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Fecha: 28/12/2025 13:32
Por Daniel Enz La historia se repite con una precisión casi burocrática. Los nombres cambian Carlos Chiara Díaz, Claudia Mizawak, Emilio Castrillon, Gisela Schumacher, Susana Medina de Rizzo pero la coreografía es idéntica: denuncias contundentes, pruebas acumuladas, meses de trámites y un desenlace que siempre favorece al acusado, salvo que tiren la toalla antes de la campana del round final. Chiara Díaz y la operación Urribarri El primer caso marcó el camino. El 14 de noviembre de 2016, el abogado Carlos Guillermo Reggiardo presentó contra el vocal de la Sala Penal, Carlos Alberto Chiara Díaz, una denuncia de 60 páginas que documentaba un patrón sistemático de mal desempeño. Desde 2010 se dictaron 237 resoluciones de viáticos por viajes de Chiara Díaz. En 141 ocasiones utilizó pasajes aéreos pagados por el Poder Judicial. Los viajes sumaban más de 300 jornadas fuera de la provincia. La denuncia señalaba que cobra su remuneración como juez del STJ por días no trabajados para el Poder Judicial; percibe viáticos por misiones oficiales que no son tales, viaja gratis en avión a Buenos Aires, tiene otras remuneraciones y cobra otros viáticos relacionados a otros trabajos. Chiara Díaz ejercía como docente en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires mientras cobraba su sueldo completo como vocal del STJ. La Comisión Investigadora consideró fundamental el informe de la Universidad de Belgrano que acreditaba el patrón de conducta del magistrado, al que se le reprochaban sus continuas ausencias al máximo tribunal para dedicarse a la docencia, por lo que percibía un salario, mientras percibía viáticos de la Justicia entrerriana.En un caso emblemático, siendo presidente del STJ de Feria, se autoadjudicó viáticos para el 24 de enero de 2014, invocando que tendría que ausentarse a una reunión fijada en forma imprevista. La investigación demostró que la reunión nunca existió. Tampoco firmó sentencias estando presente en Acuerdos del Tribunal, lo que constituía un incumplimiento directo de sus obligaciones. El contexto político era transparente: Chiara Díaz integraba, junto a Claudia Mizawak y Daniel Carubia, la Sala Penal del STJ que debía resolver las apelaciones en las causas por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri. Chiara Díaz había sido crítico mediático de Urribarri y había avalado fallos en su contra. La denuncia fue impulsada, según análisis periodísticos de la época, tras un acuerdo político de sectores legislativos del peronismo entrerriano, que impulsaron en las sombras tal instancia, como revancha por embestir mediáticamente Chiara Díaz contra el exgobernador Sergio Urribarri. El 20 de diciembre de 2016, la Comisión de Investigación emitió dictamen favorable a la acusación, con el voto unánime de diputados del PJ y Cambiemos. El dictamen, de más de 60 páginas, concluyó que se habían respetado las garantías fundamentales fijadas por la Constitución provincial y que existían pruebas suficientes de mal desempeño. El 7 de febrero de 2017, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad 28 votos someter a Chiara Díaz a juicio político. Se designó una Comisión de Acusación integrada por Diego Lara y Juan José Bahillo (FpV), Alejandra Viola y Jorge Monge (Cambiemos) y Ricardo Troncoso (UCR). La unanimidad política era excepcional: tanto el oficialismo como la oposición coincidían en que Chiara Díaz debía ser removido. Pero la motivación no era la transparencia institucional sino la conveniencia judicial: modificar la composición de la Sala Penal antes de que llegaran las causas Urribarri. Chiara Díaz presentó certificados médicos alegando problemas de salud que lo mantenían internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El proceso quedó suspendido. Finalmente, el 15 de febrero de 2017 apenas ocho días después de la acusación formal presentó su renuncia como vocal del STJ. El gobernador Gustavo Bordet la aceptó de inmediato mediante el decreto 75. Esa misma