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» Los Andes
Fecha: 28/12/2025 09:19
Seguridad: uno de cada cuatro detenidos en Mendoza son arrestados gracias al sistema de cámaras El sistema de videovigilancia logró avances importantes a lo largo de este año, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Mercedes Rus. Cámaras de videovigilancia del Ministerio de Seguridad de Mendoza. De acuerdo con datos aportados por la cartera a Los Andes, el sistema de monitoreo del CEO (Centro Estratégico de Operaciones) 911 se nutre de 2.320 cámaras propias del ministerio distribuidas en toda la provincia, a las que se suman 150 cámaras municipales y otras 120 del sector privado. Estas últimas se incorporaron tras la sanción de la Ley 9.562, en 2024, que regula y habilita su integración al sistema de seguridad provincial. En diálogo con este diario, la ministra Rus repasó los avances logrados a partir de la incorporación de tecnología y destacó que entre aprehensiones y detenciones, la Policía de Mendoza registra en promedio unas 480 intervenciones por día, y cerca del 25% de esos procedimientos se originan a partir del sistema de videovigilancia. En términos concretos, uno de cada cuatro casos que termina con una aprehensión o detención comienza gracias al monitoreo por cámaras, sostuvo la funcionaria, quien además señaló que la tecnología no reemplaza al policía en la calle, pero es una herramienta clave que potencia la prevención y la respuesta rápida frente al delito. La inversión en esta área fue de $3.252 millones durante el presente ejercicio. En el monitoreo del CEO también se incluyen 400 cámaras instaladas en patrulleros móviles. En tanto, los municipios que firmaron convenios para incorporar sus centros de monitoreo departamentales al CEO 911 fueron Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Lavalle, San Martín, Junín, Rivadavia, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y General Alvear. Es un sistema que queremos potenciar. Hoy tenemos casi 300 cámaras conectadas por fuera de las nuestras, que sumaron municipios y empresas privadas tras la ley. Nos parece importante que exista un compromiso ciudadano que ayude a consolidar la idea de que la seguridad la hacemos entre todos, analizó la funcionaria del gobierno de Alfredo Cornejo. Apuntan a reforzar el reconocimiento de patentes La ministra también explicó que, a partir de la transformación del sistema de videovigilancia, se logró potenciar el reconocimiento de patentes, mediante la implementación de inteligencia artificial aplicada al CEO 911. El sistema de lectura automática de patentes similar a los sistemas ALPR funciona a través de cámaras fijas ubicadas en puntos estratégicos, especialmente en los límites provinciales y rutas principales. Estas capturan todas las placas que circulan, extraen el número de dominio y lo comparan con una base de datos de vehículos con pedido de secuestro o vinculados a causas judiciales. Cuando se detecta una coincidencia, el sistema genera una alerta directa a los efectivos policiales, lo que agiliza los controles sin depender de revisiones humanas permanentes. Actualmente, 210 cámaras fueron integradas para esta función y desde el ministerio confirmaron que aspiran a incorporar otras 200 más, a través de una licitación prevista para el primer semestre del año próximo. Con el sistema ampliado de reconocimiento de patentes tenemos un 25% más de lecturas, lo que equivale a 9 millones de registros mensuales en toda la provincia, detalló Rus. Además, el Gobierno provincial acordó convenios con San Juan y San Luis para compartir esta información en tiempo real y detectar vehículos buscados que ingresen o egresen por los límites interprovinciales. Reconocimiento facial en prueba piloto Por otro lado, el sistema de reconocimiento facial para la detección de personas prófugas atraviesa actualmente una etapa de prueba piloto, con 15 cámaras ya integradas al sistema, según indicó la ministra. Este mecanismo opera mediante un software que extrae rasgos biométricos de los rostros captados por las cámaras y los compara automáticamente con una base de datos de personas con pedidos de captura judicial. Cuando se produce una coincidencia, el sistema dispara una alerta al CEO, que coordina la respuesta policial para interceptar al individuo en la vía pública. Si bien esta tecnología ya se utilizó de manera acotada en patrulleros y operativos especiales, el objetivo es desplegarla progresivamente en todo el territorio provincial, aunque su implementación avanza a un ritmo más lento que el reconocimiento de patentes. Tecnología en las cárceles: qué pasa con los inhibidores En agosto pasado, el Gobierno provincial adjudicó a la empresa Cytric Solutions la compra de una plataforma integral de georreferenciación para investigación criminal, que será utilizada tanto en el sistema penitenciario como por las fuerzas de investigación provinciales. La inversión ascendió a $2.569.400.000. El sistema incluye no solo la inhibición de señales de telefonía celular en las cárceles, sino también herramientas de control aéreo para detectar vuelos de drones en los complejos penitenciarios. Rus indicó que ya comenzaron las pruebas piloto con los inhibidores, mientras se avanzan en ajustes técnicos. En cuanto a los sistemas antidrones, aseguró que ya fueron testeados y funcionan correctamente: se trata de un mecanismo tipo red que repele drones que intenten ingresar a los establecimientos con drogas, celulares u otros elementos prohibidos. La implementación total de los inhibidores de señal está prevista para el próximo año. Según explicó la ministra, el sistema combina una parte de hardware con otra de software, que permite neutralizar todas las señales que no estén previamente habilitadas, garantizando al mismo tiempo las comunicaciones necesarias para el funcionamiento del servicio penitenciario. Esta selectividad representa una ventaja frente a otros inhibidores que bloquean por completo las señales en un perímetro determinado. En ese marco, se prevé instalar un inhibidor fijo en la cárcel de máxima seguridad de Almafuerte, mientras que en el resto de los establecimientos se utilizarán sistemas portátiles, tipo mochila, que permiten su traslado y auditoría en distintas unidades. Cualquier teléfono detectado es considerado un elemento prohibido y da lugar a sanciones disciplinarias para el interno. En caso de que la irregularidad involucre a personal penitenciario, se activa el procedimiento administrativo correspondiente, algo que ya ocurrió en controles recientes. Por último, el Ministerio de Seguridad y Justicia apunta a incorporar un teléfono antivandálico, un dispositivo poco habitual en el mercado local, cuya disponibilidad aún se encuentra en trámite. Se trata de un equipo que simula la apariencia de un celular, pero funciona como un teléfono con cable, sin acceso a internet, redes sociales ni aplicaciones. Por el momento, la comunicación de los internos con sus familias se realiza mediante celulares convencionales, que son provistos y supervisados por las trabajadoras sociales que se desempeñan en los distintos establecimientos penitenciarios.
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