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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 29/12/2025 22:24
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su conformidad con el fallo del juez Martín Cormick que suspendió el denominado protocolo antipiquetes, al considerar que la resolución impulsada por el Ministerio de Seguridad avanzaba sobre atribuciones penales y procesales que exceden las facultades del Poder Ejecutivo. A través de un comunicado, la central obrera valoró la decisión judicial que dejó sin efecto la resolución 943/2023, mediante la cual el Gobierno había establecido un esquema de actuación para manifestaciones sociales con cortes de calle. La CGT subrayó que el fallo fue consecuencia de una acción de amparo promovida por organizaciones sindicales y de derechos humanos. La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que cuestionó el accionar de las fuerzas federales durante las movilizaciones de los miércoles hacia el Congreso. En ese marco, la Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes y advirtió que la medida avanzaba sobre facultades propias del Congreso Nacional. Según expresó la CGT, el fallo se apoya en un argumento central: el Ministerio de Seguridad se arrogó competencias en materia penal y procesal que no le corresponden y que son propias de otros poderes del Estado, lo que tornaba ilegal la aplicación del protocolo. La decisión judicial no es un fallo más, remarcaron desde la central, al sostener que la normativa anulada funcionaba como una herramienta de criminalización de la protesta social y de disciplinamiento de la movilización de trabajadores y organizaciones gremiales. En ese sentido, la CGT reafirmó su compromiso con la libre expresión y el ejercicio democrático de los derechos fundamentales, y advirtió que continuará defendiendo esos principios en la calle, en la Justicia y en el ámbito legislativo. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Desde el Ministerio de Seguridad, la ministra Monteoliva afirmó que sin protocolo no hay orden, hay caos, y acusó al juez de avanzar contra una herramienta clave de la política de seguridad. Además, confirmó que el Ejecutivo apelará la decisión judicial. No vamos a dar un paso atrás, aseguró, al sostener que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos que serán defendidos ante la Justicia. Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, celebró el fallo de Cormick que declaró la inconstitucionalidad del protocolo ideado por la ex ministra Patricia Bullrich. Es un fallo que debió haber llegado antes. Una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución ni pretender reformarla, sostuvo. Aguiar consideró que la decisión judicial representa un gran avance contra la represión y afirmó que comienza a restablecerse el respeto por las garantías constitucionales. También cuestionó el accionar del Gobierno al señalar que, de haberse puesto límites antes, se podrían haber evitado más de 1.400 heridos en las manifestaciones. Finalmente, el dirigente sindical ratificó la postura de ATE frente al protocolo: Nunca lo cumplimos ni lo obedecimos, porque siempre defendimos el derecho de peticionar libremente a las autoridades.
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