mañana, el Senado provincial se reunió constituido en Corte de Justicia para continuar el jury. El diputado acusador Diego Lara expresó que el procedimiento deviene en abstracto ya que no se puede objetar la responsabilidad política de alguien que ya no reviste la condición de magistrado. El senador opositor Raymundo Kisser señaló que las circunstancias aventaron todas las dudas que se habían planteado en relación a la conducta del magistrado. Sesenta días después de la acusación formal, Chiara Díaz estaba a salvo, jubilado y sin condena. El precedente quedó establecido: renunciar antes del veredicto es una salida viable. Mizawak y el blindaje del PJ El efecto dominó fue inmediato para la otra vocal denunciada luego. El 12 de diciembre de 2016, apenas un mes después de la denuncia contra Chiara Díaz y mientras éste aún enfrentaba el proceso, un grupo de abogados presentó juicio político contra la presidenta del STJ, Claudia Mónica Mizawak. Los denunciantes fueron Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, Emilio y Jaime Martínez Garbino, Luis Leissa, Luciano Rotman, María Eugenia Díaz, María Emma Bargagna, Matías Plugoboy y Alfredo Vitale.El sustento de la denuncia surgió de las propias declaraciones de Chiara Díaz durante su audiencia de descargo ante la Comisión de Diputados. En su defensa, el vocal acusado había dicho: No tuvimos más Acuerdos, el Tribunal no tuvo más Acuerdos. Y sobre viajes, mencionó que Mizawak sería La Reina de los viajes. Las acusaciones contra Mizawak incluían cinco causales específicas. La investigación determinó que desde enero de 2008 hasta diciembre de 2016, Mizawak se ausentó de la jurisdicción durante 332 días hábiles, que representaron 400,5 días de viáticos por una suma de $537.763,50. La denuncia señalaba uso abusivo de viajes en comisión de servicios que resentía su tarea como presidenta del tribunal. El dictamen de minoría de Cambiemos afirmó que esta Comisión de Investigación detectó que la Presidenta Claudia Mónica Mizawak suscribió resoluciones judiciales, providencias, y/o sentencias en juicios de amparos en general en días en los que, conforme a la información suministrada por los organismos públicos oficiados, no se hallaba presente en la ciudad de Paraná, sede de su público despacho. Los ejemplos documentados eran contundentes: el 30 de septiembre de 2015 habría firmado cinco resoluciones judiciales a pesar de que se hallaba en España desde el 25 de septiembre y recién volvió al país el 12 de octubre. También firmó fallos estando en Buenos Aires, Neuquén, Concordia y Nogoyá, con viáticos del STJ. El dictamen de Cambiemos señalaba: Chesini c/ Iosper-Amparo, de fecha 07/05/2015; Soto c/ Municipalidad de Villaguay, de fecha 08/05/2015; De Souza c/ Iosper, de fecha 07/05/2015, mientras que del 7 al 9 de mayo de 2015 la magistrada había percibido viáticos para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre el 12 y 28 de mayo de 2015 firmó varios amparos estando en comisión de servicios fuera de Paraná. Como presidenta del STJ no controlaba el otorgamiento de viáticos a otros magistrados, incluyendo los de Chiara Díaz. Chiara Díaz había mencionado en su descargo un problema con gastos reservados durante la presidencia de la vocal Leonor Pañeda y de Mizawak. La oposición investigó el tema, pero no pudo probarlo documentalmente. Se mencionó además una empresa constituida junto a su esposo, Raúl Arroyo (que era el presidente de ENERSA). Mizawak aclaró: además de formar una sociedad conyugal por ser mi marido, en el 2003 constituimos una sociedad anónima denominada AyM SA inscripta en la Inspección General de Justicia, y agregó que no configura incompatibilidad alguna conforme a la legislación vigente. También se le atribuyó responsabilidad por la venta irregular de armas del depósito de tribunales y por la manipulación del trámite de la causa Arralde (sobre la designación irregular de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas). La Comisión de Juicio Político produjo dos dictámenes completamente contrapuestos: -Dictamen