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» Urgente24
Fecha: 27/12/2025 00:32
La denuncia que difunde el abogado especialista en derecho a la salud, Nicolás Oszust, apunta a irregularidades graves en el manejo de fondos de obras sociales: aportes que debían destinarse a tratamientos de personas con discapacidad que fueron derivados a prepagas, generando interrupciones en terapias, deudas y exigencias de copagos indebidos a las familias. NEGOCIO FINANCIERO DEL AÑO Brindis millonario de prepagas: La resolución 1/2025 y las megatransferencias compulsivas del Estado La denuncia la viene difundiendo el especialista Nicolás Oszust, y apunta a irregularidades graves en el manejo de fondos de obras sociales, con transferencias millonarias del Estado a las prepagas, que coronan un año 'dulce' para las empresas. Todo partió de la disposición de fines de enero del Ministerio de Salud de que los aportes y contribuciones de los trabajadores sean derivados directamente a las prestadoras de medicina prepaga. A uno cada cuatro afiliados a empresas de medicina prepaga, la obra social le retenía entre un 3% y un 10% de los aportes. El Gobierno de Javier Milei, mediante la resolución 1/2025 de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, estableció la prohibición de esta intermediación. "Si trabajás en relación de dependencia o como monotributista y preferís tener una prepaga distinta de la obra social que te asignaron y usar tus aportes de obra social para que se computen en la cuota de tu prepaga, estabas obligado a pagar este peaje", explicaba Nicolas Oszust, socio del estudio jurídico Amparando Salud, antes de que se produzca lo que calificó de gran "negociado". Es que tras el cambio normativo del Gobierno de Javier Milei, los aportes se derivarían directamente a las empresas prestadoras contratadas oportunamente por los beneficiarios. Pero la disposición, dictada el 30 de enero de este año, tenía en el artículo 4to un plazo de 60 días para que cada trabajador decida si quería mantener la obra social o ir a la prepaga. Más allá de la resolución 1/2025 Sin embargo, al día siguiente esto, esto es, el 31 de enero, transfirió retroactivamente los aportes desde el primero de enero y sin esperar ese plazo de 60 días, directamente a las empresas de medicina prepaga, según la denuncia. Para peor, ese plazo fue extendido oportunamente por un mes más. ¿Qué generó estas transferencias compulsivas a las prepagas, que no respetaron ningún plazo? Según el especialista, generó, en primer lugar "un traspaso automático, compulsivo de aporte de los trabajadores de las obras sociales a las empresas de medicina prepaga. Vale recordar que los aportes son de los trabajadores, no del Estado, ni de la obra social, ni de la prepaga, y es el trabajador el que decide dónde tienen que ir esos aportes que son parte de su salario". Entonces, continuó, "las obras sociales al no recibir esos aportes, no pudieron pagar las prestaciones de enero. Esto es, se dieron las prestaciones, los prestadores no cobraron y éstos últimos, para peor, les reclamaban directamente a las familias que les paguen los montos adeudados por las obras sociales que eran los que antes recibían los aportes. Ese es uno de los daños". Luego, considerando que "se traspasaron solamente de afiliados titulares un millón de afiliados, de manera compulsiva, y si contás grupos familiares, serían unas 3 millones de personas, solo a Swiss Medical, por caso, le transfirieron 500 mil personas por las que generó de enero a noviembre 60.000 millones de pesos, cuando ni siquiera pagó por prestaciones porque las estaban dando las obras sociales, además, cuando aún la persona pudo haber decidido quedarse en la obra social". Los funcionarios del Gobierno de Javier Milei Además, otro dato que remarca Nicolás Oszust es sobre los funcionarios que figuran en la denuncia penal. Es que en enero, la resolución en cuestión no pudo ser firmada por Gabriel Oriolo, hasta junio de este año titular de la Superintendencia de Servicio de Salud, por incompatibilidad de intereses, dado que debía regular un sistema en la que la empresa (OSDE) de la que era parte es un actor clave, entonces decidieron cederle la firma a otro funcionario del Gobierno, más precisamente al titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, Roberto Luis Olivieri Pinto, tal como consta en la Resolución, que en efecto no tenía la facultad para hacerlo. "La Cámara de Casación nos reconoció como querellantes. Un paso muy importante, ya que la Justicia nos habilitó a participar en una causa que afecta derechos fundamentales", dijo Nicolás Oszust antes de pasar a explicar con claridad el motivo de la denuncia a los funcionarios del Estado Nacional. Otras noticias de Urgente24 Juicio por YPF: Argentina, ¿en desacato?, y tapada de juicios cuyo costo equivale al 70% de sus reservas
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