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» Clarin
Fecha: 15/12/2025 01:20
“Ningún hombre es una isla; todo hombre es un pedazo del continente, una parte de tierra firme (...) La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy una parte de la Humanidad. Por eso no preguntes nunca por quién doblan las campanas. Están doblando por ti”. (John Donne) Marggie Orozco nació hace 65 años en Táchira, un estado en el oeste de Venezuela. Médica general, se casó con Luis Molina. La pareja tuvo dos hijos. Ambos murieron: uno en un intento de robo y el otro, en un accidente. Desde entonces, doce años atrás, Marggie padece depresión crónica. En los últimos dos años sufrió dos infartos. El segundo de ellos, en septiembre del año pasado, lo atravesó estando detenida. De la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana fue trasladada de urgencia al Hospital Central de San Cristóbal. Al poco tiempo quedó recluida en la cárcel. En noviembre la jueza Luz Dary Moreno la condenó a 30 años de prisión, la pena máxima que las leyes venezolanas contemplan para delitos como homicidio, secuestro y violación. ¿Cuál fue el crimen de la doctora Orozco? Haber criticado al dictador Nicolás Maduro en un audio de WhatsApp. Fue en plena campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 (que, con las actas, la oposición demostró haber ganado, lo que el régimen desconoció). En el mensaje que envió a un grupo de vecinos de San Juan de Colón, en Táchira, Orozco pedía votar en contra de Maduro, a quien responsabilizaba por la crisis económica de Venezuela. Paul Ruiz, hijo de Marggie, le dijo a la BBC que ella “pidió a esta gente que dejara la sinvergüenzura de apoyar al gobierno mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos. Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos. Ni tampoco pidió una invasión extranjera”. Eso parecería ser lo de menos para un régimen que, increíblemente, muchos incluso por estos lados respaldan y defienden a rajatabla. De acuerdo con el relato de Ruiz, “unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: 'Acompáñenos'. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”. “Traición a la patria, incitación al odio y conspiración” fueron los cargos formulados contra Orozco. Al parecer, el audio de la mujer cayó en manos de una representante local de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), afines al chavismo, que la denunciaron ante las autoridades. El artículo 20 de la controvertida y denunciada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia se usó contra la médica. Muchas voces, dentro y fuera de Venezuela, se alzaron frente a su condena. El ex gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, consignó en X que “la sentencia dictada por la juez Luz Dary Moreno es un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud. Defender la libertad de expresión no es un delito”. En su misma cuenta, el ex funcionario repudió ayer la detención del politólogo Nicmer Evans y recordó el tiempo que llevan arrestados arbitrariamente Yandir Loggiodice, 153 días, y Luis Palocz, un año. Ni estos ni el de Marggie Orozco son casos aislados. Los datos del Foro Penal indican que desde 2014 se han registrado 18.602 detenciones políticas en Venezuela, y que además de los presos políticos “más de 10.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”. Human Rights Watch plantea que en muchos casos “las acusaciones se dieron en audiencias virtuales, en las que se les negó el derecho a un abogado de su elección” y que según muchos familiares “la única prueba que tienen de que (sus parientes) siguen vivos son la ropa sucia y las notas escritas de puño y letra por los detenidos que reciben en la cárcel”.
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