de mayoría (PJ): firmado por Diego Lara, concluyó que ninguno de los hechos denunciados posee asidero fáctico y probatorio y que no hay conductas irregulares o dudosas. Sostuvo que Mizawak viajó menos que Chiara Díaz (211 días de ausencias en 2014-2016 vs. 282 de Chiara Díaz). No cobró viáticos de manera irregular. Que no hubo irregularidades en la causa Arralde. Que no existía partida de gastos reservados en el Poder Judicial. Que no le cabía responsabilidad por la venta de armas (delitos de empleados infieles). A su entender: De las pruebas arrimadas se desprende la falsedad de gran parte de las declaraciones vertidas por Chiara Díaz. -Dictamen de minoría (Cambiemos), firmado por Esteban Vitor, Alejandra Viola, Jorge Monge y Gabriela Lena: Afirmó que del entrecruzamiento de datos obtenidos de Migraciones y el STJ se probó que Mizawak se ha ausentado de la jurisdicción, percibiendo mayores viáticos a los necesarios, efectuando viajes incluso al exterior del país y ha estado en su despacho suscribiendo resoluciones, providencias y/o sentencias, todo eso en un mismo, único e idéntico día. Agregaron: Esta superposición de actos, hechos y actividades de imposible ocurrencia en un mismo día en diferentes lugares, habla a las claras de un patrón estructural de inconductas y estafas sistemáticas. El dictamen opositor documentó 28 días de viajes no informados entre 2012 y 2015 con percepción de viáticos. Comparó las ausencias: en 2016, Mizawak registró 72 días de ausencia mientras Chiara Díaz tuvo 71 días. Pero la diferencia crucial no estaba en las pruebas sino en el poder político. El Partido Justicialista, que controlaba la mayoría en Diputados con el gobernador Gustavo Bordet, cerró filas. Diego Lara dedicó más de dos horas en sesión a leer el dictamen de mayoría defendiendo a Mizawak. El 1° de febrero de 2017, en una sesión especial que arrancó pasadas las 19 horas, Diputados rechazó la acusación por 21 votos contra 12. Votaron a favor del rechazo (salvando a Mizawak): todo el bloque del PJ, los diputados del Frente Renovador Gustavo Zavallo y Daniel Koch, y el radical Ricardo Troncoso. Votaron en contra (queriendo acusarla): los diputados de Cambiemos y el renovador Alejandro Bahler. El poder político había hablado. Mizawak era funcional al gobierno de Bordet, a diferencia de Chiara Díaz. Las mayorías políticas podían más que las evidencias documentales. Mizawak permaneció en su cargo y continuó como presidenta del STJ. Castrillon y la vendetta de Medina El 22 de abril de 2021, el periodista Daniel Tirso Fiorotto presentó ante la Mesa de Entradas de Diputados un pedido de juicio político de 34 páginas contra el vocal de la Sala Civil y Comercial, Emilio Aroldo Eduardo Castrillon, por mal desempeño derivado de violencia de género y reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura. En las acusaciones Fiorotto detalló episodios de violencia física, mental y amenazas en reiteradas oportunidades contra una empleada. Los episodios de violencia contra esta empleada fueron muchos: insultos, empujones, malas palabras, pero se incrementaron a partir del año 2019, último de ejercicio de Castrillon como Presidente del máximo órgano Judicial. En la oficina de Presidencia, siendo horas de la tarde, la empujó contra la pared amenazándola de muerte. Como producto de ese vínculo violento, la mujer debió tomar tratamiento psicológico. La denuncia agregaba: Desde la Fiscalía de Género, ante el conocimiento de la situación de violencia física y amenazas sufridas por la empleada, se dispuso inclusive custodia en su domicilio particular, porque la misma había puesto alerta y dijo que iba a denunciar. Esa vigilancia fue realizada por la Policía de Entre Ríos, con una custodia temporaria frente a su domicilio. Y agregó: Castrillon la obligó a firmar una nota conjunta con él mismo (que él redactó) diciendo que habían 'limado asperezas' y que pedía regresar a su anterior lugar de trabajo.También se incluía situaciones contra otra asistente. Los episodios de mal trato que padeció mientras