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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 13/12/2025 00:32
Los tiempos judiciales suelen generar frustración, incertidumbre e incluso desconfianza social. ¿Por qué un juicio puede extenderse durante años? ¿Qué factores influyen? ¿Qué reformas podrían agilizar un sistema que parece trabajar siempre al límite? Para comprender este escenario desde adentro, Despertar Entrerriano dialogó con Agustín González, juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 de Concordia, quien explicó desde su experiencia cuáles son los motivos estructurales, procesales y humanos que determinan la duración real de un juicio. Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales razones estructurales por las que un juicio puede extenderse durante años? Me expresaré en virtud de la experiencia que poseo de más de 18 años de ejercicio de la profesión de abogado y como magistrado del Poder Judicial de Entre Ríos. Es innegable que en la base existe un problema estructural: la cantidad de conflictos que llegan a tribunales es muy alta en relación con los recursos disponibles. En Entre Ríos, como en el resto del país, todos los años ingresan miles de causas nuevas por fuero, y el sistema no creció al mismo ritmo en cantidad de jueces, personal, peritos e infraestructura. A eso se suman otros factores como códigos procesales pensados para un mundo ‘en papel’, muy escritos y fragmentados, que multiplican traslados, oficios y recursos; además de pericias y oficios de variada complejidad —medicina, contaduría, ingeniería, informes de bancos y organismos públicos— que pueden llevar meses. En determinadas áreas se observa también la falta de gestión profesionalizada del trabajo judicial. Cuando todos estos factores se superponen, un expediente que debería resolverse en un determinado plazo puede tranquilamente duplicarse sin que haya habido actividad dilatoria de las partes, sino simplemente por inercia y acumulación. ¿Qué etapas del proceso judicial suelen generar más demoras? Si bien cada fuero y cada proceso tienen sus particularidades, es fácil concluir que la etapa probatoria es el corazón de la demora. En ella se concentran tareas que de por sí demandan más tiempo: fijar audiencias, diligenciar notificaciones, tomar testimoniales, coordinar agendas de peritos y auxiliares, obtener historias clínicas, legajos administrativos, informes contables o registrales, entre otras. En fueros donde todavía no hay oralidad predominante, gran parte de esta labor se hace por escrito, lo que alarga los tiempos. ¿Cómo impacta la cantidad de causas que ingresan anualmente en relación a la cantidad de jueces disponibles? El impacto es directo: si el ingreso anual supera de manera constante la capacidad real de resolución, se genera una ‘cola’ que crece todos los años. Entre Ríos hoy cuenta con estadísticas que permiten ver cuántas causas ingresan y cuántas se resuelven por órgano. Cuando el ingreso supera la producción, eso se traduce en expedientes más antiguos y tiempos más largos hasta sentencia. ¿Qué rol juega la conducta de las partes en la extensión de los juicios? Sin lugar a dudas tiene incidencia, pero no explicaría por sí sola los años de demora si el sistema estuviera saneado. Las partes realizan planteos legítimos —impugnar una pericia, apelar, recusar— como parte del derecho de defensa. Pero también existen estrategias dilatorias: escritos innecesarios o reiterativos, recusaciones sin fundamento, recursos contra decisiones de mero trámite, incumplimientos voluntarios que obligan a abrir incidentes. En un sistema sobrecargado, cada incidencia innecesaria tiene un efecto multiplicador. Sin embargo, muchas veces las partes no litigan ‘de gusto’: la falta de políticas públicas eficaces, la conflictividad económica y la ausencia de soluciones administrativas previas hacen que el juicio termine siendo la única vía. ¿Cuál es el promedio real que lleva un juicio civil, penal o laboral en la provincia? No existe un único dato oficial que dé ‘el promedio’ provincial por fuero, y los tiempos varían según la complejidad, la prueba y la instancia. Por todas las variables descriptas, es prácticamente imposible asegurar un plazo determinado, porque las vicisitudes de un juicio son innumerables y todas inciden directamente en el tiempo. ¿Hay alguna reforma indispensable para reducir plazos y hacer más eficiente el sistema? Sí. Algunas líneas de reforma son ineludibles y en parte están en marcha. Debe generalizarse la oralidad y las audiencias concentradas. Donde se implementó oralidad efectiva en civil, comercial y familia, se lograron procesos más rápidos y con mejor calidad de decisión. Es necesario profundizar el expediente digital, las notificaciones electrónicas y el uso de tableros estadísticos para identificar cuellos de botella. No veo con malos ojos revisar la arquitectura recursiva y ciertos formalismos, favoreciendo criterios de saneamiento. Y finalmente, fortalecer los métodos alternativos de resolución de conflictos, como mediación y conciliación obligatoria. Cada caso que se resuelve sin llegar a sentencia descomprime el sistema. ¿Qué expectativas realistas debería tener un ciudadano cuando inicia un juicio? El ciudadano debe tener expectativas realistas pero no resignadas. Un juicio no se resuelve en pocos meses, salvo situaciones simples o procesos especiales. En un conflicto complejo, es muy probable que el pleito demande años. Pero también puede esperar un juez accesible, que lo escuche en audiencia y explique sus decisiones, con transparencia y sin tecnicismos innecesarios, especialmente para personas vulnerables. En síntesis, debería esperar que la Justicia no sea instantánea, pero sí previsible, comprensible y en movimiento, con un juez que asuma la conducción activa y un sistema que, con sus limitaciones, se esfuerce por acortar la distancia entre el conflicto y la respuesta. Agustín González Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 — Concordia Competencia en Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución Instagram: @agusgonzalez1981
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