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Cerrito » Debate Abierto
Fecha: 09/01/2026 05:49
Leido 27 veces En el marco de la gravedad institucional que viene sucediendo en la localidad de Sauce de Luna, situación que ha tomado trascendencia pública y provincial a partir del compromiso y la responsabilidad institucional asumida por la concejal María José Etcheverry, en representación de la Unión Vecinal de Sauce de Luna, el Vecinalismo de Entre Ríos se pronuncia en defensa del pleno funcionamiento del Sistema Republicano de Gobierno y, en particular, de la independencia y el equilibrio entre los poderes del Estado municipal. Resulta imprescindible recordar que el Honorable Concejo Deliberante constituye un poder autónomo, con competencias propias, cuya función no se limita a la sanción de ordenanzas, sino que incluye el control político, administrativo y presupuestario del Departamento Ejecutivo Municipal. Del mismo modo, el Departamento Ejecutivo no puede, bajo ningún concepto, condicionar, obstruir o disciplinar el funcionamiento del Poder Legislativo mediante la retención de información, la falta de respuestas administrativas o el impedimento en el acceso a los recursos legalmente asignados. La Ley Orgánica de Municipios de la provincia de Entre Ríos, si bien consagra el principio republicano y la división de poderes, presenta zonas grises que, en contextos de tensión política o de abuso de autoridad, terminan siendo utilizadas para concentrar poder y debilitar los mecanismos de control democrático. Estas situaciones no pueden ni deben resolverse mediante prácticas de hecho, presiones institucionales o subordinaciones forzadas, sino a través del respeto irrestricto a la legalidad y al rol que cada poder tiene asignado. Desde el Vecinalismo de Entre Ríos advertimos con preocupación que cuando un poder pretende imponerse sobre otro, se vulnera no solo la institucionalidad local, sino también los derechos de la ciudadanía, que es la verdadera perjudicada por la parálisis, el conflicto y la falta de transparencia. Por ello, apelamos a un pronto, serio y profundo tratamiento de estas problemáticas en el ámbito de las Cámaras Legislativas Provinciales, a fin de revisar, clarificar y fortalecer los mecanismos que garanticen la independencia de los poderes municipales y eviten situaciones de abuso de autoridad o avasallamiento institucional en los proyectos que han sido presentados hace varios meses. Una democracia responsable no puede permitir que estas prácticas se naturalicen en ningún estamento del Estado. Defender la República, la división de poderes y el control democrático no es una opción política: es una obligación institucional y ética frente a la comunidad. (Fuente: Debate Abierto)
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