laboraba como asistente del denunciado, fueron reiterados, generándole gran sufrimiento y un pedido de intervención en la temática de violencia que resultó analizado por la Dirección de Gestión Humana del STJ donde hubo testimoniales y hasta la determinación de que se hiciera un seguimiento por parte de un grupo de profesionales de la salud mental. En noviembre de 2019, le arrojó un pote de ensalada de frutas, que terminó azotado en la pared de la oficina. Y la agresión a un empleado judicial. Mientras ejercía la Presidencia del STJ, lo agredió violentamente intentando avanzar sobre él físicamente, lo cual motivó que el agente judicial radicara una denuncia en sede judicial, ante el Ministerio Fiscal, quien dispuso la Apertura de Causa, describiendo el hecho del siguiente modo: 'las palabras intimidantes acompañadas por gestos intimidantes, que habría proferido Emilio Castrillon, quien gritaba: no me busqués, no me busqués... reiteradas veces. La denuncia culminó con un pedido de disculpas forzado. También comprendía un episodio violento en La Paz en 2021. El domingo 28 de marzo, Mariano Lukacs y Natalia Lukacs, dueños de El Kioscaso, y su empleado Celso Chamorro denunciaron por daños y amenazas al vocal. El empleado refirió que alrededor de la 1:44 AM, se hizo presente el señor Emilio Castrillon y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo. El incidente quedó filmado en video y se viralizó. Castrillon luego argumentó que había pedido que bajaran la música y fue golpeado por cuatro personas. Y se sumó la denuncia de la vocal Susana Medina de Rizzo por violencia de género. Castrillon envió una nota a la presidente del STJ disculpándose. Tras las denuncias cruzadas por el incidente de La Paz, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial reclamó al STJ un llamado de atención hacia la conducta reñida con el decoro y el equilibrio. Castrillon, en lugar de aceptar la crítica, embistió contra dos mujeres mediante mensajes de WhatsApp fuera de horarios de trabajo y lejos de su función jurisdiccional. Hostigó a la jueza de Cámara Laboral María Gabriela López Arango (presidenta de la Asociación) y a la magistrada Andrea Morales, agradeciendo en tono irónico 'el odio de la comisión'. El 27 de abril de 2021, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones (presidida por Juan Pablo Cosso del Frente Creer) dictaminó la admisibilidad de la denuncia. El diputado Sergio Castrillon hermano del vocal explicitó su abstención por el parentesco. Castrillon respondió desafiante: Esto es todo trucho. Lo único cierto son dos boludeces y lo del kiosco y la música. Anunció que llevaría 30 testigos y pidió declarar presencialmente: Me tienen que asegurar mi derecho a ser oído mediante una declaración presencial. Es mi voluntad ir a declarar en forma presencial. Pero Castrillon tenía 60 años y 42 años, 5 meses y 20 días de aportes al sistema previsional. Cumplía sobradamente los requisitos para jubilarse. El presidente de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione, había dicho públicamente: Un día habló conmigo a las 7 de la mañana, y preguntó sobre los requisitos y si estaba en condiciones de jubilarse. Tiene todos los requisitos para jubilarse, sobradamente. El 7 de mayo de 2021, mediante la resolución N° 2.398, la Caja de Jubilaciones le otorgó la jubilación a Castrillon en tiempo récord: menos de una semana después de presentar el trámite. El juicio político fue declarado abstracto automáticamente. El diputado Esteban Vitor, de Juntos por el Cambio, denunció públicamente la jubilación express y criticó la injerencia del Poder Ejecutivo en la situación. La velocidad administrativa fue sospechosa: trámites que usualmente demoran meses se resolvieron en días. El poder político había intervenido directamente para salvar a Castrillon. El gobernador Gustavo Bordet controlaba la Caja de Jubilaciones. Castrillon era peronista, oriundo de La Paz, había sido senador provincial (1991-1995) y diputado provincial (1995-2006) antes de ingresar al STJ en 2006 a propuesta del