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Parana » AIM Digital
Fecha: 12/01/2026 18:06
Mientras los sectores productivos reclaman por los altos costos asociados a la falta de infraestructura, el Gobierno profundizó el ajuste en el gasto durante el último año, reflejado en una contracción significativa de los recursos asignados a obras públicas. Esto provocó la virtual paralización de algunos programas nacionales, con efectos directos sobre la competitividad, según un informe del Cepa. En primer lugar, al analizar el gasto total agregado de la Administración Pública Nacional (APN), el reporte verificó que el año pasado la ejecución total tuvo una caída real cercana al 29 por ciento en comparación con el mismo período de 2023, medida a valores actuales, y una contracción interanual del 4% en términos reales. Si se analiza por función, se observa que la Seguridad Social concentró la mayor participación en el gasto total, con el 58 por ciento de la ejecución. Además, se destacaron los Servicios de la Deuda Pública, que representaron el 8 por ciento del gasto. En contraposición, aparecen funciones con una incidencia menor, como Salud (6 por ciento), Educación y Cultura (5 por ciento), Energía, Combustibles y Minería (4 por ciento), Transporte (2 por ciento) y Promoción y Asistencia Social (2 por ciento). El resto de las partidas explicó menos del 2 por ciento de la ejecución total. En materia de transporte y obra pública, se observa un nivel de ejecución extremadamente bajo, cercano a la paralización de los programas, alertó el Cepa. Infraestructura en Municipios no registró ejecución en relación con 2023. Programas como Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación retrocedieron un 98 por ciento, a la vez que el Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo cayó un 92 por ciento y la Construcción de Túneles y Puentes descendió un 95 por ciento. En el mismo sentido, las Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional mostraron una retracción del 95%, Desarrollo de Obra Pública, del 93 por ciento; y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios, un 75 por ciento. Por su parte, las Obras de Seguridad en Rutas Nacionales presentaron un ajuste del 93 por ciento, seguido por Construcción de Rutas Seguras (-89 por ciento) y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (-85 por ciento). Ligado a este rubro, la motosierra pasó también por el gasto en Vivienda y Urbanismo (-98 por ciento) y Agua Potable y Alcantarillado (-92 por ciento). El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental y una condición esencial para el desarrollo sostenible de cualquier país. Sin embargo, la infraestructura que soporta estos servicios en Argentina enfrenta un desafío creciente: el envejecimiento de las redes, la falta de inversión en mantenimiento y la necesidad de expansión en un contexto de cambio climático y creciente demanda poblacional, había destacado un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Según el presidente de la entidad, Gustavo Weiss, para crecer 4 por ciento anual durante un período prolongado, los gobiernos nacional, provinciales y municipales deberían destinar alrededor del 3 por ciento del PBI a la reparación y mantenimiento de la infraestructura existente, y otro 3 por ciento adicional a la realización de nuevas obras. Las empresas privadas que operan servicios de infraestructura como energía, agua y saneamiento tendrían que invertir un 3 por ciento del PBI adicional. En total, 9 por ciento del producto. En los organismos vinculados al transporte y la obra pública, el Cepa advirtió también un notorio ajuste en la ejecución presupuestaria. La Dirección Nacional de Vialidad enfrentó una disminución del 72 por ciento, mientras que el Organismo Regulador de Aeropuertos cayó un 43 por ciento. En menor medida, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sufrió un recorte del 34 por ciento, la Agencia Nacional de Seguridad Vial del 40 por ciento y la Administración de Bienes del Estado del 27 por ciento. Idesa había señalado que la costosa y deficiente infraestructura de transporte y el deterioro de las rutas son factores que disminuyen la competitividad, generando condiciones adversas para la producción. A su vez, a raíz del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, Martín Rappallini, presidente de la UIA; sostuvo que el tratado interpela a la Argentina hacia adentro y que su aprovechamiento real dependerá de la corrección de asimetrías estructurales, entre ellas, los altos costos logísticos y las deficiencias de infraestructura y energía. A través de inversiones en infraestructura, energía, educación técnica, transferencia tecnológica y asociatividad productiva, esta integración puede ayudarnos a construir un nuevo contrato productivo basado en la competitividad, dijo el industrial.
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