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Paraná » 9digital
Fecha: 27/12/2025 02:58
Marcelo Boeykens, abogado en causas por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos y trabajador del Registro Único de la Verdad (RUV), se refirió a la no renovación de contratos que se llevaría adelante desde el gobierno provincial, decisión que afectaría fuertemente a esta oficina encargada de las políticas de derechos humanos en causas de lesa humanidad. Nos hemos enterado que no estamos en un listado, que todavía no es oficial, con la renovación de los contratos temporarios, esta figura que crearon el año pasado para regularizar los contratos de obra, dijo, y más adelante precisó: Son alrededor de 100 en la provincia, cuatro del Registro Único de la Verdad, sobre un total de siete. En mi caso particular llevo 15 años como abogado del Estado, con contratos de servicios y el último temporario, lo cual es un fraude laboral, porque la estabilidad la tengo, lamentó Boeykens, quien sostuvo que la dependencia no podrá seguir funcionando sin más de la mitad de su personal, sobre todo en el desarrollo de las causas judiciales en las cuales participa. Cabe remarcar que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos comenzó este viernes con asambleas, retención de servicios y movilizaciones. Denunciaron la mencionada baja de más de cien contratos en el Estado y la negativa del Poder Ejecutivo de retomar la discusión salarial. La versión del gobierno provincial Luego de conocerse las denuncias gremiales, desde el Gobierno de Entre Ríos emitieron una serie de aclaraciones respecto de los criterios de renovación de contratos temporarios y la supresión de algunos de ellos durante los últimos meses. Ante versiones que generan preocupación e interpretaciones erróneas, indicaron que resulta necesario brindar precisiones y contextualizar una decisión administrativa, que responde a un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial. En primer lugar, es importante aclarar que no se trata de despidos, sino de una decisión de no renovación de una parte acotada de los contratos temporarios vigentes, cuya naturaleza jurídica es, precisamente, de plazo determinado y sujeta a evaluación periódica, expresaron. Según señalaron, del total aproximado de unos 1.700 contratos temporales existentes en la Administración Pública Provincial, la decisión adoptada alcanza a alrededor de 100 contratos, lo que representa menos del 6% del total.
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