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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 17/01/2026 13:19
Tregua frágil en Concordia: entre la revisión de contratos y las restricciones judiciales al intendente Tras semanas de escalada, el conflicto municipal en Concordia ingresó este fin de semana en un paréntesis de 72 horas. Mientras el gobierno de Francisco Azcué evalúa la reincorporación de los trabajadores cesanteados, la disputa política se judicializó con denuncias cruzadas y una orden de restricción contra el jefe comunal, marcando un precedente inédito en la administración local. La tensión que domina el escenario político de la ciudad desde el inicio de 2026 encontró, este 17 de enero, un momento de tensa calma. La decisión del Ejecutivo Municipal de no renovar 130 contratos, bajo la premisa de la racionalización del gasto apoyada por el gobernador Rogelio Frigerio, colisionó de frente con la resistencia de los gremios Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Concordia (STEMC) y Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC). Sin embargo, la mesa de diálogo abierta el pasado jueves estableció un plazo perentorio: la tregua vence este domingo, momento en el cual se espera una resolución sobre el 80% de las desvinculaciones. La negociación y el plazo fatal El acuerdo alcanzado implica la suspensión temporal de las medidas de fuerza que incluyeron marchas, retención de servicios y protestas frente al edificio municipal. Según fuentes sindicales consultadas, la unidad de los gremios fue determinante para que el Ejecutivo aceptara revisar, caso por caso, la situación de los afectados en busca de su reinstalación. Tenemos que trabajar en conjunto para hacerle entender a la patronal que hay que revertir esta situación, declaró Oscar Muntes, titular de ATE Entre Ríos, marcando la postura inflexible de los trabajadores. Del otro lado, la administración Azcué mantiene hermetismo sobre cuántos de esos 130 contratos serán efectivamente reactivados, aunque reconocen la necesidad de descomprimir la calle. Judicialización y hecho armado Un aspecto distintivo de este conflicto es su deriva judicial. Según la información recopilada a través de Libre Entre Ríos y documentos judiciales recientes, se dictó una medida de restricción contra el intendente Francisco Azcué tras una serie de denuncias surgidas en el marco de las protestas. Si bien los detalles del expediente se mantienen bajo reserva, la resolución judicial impone limitaciones de acercamiento, un hecho que encendió las alarmas institucionales. En respuesta, el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos emitió un comunicado el 16 de enero calificando la situación como un hecho armado y una amenaza directa contra una autoridad democrática. El oficialismo local sostiene que las denuncias buscan amedrentar la gestión para frenar el ordenamiento de las cuentas públicas, denunciando un uso político de los recursos de la Justicia y las fuerzas de seguridad. Línea de tiempo del conflicto El desarrollo de los hechos muestra una escalada rápida en las primeras dos semanas del año: 1. Fines de diciembre de 2025: El Municipio notifica la no renovación de 130 contratos de planta transitoria y contratados. 2. Primera semana de enero: Comienzan las asambleas y el vallado del palacio municipal ante el anuncio de protestas. Se comunican los primeros descuentos salariales por huelga. 3. Segunda semana de enero: La tensión aumenta con marchas masivas. Se radican denuncias contra el intendente Azcué por presuntos hechos de violencia/hostigamiento en el marco de la disputa. 4. Mediados de enero: La Justicia dicta una medida de restricción hacia el intendente. El gobernador Frigerio respalda públicamente el ordenamiento del Estado. 5. 15 de enero: Reunión clave entre gremios y Ejecutivo. Se acuerda la tregua. 6. 17 de enero (Hoy): Vigencia del plazo de revisión de contratos y cese de hostilidades. 7. 18/19 de enero: Vencimiento de la tregua de 72 horas y definición de la continuidad del plan de lucha. El desenlace de las próximas horas definirá si Concordia recupera la normalidad institucional o si se enfrenta a una profundización de la crisis, donde lo laboral y lo judicial parecen ir ya por carriles inseparables.
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