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Parana » El Diario
Fecha: 14/01/2026 18:50
Tendidos sobre la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), los rostros de cientos de presos políticos miran al cielo impresos en papel. Nombres que en los últimos años se han ido acumulando hasta extenderse en varias filas que rodean una gran bandera de Venezuela. De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), actualmente hay alrededor de mil personas detenidas por causas políticas. Durante el acto organizado en la UCV la mañana del 13 de enero, los familiares se negaban a convertir a sus seres queridos en una fría estadística, por lo que se acercaban a la prensa para contar sus historias. Algunos de forma tímida, otros más efusivos y emocionales, pero cada uno coincide en el reclamo colectivo que los reúne allí: volver a tenerlos a todos en casa, sin excepciones ni condiciones. Ese objetivo les pareció cercano el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número importante de presos políticos venezolanos y extranjeros. Un gesto del gobierno para promover la paz en tiempos convulsos. Posteriormente el Ministerio de Asuntos Penitenciarios reveló en un comunicado que el grupo sería de 166 excarcelados con medidas cautelares, para un supuesto total de 400 desde el 24 de diciembre de 2025. La expectativa por el anuncio de Rodríguez llevó a muchos familiares a apostarse ese mismo día frente a los centros de reclusión en los que se encontraban. Otros tuvieron que ir de cárcel en cárcel, esperando encontrar noticias sobre aquellos detenidos con meses de paradero desconocido. Al caer la noche la ilusión se convirtió en incertidumbre y luego en frustración por el retraso y la poca colaboración de las autoridades. Ahora es la indignación la que los ha llevado a permanecer por siete días consecutivos frente a centros como el El Helicoide, la cárcel de Rodeo I o Tocorón, exigiendo al gobierno cumplir su palabra. Secuestrados en Tocorón En el acto de la UCV, organizado por Clippve y el movimiento estudiantil, cada preso político representa una arista distinta de la represión en Venezuela. Desde militares acusados de conspiración y líderes opositores, hasta ciudadanos comunes encarcelados simplemente por publicar un estado de WhatsApp contra el gobierno. Eneida Caraballo coloca un cartel que trajo de su casa, un poco más pequeño que los demás, con la foto de su hijo, Johndry Caraballo, quien fue detenido el 30 de julio de 2024 en Catia La Mar, estado La Guaira, en el contexto de las protestas poselectorales. En entrevista para El Diario, dice que lo llamaron engañado y luego lo arrestaron por presuntamente subir un estado expresando su impotencia con la situación política del país. Afirma que los oficiales trataron de obligarlo a grabar un video confesando que la líder opositora María Corina Machado le había pagado 30 dólares para participar en el saqueo del mercado en el que trabajaba. Desde entonces pasó de estar en el comando de la policía municipal de Playa Grande a la cárcel de Tocuyito (estado Carabobo) y en febrero de 2025 lo trasladaron a Tocorón, en Aragua. En mayo de 2025, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad alertó que Jhondry fue torturado por dos custodios apodados el Tigre y el Diablo por denunciar durante una visita del ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Zerpa, los constantes maltratos a los que era sometido. La madre se acongoja hablando del caso. Reitera que su hijo, de 42 años de edad, es comerciante, padre de dos hijos y el único sostén económico de su hogar. La última vez que pudo hablar con él fue el 27 de diciembre de 2025, pero desde entonces no le han dejado verlo ni llevarle paquetería. Ya son 17 meses y mi hijo nada que sale de ahí. Hemos caminado, hemos luchado, pero nada. Lo único que le pido al gobierno, ahora a Jorge Rodríguez, que dio la orden, que hasta el momento no hemos visto liberaciones. Uno es el que sufre. Él (Jhondry) es el único que se entiende en la casa de mis medicamentos, de doctores, con sus dos hijos y su esposa. Entonces, ahora estamos, como quien dice, fregados, pues, lamenta. Señala que en los últimos días ha querido sumarse a las madres que exigen la liberación de sus hijos en las puertas de Tocorón, pero no cuenta con recursos para el viaje y a sus 64 años de edad tampoco dice contar con la salud para soportar en la intemperie. Aun así, mantiene la expectativa. Tengo esperanza, porque ya por lo menos dieron orden que sacaran esos muchachos, pero ahora los tienen secuestrados en Tocorón, afirma. Seguimos allí Evelin Cano llegó a la manifestación desde el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Boleíta. En todos los días que ha permanecido de vigilia junto a otras madres, afirma que lo único que ha visto salir de allí es un fallecido. Se trató de Edison Torres, un policía de 52 años de edad quien, de acuerdo con el parte