gobernador Jorge Busti. El sistema protegió a los suyos con eficiencia administrativa ejemplar. Castrillon se jubiló, evitó el juicio y quedó a salvo. El mensaje fue claro: el poder ejecutivo puede intervenir directamente para rescatar a un vocal cuando la política lo requiere. Schumacher y el blindaje cruzado Gisela Schumacher, designada vocal de la Sala Civil y Comercial en abril de 2022 tras la jubilación de Castrillon, enfrentó dos denuncias simultáneas en noviembre de 2024 por su supuesto cambio de criterio en la causa que condenó al exgobernador Sergio Urribarri. La primera denuncia la radicó el 29 de octubre de 2024 Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena, exvicegobernador y condenado por enriquecimiento ilícito. Rossi acusó a Schumacher de mal desempeño en sus funciones, debido a un cambio arbitrario e injustificado de postura en dos fallos judiciales recientes, que afecta gravemente los principios de seguridad jurídica y debido proceso.Se le apuntó a un fallo del 17 de abril de 2024. Schumacher, integrando la Sala Penal del STJ junto a Germán Carlomagno y Miguel Giorgio, votó a favor de rechazar el recurso de queja de Urribarri. Sostuvo que no existían elementos que justificaran la admisión del recurso extraordinario ante la Corte Suprema. La votación fue unánime: los tres vocales rechazaron la queja. Y también a la sentencia del 22 de octubre de 2024. Apenas seis meses después, en la misma causa, la misma Sala Penal con los mismos tres vocales, votó por unanimidad a favor de conceder el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema. Schumacher argumentó que existían posibles violaciones al debido proceso y vicios de arbitrariedad que ameritaban la revisión del caso por el máximo tribunal. Rossi señaló: Este cambio de postura entre ambos fallos, sin que existan razones nuevas que lo justifiquen, carece de una fundamentación sólida y razonada, lo que afecta gravemente la coherencia y previsibilidad que debe tener el accionar judicial. La falta de explicaciones claras para este viraje en su criterio genera incertidumbre y vulnera el derecho al debido proceso, perjudicando la confianza pública en la imparcialidad del Poder Judicial. La denuncia mencionaba que la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche había calificado algunos fallos de Schumacher como escándalos jurídicos por presuntas contradicciones en sus resoluciones. Rossi ofrecía a Goyeneche como testigo, lo cual era irónico: Schumacher había votado el más duro dictamen en la destitución de Goyeneche en el Jury. La segunda denuncia la formalizó el 19 de noviembre de 2024 la ONG Entre Ríos sin Corrupción (la misma que había promovido amparos para la publicidad de contratos legislativos). La asociación civil presentó una acusación similar pero con un análisis jurídico más elaborado. Argumentaron que la concesión o rechazo del Recurso Extraordinario Federal (REF) en esta causa era una instancia dirimente para la situación procesal de los condenados, ya que es jurisprudencia estable en nuestra provincia, que el rechazo por el STJER o sus Salas de la concesión del REF, define el inicio de la ejecución de las sentencias. La ONG señaló una contradicción argumental específica: La vocal Schumacher decide abrir el REF del condenado Urribarri, en base a un planteo que éste no había realizado en el recurso anterior (queja), y por ende no podía justificar jamás el cambio de criterio realizado. Agregaron que Urribarri NO había esgrimido esa causal (cuestión federal simple), por ende tampoco podía haber divergencia entre los votos de abril de Schumacher y Giorgio, porque simplemente ninguno de los dos trató esta cuestión en relación con el recurso de Urribarri, ya que sus abogados no lo habían requerido. Concluyeron: La contradicción entre los dos votos de la vocal Schumacher muestra, por un lado, que la decisión tomada en la sentencia del 22 de octubre realiza una consciente interpretación falsa de normas y factos (sobre apertura del recurso) pero también una consciente falsificación de