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» Los Andes
Fecha: 23/12/2025 22:11
La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario El juez Martín Cormick dictó una medida cautelar que deja sin efecto la suspensión de la norma dispuesta por el Ejecutivo, obligando a la actualización salarial de docentes y el pago de becas. La Justicia ordenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario En un fallo de alto impacto político y educativo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, bajo la titularidad del juez Martín Cormick, suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que mantenía bloqueada la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La decisión judicial obliga al Estado Nacional a cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y becas estudiantiles, tras considerar que el Decreto 759/2025 presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. La acción judicial fue impulsada por un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sector, luego de que el Gobierno intentará suspender la ejecución de la ley pese a que el Congreso de la Nación había ratificado la norma tras el veto del presidente Javier Milei. El magistrado remarcó que, en el marco de la Constitución Nacional, la insistencia legislativa de ambas cámaras debe prevalecer sobre cualquier disposición administrativa, señalando que no existe una "variante suspensiva" para el Ejecutivo una vez que un proyecto es ley bajo el artículo 83 constitucional. Los aspectos claves de la Ley Los puntos principales que el Gobierno ahora deberá ejecutar, según la Ley 27.795, incluyen: Actualización automática de presupuestos universitarios basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Recomposición salarial para personal docente y no docente con carácter remunerativo y bonificable. Convocatoria obligatoria a paritaria nacional con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación. Fortalecimiento de programas de becas estratégicas para estudiantes en situación de vulnerabilidad. En sus fundamentos, Cormick destacó que el deterioro de los ingresos del sector universitario no solo afecta a los trabajadores, sino que impacta directamente en el derecho constitucional a enseñar y aprender. Asimismo, desestimó los argumentos oficiales sobre el impacto fiscal, señalando que la no aplicación de la ley sólo representaría un ahorro "poco significativo" del 0,23% del PBI, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El juez también cuestionó que el Gobierno pretendiera suspender la ley apoyándose en normas de inferior jerarquía (como la ley 24.629), lo cual consideró reñido con el principio de división de poderes. La medida cautelar se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el caso.
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