ofrecido por el Ministerio Público, tuvo una «descompensación súbita de salud» el 11 de diciembre y tras ser llevado a un centro de salud, murió a causa de un evento cerebrovascular y paro cardiaco. Oriundo del estado Portuguesa, tenía un mes exacto detenido por ser el administrador de un grupo de WhatsApp de oficiales activos y jubilados donde se hicieron críticas a la gestión de las autoridades policiales regionales. Estábamos en las afueras y vimos todo el movimiento de los policías. Pensábamos otra cosa, hasta que nos dimos cuenta de que estaban sacando al señor ya fallecido, dice Cano en entrevista para El Diario. Cuenta que esa noche pudieron escuchar por primera vez en mucho tiempo a sus seres queridos, quienes empezaron a cantar el Himno Nacional desde los calabozos. Ellas los acompañaron cantando afuera, pero en ese momento fue que Torres se descompensó y los gritos de inmediato se apagaron. Desde entonces solo reina el silencio en el interior del comando, y eso le preocupa bastante. Tenemos temor por la vida de ellos, porque desde el fallecimiento del señor Edison y desde esa desde esa vez que los escuchamos entonando el Himno Nacional hay un silencio total en Zona 7. El director no sale a dar la cara, los funcionarios no salen a dar la cara, no nos dan un listado, no nos permiten pasar comida, ni medicamentos ni ropa ni nada. No sabemos en qué condiciones se encuentran nuestros familiares, afirma. Cano llegó a Zona 7 el 8 de enero a esperar la excarcelación de su hijo, José Daniel Espinoza, detenido al salir de su trabajo en Charallave durante la represión poselectoral. Las primeras dos noches de vigilia las describió como fatales, durmiendo sobre cartones en la acera, sin almohadas ni insumos. Sin embargo, poco a poco se fueron tejiendo redes de apoyo entre las personas que aguardan por la misma causa, hasta convertirse en una sola gran familia. Seguimos allí y no nos vamos a mover. Aquí no van a callar a estas madres, a estas esposas, ya basta. Queremos la libertad de todos y la queremos ya, inmediatamente, exclama. Fortaleza Mental Aurora Silva es la esposa de Freddy Superlano, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, detenido el 30 de julio de 2024. En todo caso, afirma que aprendió a normalizar la incertidumbre, con largos periodos en los que ni siquiera se conocía su paradero. En septiembre de 2025 se supo que Superlano había sido trasladado de El Helicoide a Tocorón, sin notificación previa ni información sobre su situación judicial. Después de 18 meses incomunicado, le permitieron a Silva verlo por primera vez el 11 de enero de 2025. Habló con él a través de un vidrio, sin poder tocarlo, pero al menos lo vio sano y sin signos aparentes de tortura. Debió resumir en minutos más de año y medio de vida transcurrida sin él, pero al final su esposo le envió un mensaje a las familias de los demás presos: que se mantuvieran allí, que siguieran haciendo la presión necesaria, que no los abandonen porque ellos están esperanzados en salir en los próximos días. Fueron muchos sentimientos encontrados al verlo. Yo quería derrumbarme en lágrimas. Lo primero que me dijo al verme fue pasaron 17 meses y tantos días para volver a encontrarnos de esta manera, mi amor, no llores ahora, porque pronto lloraremos juntos afuera. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que estaba tranquilo y fuerte mentalmente, comenta Silva en entrevista para El Diario. En todo este tiempo, Silva se convirtió en defensora de los derechos de los presos políticos, luchando junto a Clippve. Allí, desde la rueda de prensa en la que resumieron la situación de las familias que esperan el cumplimiento de las excarcelaciones, precisó la importancia de que sean liberaciones plenas, inmediatas e incondicionales, sin medidas cautelares ni distingos entre partidos políticos, o entre civiles y militares. En entrevista para El Diario, manifestó su optimismo a pesar de la zozobra de los últimos días. Ahorita tenemos la esperanza de que estamos en la recta final. Tenemos que esperar con paciencia. Quizás nos afecta no contar con información real, pero nuestra única exigencia es que no se retrase más este procedimiento, dijo. Incertidumbre El 14 de enero, familiares de los 31 civiles y militares presos por la Operación Gedeón se apostaron frente al Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda. Exigen una fe de vida luego de cinco meses sin saber nada de ellos. Se encuentran bajo aislamiento total, sin visitas ni paquetería, y les dicen que solo pueden comunicarse con ellos por teléfono, pero jamás han recibido esas llamadas. Los capturados por la supuesta incursión fallida de mercenarios a Venezuela en 2020 estaban recluidos en El Helicoide, aunque entre julio y agosto de 2025 fueron trasladados y nunca se les notificó a los familiares a dónde. Por su propia cuenta los ubicaron allí, y aunque algunos custodios les han confirmado que