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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 15/12/2025 01:48
Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, durante una audiencia judicial tras su detención preventiva (Foto: @Agusspalacios_) Los abogados de la joven que denunció por abuso sexual a ex jugadores de Vélez Sarsfield solicitaron la inmediata detención y prisión preventiva para José Ignacio Florentín Bobadilla, a quien señalaron por presuntas maniobras para obstaculizar el proceso judicial y revictimizar a la mujer. La causa se inició a partir de la denuncia de una periodista contra los futbolistas Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y Florentín, a quienes señalaron por el presunto ataque sexual en un hotel de Tucumán tras un partido de fútbol. Según el documento ingresado a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género N° 1 de Tucumán, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, la querella sostuvo que el imputado Florentín y sus defensores manipularon pruebas para perjudicar la situación de la víctima. La letrada Patricia Neme, a cargo de la representación de la víctima, argumentó que existió una “tergiversación maliciosa” de los testimonios recolectados en la causa. El objetivo de estas acciones, según valoró la querella, consistió en armar una “falsa denuncia” contra los testigos, la propia afectada y otras personas vinculadas al caso, con el fin de “desviar” el foco de la investigación principal sobre el abuso sexual. Uno de los puntos centrales del escrito detalló cómo la defensa modificó el sentido de las declaraciones de una testigo de apellido Gray. Los abogados del futbolista utilizaron fragmentos aislados para sugerir que se planeó la simulación de un robo, expuso la parte querellante. Otro aspecto relevante que destacó la petición refirió al testimonio del gerente del hotel donde habría ocurrido el hecho. La parte acusada propuso la versión de que un tercero sustrajo filmaciones de las cámaras de seguridad de manera irregular. No obstante, el responsable del establecimiento hotelero desmintió esa hipótesis, según la querella. El encargado aseguró que las grabaciones permanecieron resguardadas en una caja fuerte bajo protocolos estrictos y solo se entregaron cuando se presentó la fiscal con peritos y una escribana. El jefe de seguridad del lugar ratificó esta versión y negó que personas ajenas a la investigación tuvieran acceso al material, expuso la abogada Neme. José Florentin jugó este año en Central Córdoba, equipo con el que disputó la Copa Libertadores REUTERS/Sergio Moraes “La Justicia debe distinguir con claridad entre defenderse y utilizar el proceso penal para intimidar. Acompañar a una víctima no es delito. Repetir rumores no es prueba”, remarcaron desde el equipo querellante. La querella denunció también las consecuencias de la contra-denuncia por parte del futbolista. Esta situación provocó un severo impacto en la salud mental de la denunciante, alegó la abogada, y describió que la mujer sufrió una crisis de nervios por la que acudió a la fiscalía en estado de desesperación. Allí la víctima increpó a los funcionarios judiciales por permitir que los acusados actuaran “con tal libertad”. El escrito de la querella advirtió que estas acciones buscaron “amedrentar” a quienes debían testificar y “empujar a la víctima” a una situación límite, mencionando incluso antecedentes de intentos de suicidio por parte de la joven debido a la presión sufrida. La propia víctima realizó una manifestación formal donde expresó el deterioro de su vida personal. Relató que perdió su vocación profesional, se distanció de sus amistades por miedo a que ellas sufrieran represalias legales y manifestó sentir “pánico y asco”. En su declaración, cuestionó la falta de protección del sistema judicial frente a la exposición de su intimidad y la de su entorno. Finalmente, la querella concluyó que las medidas de restricción vigentes resultaron insuficientes para frenar el accionar del imputado. Argumentó que Florentín Bobadilla, al permanecer en libertad, continuó con actos de hostigamiento e intimidación directa e indirecta. Por estos motivos, la abogada solicitó que se revoque el régimen actual y se ordene la prisión preventiva para asegurar que el proceso llegue a la etapa de juicio oral sin más interferencias ni riesgos para la integridad de la denunciante. “La Justicia tiene la responsabilidad de garantizar que las causas se investiguen con reglas claras y sin presiones. Defenderse no puede significar volver a dañar”, concluyeron los querellantes.
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