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» LM Neuquen
Fecha: 22/12/2025 18:29
Es por la causa de la obra de la circunvalación, frenada por un reclamo de reivindicación de los Paichil Antreao en la zona de El Álamo. Es la previa al fallo judicial. Entró en la fase final el histórico conflicto por tierras en Villa La Angostura, desde hace casi una década entre la Dirección Nacional de Vialidad con los mapuches del Lof Paichil Antreao. Se trata de una obra de circunvalación que quedó frenada por un reclamo de reivindicación de tierras ancestrales. El Juzgado Federal de Zapala dio por cerrada la etapa de prueba y quedó en condiciones de dictar sentencia, luego de un operativo de inspección ocular realizada en la zona conocida como El Álamo, uno de los sectores donde se superponen reclamos territoriales, una obra vial y un asentamiento comunitario consolidado con el paso de los años. La inspección la hizo Gendarmería Nacional. La decisión fue adoptada por el juez federal subrogante Ezequiel Humberto Andreani, quien consideró que ya se reunieron todos los elementos necesarios para resolver el fondo del conflicto, sin necesidad de ampliar la demanda ni sumar nuevos traslados judiciales. El área en disputa no es un terreno cualquiera. Por ese sector está proyectada la Avenida de Circunvalación de Villa La Angostura, una obra vial de 6,1 kilómetros de extensión, con cuatro carriles, cuyo objetivo central es desviar el intenso tránsito de camiones del centro de la ciudad, principalmente por razones de seguridad vial y ordenamiento urbano. Cómo se originó el conflicto La obra es ejecutada por la unión transitoria de empresas Codi–Conevial e Inversora–Vial Agro, y forma parte de un plan de infraestructura pensado para aliviar el tránsito pesado que atraviesa zonas residenciales y turísticas de la localidad. Precisamente, la traza de esa avenida debe atravesar el sector de El Álamo, el mismo lugar donde familias mapuches levantaron sus viviendas y desarrollaron un asentamiento que con el tiempo fue creciendo. Cuando los trabajos comenzaron, en marzo de 2017, en la zona de El Álamo vivían siete familias. En ese contexto, la Dirección Nacional de Vialidad promovió una demanda de desalojo para liberar el sector donde debía avanzar la obra. Desde la comunidad mapuche Lof Paichil Antreao se rechazó esa medida y se sostuvo que las familias ocupaban un territorio ancestral, con posesión efectiva y derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre pueblos originarios. Ante el avance de la demanda, el apoderado legal de la comunidad presentó una acción de amparo, con un pedido de medida cautelar para frenar el desalojo. La presentación recayó en ese momento en el Juzgado Federal de Zapala, entonces a cargo de la jueza Silvina Domínguez, lo que dio inicio formal a un proceso judicial que aún hoy continúa abierto. De siete familias a un asentamiento consolidado: inspección con drones Con el correr de los años y mientras la causa avanzaba lentamente en los tribunales, el asentamiento en El Álamo creció de manera sostenida. En estos meses hubo inspección ocular ordenada por el juzgado confirmó la existencia de más de 20 viviendas, muchas de ellas precarias, algunas en construcción, habitadas por familias completas, con presencia de niñas, niños y adolescentes. La inspección fue realizada el 22 de octubre de 2025 por personal del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional, con apoyo de peritos en criminalística. El relevamiento incluyó visitas casa por casa, identificación de moradores, registros fotográficos y fílmicos, geolocalización por GPS y sobrevuelos con drones. El informe final dejó constancia de que gran parte de las personas relevadas ya habían sido identificadas previamente como integrantes de la comunidad mapuche, y que otras, aunque no figuraban inicialmente en el expediente, viven dentro de las mismas fracciones reclamadas por el Lof Paichil Antreao. Uno de los puntos centrales de la resolución judicial fue la decisión de no ampliar la demanda, a pesar de la aparición de nuevos ocupantes durante la inspección. El juez Andreani sostuvo que no se trata de ocupaciones nuevas sobre tierras distintas, sino de personas que se encuentran dentro del mismo territorio en disputa, respecto del cual la comunidad mapuche viene sosteniendo un derecho de posesión colectivo desde el inicio del juicio. En términos simples, la Justicia entendió que el conflicto no es individual ni fragmentado, sino territorial y comunitario, y que seguir sumando notificaciones solo prolongaría un expediente que ya lleva casi diez años. Un operativo millonario y un fallo esperado Gendarmería Nacional informó además que el costo total de la inspección ocular y los trabajos periciales asciende a 6.894.184 de pesos, monto que deberá ser considerado al momento de fijar las costas del proceso. El Juzgado Federal de Zapala quedó en condiciones de dictar sentencia en cualquier momento. El fallo deberá resolver si prevalece el reclamo de Vialidad Nacional para liberar la traza de la Circunvalación o si se reconoce la posesión comunitaria invocada por el Lof Paichil Antreao. La definición judicial impactará en el futuro de la obra vial en la provincia de Neuquén, y también podría sentar un precedente para otros conflictos territoriales entre el Estado y comunidades mapuches en la Patagonia.
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