sí están allí, para el Estado es como si simplemente hubieran desaparecido. Un día antes, Francelys García estuvo en el acto de Clippve en la UCV pidiendo la libertad de su esposo, el primer inspector Rosmel Méndez, condenado a 24 años de prisión por terrorismo, rebelión y conspiración. En entrevista para El Diario, dice estar bastante preocupada, pues el Fuerte Guaicaipuro fue uno de los objetivos bombardeados por Estados Unidos el 3 de enero, y nadie les ha querido informar si sus seres queridos están bien. Estamos sintiendo la desesperación de todos los que estamos aquí. Es una angustia total para todos y cada uno de nuestros familiares, declara. Solidaridad Aunque no tiene familiares directos encarcelados, Génesis Freitas se unió a la lucha como amiga de la familia de Keberth Barceló, detenido desde el 12 de diciembre de 2025. Actualmente los padres de Barceló se encuentran en Colombia con graves problemas de salud y su abogado, el activista de Provea Eduardo Torres, se volvió también un preso político. Por eso Freitas vela por él a pesar de su edad, con un rosario y una pañoleta con la bandera de Venezuela en su cuello. Barceló fue detenido en la frontera de Maicao, estado Zulia, cuando transportaba un camión de carga y quedó bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Estuvo en desaparición forzada hasta diciembre de 2025, cuando su familia por fin pudo verlo en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda. Justo allí, Freitas acampó durante dos días para apoyar a las demás familias y esperar las excarcelaciones. Tienen en angustia a las madres, esposos, hijos, es como un pozo sin fin. Es difícil el comer, el ir a un baño, el dormir en el piso, el estar en vela. Yo, por lo menos, estuve dos días sin dormir, pernoctando. Y se escuchan muchas cosas desde El Rodeo I, el que sacan a personas a medianoche al patio, a mujeres, se forman conflictos. Están sacándolos por la puerta de El Rodeo II, por esa carretera, en carros particulares con vidrios ahumados y, entonces, los dejan en otros sitios, asegura. Destaca que el principal apoyo que recibieron en esos días vino de los mismos vecinos del barrio de El Rodeo, quienes les permitieron usar sus casas para asearse e incluso dormir. Los comerciantes aledaños a la cárcel también los han ayudado con café, agua y un baño. Aun así, Freitas lamenta la situación por la que pasan tanto detenidos como familiares, sin recibir ninguna colaboración de las autoridades del penal. Esta no es la Venezuela que yo conocí, comenta. Hasta la libertad Durante la rueda de prensa en la UCV, Diego Casanova, ex preso político que ahora lucha por la libertad de su hermano, dijo que en los últimos días se han enterado de más de 100 casos de presos políticos de los que no se tenía ningún registro, pues sus familias tenían miedo de reportarlos o habían sido coaccionadas. Sin embargo, con la expectativa generada por el anuncio de Jorge Rodríguez y las vigilias frente a las cárceles, cada vez más se han decidido a romper la mordaza del miedo. Poco después de esa actividad, durante la sesión de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez reiteró que desde el 24 de diciembre se han excarcelado alrededor de 400 presos políticos, cuestionando a las organizaciones que aseguran no tener constancia de las cifras oficiales. Dijo que podría entregar la lista que maneja el gobierno de excarcelaciones, y la cual precisamente ha sido reclamada varias veces por los activistas para tener información clara. Para el 14 de enero, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) registra 100 excarcelaciones, aunque los números varían en cada lista. Por ejemplo, Foro Penal hasta ese momento contabilizó 72 excarcelaciones y Clippve 83. La propia opacidad del proceso, sin listas oficiales, con prisioneros llevados a sus casas en la madrugada en patrullas polarizadas sin avisos previos y familias a las que se les impone como condición no hablar con la prensa han vuelto complicado el trabajo para los activistas que intentan verificar, una por una, cada excarcelación. Pero también se han visto avances importantes. Uno de ellos es la excarcelación de al menos 18 periodistas de acuerdo con reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). A pesar de celebrar el reencuentro con sus seres queridos, tanto el gremio como las organizaciones insisten en la necesidad de que sean todos los presos políticos sin distingos ni medidas cautelares. Cuando terminó el acto en la plaza del Rectorado, los activistas se quedaron recogiendo todos los carteles del suelo. Los guardaron para usarlos en sus próximas actividades, y aunque esperan que cada vez sean menos los que tengan que exhibir, aclaran que los seguirán pegando en todos los lugares que sean necesarios hasta el día en que por fin puedan ver esos rostros otra vez en persona y abrazarlos en libertad.
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