los hechos que se toman en cuenta para resolver. Ello excede el ámbito de lo jurídicamente admisible, a su vez, la plena conciencia sobre la transgresión al derecho que se realizó, sólo tiene una explicación razonable; fue hecha con la intención de favorecer a los condenados por corrupción. Schumacher presentó un descargo en Diputados explicando que no existía contradicción en sus votos porque se trataba de dos procedimientos completamente distintos en cuanto a su normativa regulatoria: en abril había resuelto sobre el recurso extraordinario provincial (IEP) y en octubre sobre el recurso extraordinario federal (REF). Citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La crítica a sus decisiones, por más dura que ella sea, no puede conllevar su acusación o juicio. Argumentó que variar la esencia del control político solo porque no se comparte el contenido de una sentencia, importaría desnaturalizar las garantías del debido proceso. La respuesta legislativa fue fulminante y coordinada. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones de Diputados, presidida por Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), rechazó in limine ambas denuncias. Sin investigación, sin audiencias, sin producción de pruebas. El dictamen del 19 de noviembre de 2024 sostuvo que los argumentos de denuncias que sólo suscitan el examen subjetivo del denunciante en cuanto a la aplicación, análisis e interpretación del derecho y sus normas, en un fallo colegiado, no caben como una demostración de un evidente mal desempeño de funciones y/o mala conducta, pues es propio de su función en el ejercicio de la judicatura. Agregaron que a la Cámara Baja le corresponde controlar actos manifiestamente contrarios al decoro, a las buenas conductas y/o a la flagrante violación de ley sustantiva pero no 'analizar, interpretar y juzgar las decisiones jurisdiccionales' tomadas por el denunciado en ejercicio de sus facultades constitucionales. Y concluyeron: Se alcanza el grado de convicción necesario para rechazar in limine, la denuncia incoada contra Gisella Schumacher por no existir mérito para la acusación, de conformidad con el artículo 143 de la Constitución Provincial. El blindaje fue total y vino desde múltiples frentes. La Asociación de la Magistratura y Función Judicial presentó una nota al presidente de Diputados, Gustavo Hein, defendiendo a Schumacher: Los jueces y juezas, de cualquier instancia o fuero, no pueden ser perseguidos por el contenido de sus decisiones, ya que debe garantizarse su libertad e independencia para decidir. Advertían contra la reiteración de una conducta continua y constante del denunciante (Rossi). La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires también respaldó a Schumacher públicamente. Fuentes legislativas de todas las fuerzas reconocieron off the record que se decidió rechazar antes que ingresara la denuncia. Se mantuvo abierta unos días para que un rechazo in limine inmediato no diera mala impresión, pero el destino estaba sellado. El contexto político era claro: Schumacher había votado a favor de abrir la vía a la Corte Suprema para Urribarri, lo que generaba presiones contradictorias. Sectores que buscaban condena firme contra el exgobernador querían cuestionar su fallo, pero el oficialismo de Juntos por Entre Ríos del gobernador Rogelio Frigerio blindó a la vocal con un argumento jurídicamente sólido: no se puede juzgar políticamente a un juez por el contenido de sus sentencias. El peronismo, en oposición, también participó del blindaje. Ambas fuerzas coincidieron en proteger la independencia judicial, aunque la motivación no fuera tan noble: cuestionar a Schumacher abría una puerta peligrosa para futuros cuestionamientos a otros magistrados. Susana Medina y los mismos vicios legislativos Susana Medina de Rizzo enfrenta actualmente un proceso de juicio político por acusaciones que documentan con precisión quirúrgica un patrón sistemático de ausencias laborales y uso indebido de recursos públicos.Los denunciantes apuntaron a los 668 días de ausencias