09/01/2026 13:15
09/01/2026 13:15
09/01/2026 13:12
09/01/2026 13:12
09/01/2026 13:12
09/01/2026 13:12
09/01/2026 13:12
09/01/2026 13:11
09/01/2026 13:11
09/01/2026 13:08
Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 08/01/2026 20:04
Tensión política y gremial en el inicio de 2026 Crecen los reclamos en la provincia por la no renovación de contratos estatales y el Senado exige explicaciones La Legislatura entrerriana aprobó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo para conocer las motivaciones detrás de las desvinculaciones. Mientras el gobierno de Rogelio Frigerio defiende la aplicación de criterios objetivos de desempeño, los gremios denuncian un ajuste encubierto y mantienen el estado de alerta. El inicio del año 2026 en Entre Ríos está marcado por una creciente conflictividad administrativa y sindical. La no renovación de contratos estatales en diversas áreas de la administración pública provincial y municipal ha derivado en una disputa que ya excede lo laboral para instalarse en el terreno político. El epicentro del conflicto es el Decreto Nº 3817, fechado el 20 de diciembre de 2025, mediante el cual el gobernador Rogelio Frigerio autorizó la continuidad de la mayoría de los vínculos temporarios, pero dejó al margen a un centenar de agentes. Según fuentes oficiales, esta decisión se ampara en un proceso de revisión basado en criterios objetivos y descentralizados, una postura que ha sido rechazada de plano por la oposición y los sindicatos. El Senado interviene: pedido de informes En la sesión del pasado 6 de enero, la Cámara de Senadores de la provincia dio curso a un Pedido de Informes impulsado por el bloque justicialista. Los legisladores Martín Oliva (Uruguay), Patricia Díaz (La Paz) y Juan Diego Conti (Tala) solicitaron al Poder Ejecutivo que detalle la nómina de los trabajadores excluidos y, fundamentalmente, la justificación caso por caso. Si bien el proyecto original presentado por la bancada opositora fue aprobado sin modificaciones sustanciales en su articulado, el debate legislativo evidenció la preocupación por la falta de transparencia en los criterios de evaluación. A continuación, se detallan los puntos exigidos en el documento sancionado frente a la redacción del proyecto ingresado: | Eje del Reclamo | Proyecto Original (Bloque PJ) | Pedido de Informes Sancionado (Senado) | | Identificación | Solicitud de listado completo de personal temporario vigente en 2025 no incluido en el Decreto N° 3817/25. | Ratificado: Se exige la nómina exacta de los agentes cesanteados en organismos centralizados y descentralizados. | | Motivación | Pedido de información pormenorizada sobre los criterios tomados para la no renovación en 2026. | Ratificado: Se requiere la motivación de la autoridad para cada caso particular que permita la identificación clara del agente. | La postura del Ejecutivo: Eficiencia y ordenamiento Desde la Casa Gris, la defensa de la medida se centra en la optimización del Estado. Según información recogida por APF Digital, el gobierno sostiene que se ha renovado el 94% de los contratos temporales (alrededor de 1.600 de un total de 1.700). El argumento oficial indica que las no renovaciones no son despidos, sino finalizaciones de contratos a término basadas en cinco parámetros de evaluación: - Nivel de cumplimiento de tareas. - Desempeño y responsabilidad. - Compromiso con el servicio público. - Asistencia y ausentismo. - Necesidad real del puesto en el marco de la modernización estatal. El Decreto Nº 3817/25 establece que las nuevas vinculaciones regirán desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, y otorga un plazo hasta el 28 de febrero para que las autoridades jurisdiccionales suscriban los instrumentos contractuales correspondientes. Concordia y el frente gremial La situación en la capital provincial tiene su correlato en Concordia, donde el intendente Francisco Azcué decidió no renovar más de 130 contratos. Azcué, en declaraciones transcriptas por medios locales, como Libreentrerios, que su gestión busca revertir un festival de contratos heredado, priorizando la eficiencia sobre el proselitismo. Sin embargo, la respuesta gremial no se hizo esperar. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Oscar Muntes, y el Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales (STEM) han activado un plan de lucha. El pasado 6 de enero, se registraron movilizaciones en los pasillos de la Casa de Gobierno en Paraná y concentraciones en Concordia. ATE calificó las medidas de poco humanas y denunció que en áreas sensibles, como el Registro Único de la Verdad y Salud, se han dado de baja contratos de personal con más de una década de antigüedad, notificando las cesantías, en algunos casos, vía correo electrónico. No podemos naturalizar el despido y el congelamiento salarial, advirtió Muntes tras una asamblea, confirmando que los gremios evalúan acciones judiciales conjuntas y la conformación de un consorcio de afectados para resistir lo que consideran una política coordinada de ajuste entre el gobierno provincial y el municipio de Concordia.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por