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» Primerochaco
Fecha: 22/12/2025 12:25
La jueza federal Zunilda Niremperger dictó prisión preventiva para los siete policías investigados por intentar robar nueve kilos de cocaína durante un operativo de quema de estupefacientes realizado la semana pasada en Colonia Benítez. La medida tiene un alcance de 100 días, un plazo menor al solicitado por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien había pedido 199 días de detención. Durante la audiencia, que se extendió durante seis horas y finalizó pasadas las 23, declararon cinco de los siete imputados: Rubén Héctor César Alegre, Lucas Exequiel Martínez, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, y Néstor Ariel Urne Canteros. Mientras que Andrés Franco Ramírez y Gustavo Andrés Quizama se abstuvieron de declarar. Se les imputa dos delitos: por un lado, la tenencia con fines de comercialización agravada por el número de partícipes y por ser funcionarios encargados de perseguir estos delitos. Y por otro, el delito de peculado en concurso real. La jueza habilitó realizar pericias sobre dispositivos electrónicos de los acusados y levantó el secreto fiscal, bancario y financiero con el objetivo de profundizar la investigación, que continuará con la producción de pruebas y la presentación de la impugnación de las prisiones preventivas por parte de las defensas de los acusados. Los acusados son: Comisario Rubén Héctor César Alegre Oficial principal Lucas Exequiel Martínez Sargento Gustavo Jesús Acosta Cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez Cabo Néstor Ariel Urne Canteros Estos cinco permanecen detenidos en la sede de la Prefectura Naval Argentina en Barranqueras Mientras que: Subcomisario Andrés Franco Ramírez Cabo Gustavo Andrés Quizama Quedaron alojados en escuadrones de la Gendarmería Nacional en Formosa. Las detenciones en espacios separados apuntan a garantizar el aislamiento absoluto de los acusados y preservar la integridad de la investigación, en una causa que ya provocó un fuerte cimbronazo en la cúpula policial y obligó a suspender la quema de estupefacientes que estaba prevista por el Gobierno provincial. La dispersión geográfica responde a protocolos de seguridad aplicados en causas de narcocriminalidad que involucran a miembros de fuerzas de seguridad, con el objetivo de evitar represalias, filtraciones o estrategias defensivas conjuntas que puedan comprometer las pruebas reunidas.
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