laborales en nueve años (2015-2024). Los registros del STJ muestran que Medina se ausentó sistemáticamente de su puesto mientras cobraba su sueldo completo. Las ausencias no correspondían a licencias médicas debidamente justificadas sino a viajes personales o actividades ajenas a su función. Viajes a España, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y otros destinos, muchos financiados con fondos del STJ bajo la figura de comisiones de servicios o congresos que luego no podían acreditarse, con fondos públicos muchas veces, pero para tareas y gestiones de la Asociación de Mujeres Juezas, que presidía Medina. Los viajes se extendían por semanas, incluyendo fines de semana y feriados agregados a las comisiones oficiales, comprendiendo incluso el uso de aviones privados, aportados por Eduardo Eurnekian, violándose así todo código de ética y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina que toda dádiva debe ser informada. Medina nunca lo asentó en ningún lado. Y a ello se sumaban las críticas por una morosidad de más de 193 días en los expedientes de la Sala Laboral que preside Medina y ella sin quererlo no solo lo confirmó, en la entrevista por zoom con los diputados de la Comisión de juicio político, sino que la amplió: Tenemos demoras de 8 a 9 meses, que es normal, dijo, sin sonrojarse un segundo. El proceso está a resolución final de la Legislatura, donde el PJ no quiere poner la firma a un dictamen escrito por los defensores de Medina, con el aval de ella y sin trabajo alguno de los diputados que tendrían que haber investigado las denuncias y nunca lo hicieron. Recibieron la orden de Rogelio Frigerio de archivar el caso y eso fue lo que hicieron, pese a que varios de los principales protagonistas del oficialismo legislativo estaban decididos a avanzar contra Medina y destituirla, porque entendían que la documentación era muy contundente. Uno de ellos incluso hasta amagó con cruzar a Tribunales a radicar una denuncia penal y le pidieron no lo hiciera, porque iba a ser uno menos de JxC a la hora de votar en su contra. Retrocedieron vergonzosamente sobre sus pasos y apostaron a su salvación, pero no lograron hacerlo en el recinto, después de 3 sesiones en que fracasaron. El justicialismo plantea objeciones procesales y exige más producción de pruebas, dilatando el proceso, pero se duda si alguno de ellos va a aparecer en el recinto cuando se convoque, si es que se convoca. Quizás vayan algunas de las diputadas justicialistas, identificadas con Gustavo Bordet o con Adán Bahl, para integrar el staff del equipo de salvación, a cambio de vaya a saber qué favor futuro en el STJ. Enrique Cresto, diputado del PJ, declaró: No podemos ser rehenes de las marchas y contramarchas del oficialismo. La frase resume la lógica: el PJ no va a facilitar una destitución impulsada por Juntos, aunque las pruebas sean contundentes. Fabián Cian, de la ONG Entre Ríos sin Corrupción que presentó parte de las denuncias, lamentó: Ni siquiera investigaron, claramente hubo un arreglo. ¿Renunciará Medina como Chiara Díaz y Castrillon? ¿La rechazarán como a Mizawak y Schumacher? En cualquier caso, la historia sugiere que no habrá destitución. El patrón se mantiene intacto. El análisis comparativo de los cinco casos revela tres variables que determinan matemáticamente el destino de cada juicio político. Chiara Díaz fue empujado unánimemente PJ y Cambiemos porque su salida modificaba estratégicamente la Sala Penal del STJ antes de que llegaran las causas por corrupción contra Urribarri. El peronismo lo quería fuera por ser crítico del exgobernador; Cambiemos lo acompañó porque las pruebas eran sólidas y políticamente era rentable mostrarse firme contra la corrupción. Mizawak fue protegida por el PJ de Bordet porque desestabilizar a la presidenta del STJ en 2017 era inconveniente: el gobierno necesitaba un tribunal funcional y previsible. Además, removerla hubiera fortalecido el discurso opositor de Cambiemos sobre corrupción judicial. Además, Mizawak había sido abogada de Jorge Busti y también