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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 13/12/2025 03:08
Este 2025 se cumplen 21 años de la desaparición de Fernanda Aguirre, la adolescente de 13 años secuestrada el 25 de julio de 2004 en San Benito, Entre Ríos. Dos décadas después, su paradero continúa siendo un misterio y la causa, una muestra dolorosa de la desprotección institucional y las omisiones que marcaron a fuego a toda una provincia. Por AF En este nuevo aniversario, el Gobierno nacional dispuso incrementar la recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con su paradero. El gesto, aunque necesario, vuelve a poner sobre la mesa un interrogante incómodo: ¿por qué el Estado llega siempre tarde? Un caso que pudo resolverse y no se resolvió El secuestro de Fernanda ocurrió en pleno día, cuando regresaba de un cumpleaños familiar. Lo que siguió fue una sucesión de fallas que aún hoy resuenan en la comunidad: tardanza en activar los protocolos de búsqueda, una investigación inicial confusa, y la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, que desperdiciaron horas claves. El caso fue caratulado desde un primer momento como “sustracción de menores”, una figura jurídica que no reflejaba la gravedad del hecho ni desplegaba las alertas que sí se aplicarían —recién años después— en protocolos actuales como Alerta Sofía. En esos días críticos, se perdió un tiempo irreparable. La causa tuvo imputados, condenas y hasta confesiones parciales. Sin embargo, jamás se encontró el cuerpo ni se estableció con certeza qué ocurrió, un fracaso que señala tanto a la Justicia entrerriana como a las autoridades políticas del momento, incapaces de sostener una investigación firme, integral y sin interferencias. Un aniversario que expone deudas estructurales A dos décadas del hecho, la desaparición de Fernanda se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando el Estado falla: investigaciones fragmentadas, cambios de fiscales, recursos escasos y decisiones lentas, mientras una familia espera respuestas que nunca llegan. Cada aniversario trae el mismo mensaje: el expediente continúa abierto por “desaparición forzada seguida de muerte”, aunque el peso de los años y la falta de resultados revelan la debilidad de un sistema que no ha logrado garantizar verdad ni justicia. El aumento reciente de la recompensa —una herramienta que debería complementar la investigación, no reemplazarla— vuelve a mostrar un Estado reactivo, que toma medidas aisladas sin avanzar de forma contundente sobre las líneas investigativas que, a 21 años, siguen siendo prácticamente las mismas. Entre Ríos, una sociedad marcada por la impunidad San Benito no olvida. Tampoco lo hace la provincia. La desaparición de Fernanda se convirtió en un punto de inflexión para Entre Ríos, y para la Argentina entera: una adolescente secuestrada en plena democracia, sin que se pueda reconstruir ni siquiera su destino final. Los años posteriores mostraron que el caso Aguirre no fue una excepción, sino el inicio de un patrón preocupante: desapariciones, femicidios y redes de explotación que avanzan al ritmo de estados provinciales que carecen de recursos, de voluntad o de ambas cosas. La familia, la única constante A pesar de las adversidades, la familia de Fernanda Aguirre —que durante años encabezó marchas, denuncias y reclamos públicos— continúa exigiendo avances reales. Su insistencia ha sido, tal vez, la única razón por la que el caso no cayó definitivamente en el olvido. “Nuestra lucha no terminó, porque Fernanda no apareció”, repiten. Y esa frase resume dos décadas de abandono institucional y resistencia ciudadana. El desafío pendiente Aumentar la recompensa es un gesto político correcto, pero insuficiente si no va acompañado de: Reactivación concreta de la investigación, con nuevas líneas y tecnología actualizada. Revisión profunda de las fallas judiciales históricas, que nunca fueron investigadas. Un Estado provincial que asuma el caso como una prioridad, sin relegarlo a un expediente que duerme en un archivo. A 21 años, la desaparición de Fernanda Aguirre sigue siendo una deuda que interpela a quienes gobernaron, a quienes gobiernan y a quienes deben garantizar justicia. Y esa deuda, como su ausencia, no prescribe. Periodista de investigación. Post Views: 10
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