central de la denuncia presentada por la DGI está puesto en un conjunto de empresas que habrían cobrado sumas millonarias de la AFA sin prestar servicios reales o que, directamente, presentarían características típicas de firmas apócrifas. Leé también: Sur Finanzas: los clubes pagaban tasas usurarias y entregaban los derechos de televisación con el aval de AFA En total, se identificó un grupo de al menos 15 sociedades comerciales, entre ellas ID Constructora S.R.L., Meroka S.R.L., Maxstore S.A., Luicom S.A., HoldembroG S.A., Consultek Consultoría y Servicios S.R.L., Belesan S.A., Mosili, Albamonte Construcciones S.R.L., Construcciones Far West S.R.L., Ninapey S.A., Central Hotel S.R.L., Logística Winter S.R.L., Gramez y LPH Event S.A. De acuerdo con la denuncia, estas firmas habrían emitido facturas a la AFA por supuestos trabajos de obras, mantenimiento, reformas o servicios diversos, sin que existiera una correlación verificable entre lo facturado y la capacidad operativa, económica o financiera de las empresas involucradas. Uno de los casos detallados es el de ID Constructora S.R.L.. Según el relevamiento de la DGI, la empresa no pudo ser localizada en su domicilio fiscal declarado, que se encontraba cerrado con candado. Vecinos del lugar indicaron desconocer la existencia de la firma, que además no respondió los requerimientos formales cursados por el organismo. Leé también: Caso AFA: un broker declaró que Real Central pagaba los seguros de los autos por ventanilla y en efectivo Del análisis sistémico surge una fuerte discrepancia entre el volumen de facturación declarado en 2023, que alcanzó los $2904 millones, y las acreditaciones bancarias registradas en el mismo período, que apenas superaron los $419 mil. Para la AFA, esta empresa facturó entre mayo de 2023 y marzo de 2024 un total de $44,7 millones, por conceptos vinculados a tareas de restauración, mantenimiento y reparaciones en predios y edificios. La DGI señaló que la firma no posee bienes registrables, tiene la CUIT inactiva y no cuenta con personal ni compras acordes al nivel de actividad declarado. Un patrón similar se detectó en Meroka S.R.L.. La firma tampoco pudo ser localizada y su domicilio fiscal corresponde a un edificio residencial, donde varios ocupantes manifestaron no conocerla. En 2023 declaró una facturación superior a los $561 millones, mientras que las acreditaciones bancarias informadas fueron de apenas $67 millones. Para la AFA, Meroka facturó en enero y febrero de 2023 un total de $6,8 millones por supuestas obras en el predio de Ezeiza. La DGI destacó, además, que la empresa está inscripta en múltiples actividades sin relación entre sí desde fast food hasta servicios de salud y venta de cereales y que declara una dotación mínima de personal, limitada al socio gerente. Leé también: Claudio Chiqui Tapia denunció al jefe de la Inspección General de Justicia por abuso de autoridad En el caso de Maxstore S.A., la investigación determinó que la empresa declaró como actividad la construcción de obras de ingeniería civil, aunque hasta noviembre de 2022 figuraba inscripta en rubros ajenos a la construcción. Tampoco fue posible ubicarla en su domicilio fiscal: el encargado del edificio afirmó desconocerla y señaló que el departamento es utilizado para alquileres temporarios a través de Airbnb. La DGI remarcó incongruencias en su perfil fiscal y vínculos societarios con otras firmas categorizadas como contribuyentes no confiables. Otro ejemplo incluido en la denuncia es Central Hotel S.R.L., que facturó a la AFA en noviembre y diciembre de 2023 un total de $9,6 millones por supuestas obras en el predio de Ezeiza. La empresa no posee bienes registrables ni empleados declarados y registra escasas acreditaciones bancarias en relación con su nivel de facturación. Además, su actividad principal declarada es la hotelería, un rubro que, según la DGI, no guarda relación con los trabajos facturados. El organismo también consignó que cheques emitidos por la AFA fueron utilizados para cancelar operaciones vinculadas a la actividad de hacienda.
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