de Urribarri, antes de asumir en ese cargo. Y la lealtad se paga. Schumacher fue blindada por Juntos (oficialismo de Frigerio) porque cuestionar sus fallos por el contenido de sus decisiones abría una puerta jurídicamente peligrosa. Además, el peronismo acompañó el blindaje porque tampoco quería establecer el precedente de juicio político por sentencias judiciales que disgustaran políticamente. Castrillon era funcional al PJ: peronista, de La Paz, con historia legislativa en el partido. Aunque las acusaciones de violencia de género existían (no obstante con Medina llegaron a un acuerdo judicial sin consecuencias), se le facilitó una jubilación express para evitar el escándalo de un juicio público. Medina está en el limbo porque ni Juntos ni el PJ quieren cargar con el costo político de destituirla o de salvarla explícitamente. Y seguramente es más fácil dejar que se venzan los plazos y se caiga el juicio político. Claro que no es lo mismo para Medina y ello quizás hasta la lleve a renunciar como Chiara Díaz o Castrillon. Dejar vencer los plazos y caer el juicio político es como el condenado que queda libre por prescripción judicial. No habrá nada que celebrar en la casa de Medina, ni tampoco en el STJ, donde la vocal perdió todo consenso y credibilidad por sus contínuas faltas a la verdad a la hora de dar respuestas. Quedó claro que cuando el oficialismo tiene números sólidos y cohesión (Mizawak en 2017 con el PJ; Schumacher en 2024 con Juntos), el rechazo es expeditivo y sin fisuras. No se producen pruebas, no se investiga a fondo, se rechaza in limine o con dictamen de mayoría que descalifica todo. Cuando hay unanimidad opositora real (Chiara Díaz 2016-2017), el acusado renuncia preventivamente porque sabe que el juicio llegará hasta el final y terminará en destitución. Cuando hay división o falta de consenso (Medina 2024-2025), el proceso se empantana: no avanza, pero tampoco se cierra, queda en un limbo de sucesivas postergaciones. La jubilación express de Castrillon mostró que el gobernador puede intervenir directamente para salvar a un vocal cuando la política lo requiere. La Caja de Jubilaciones, controlada por el Ejecutivo provincial, respondió en una semana a un trámite que usualmente demora meses. En el caso Chiara Díaz, el gobernador Bordet aceptó la renuncia de inmediato mediante decreto, facilitando la salida. En el caso Mizawak, el gobierno de Bordet aseguró la protección legislativa del PJ. En el caso Schumacher, el gobierno de Frigerio no se opuso al blindaje legislativo de Juntos. El juicio político en Entre Ríos funciona como válvula de escape institucional: permite denunciar, investigar, acusar, pero nunca condenar. Es un teatro republicano donde los roles están claramente distribuidos: la oposición acusa, el oficialismo protege, los acusados renuncian o resisten según convenga, y la impunidad se perpetúa. El poder político de turno sea peronista o de Juntos opera con la misma lógica: proteger lo que sirve, sacrificar lo que estorba, dilatar lo que incomoda. Los vocales del STJ no rinden cuentas ante la ley sino ante el cálculo político. Y ese cálculo, invariablemente, favorece la impunidad, en medio del mirar para otro lado del Poder Legislativo, que sigue olvidando el rol de contralor que tienen en el sistema democrático entrerriano. No hay que investigar, no hay que indagar nada, no hay que estudiar, no hay que mirar procesos irregulares ni advertir sobre los abusos de poder que existen. Mientras tanto, los viáticos se siguen cobrando, las ausencias se siguen justificando, los recursos públicos se siguen usando discrecionalmente, y el Poder Judicial sigue sin rendir cuentas reales ante nadie e incluso creando nuevos reglamentos y resoluciones para favorecer a cada uno de los vocales, como si fueran otro Estado. El poder se cuida entre sí. Y en Entre Ríos, ese cuidado mutuo ha demostrado ser más efectivo que cualquier investigación legislativa, cualquier denuncia periodística y cualquier reclamo ciudadano.
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