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Chajari » Noticias Chajari
Fecha: 13/12/2025 03:08
El presidente Javier Milei firmó la reforma laboral que el Gobierno nacional remitió luego al Congreso, con un gesto a la CGT: se excluyó del proyecto de ley la intención de eliminar la denominada “cuota solidaria”, que es la contribución que hace el empleado que no está afiliado al sindicato por la actividad gremial. Además, se decidió atenuar otro artículo que preocupaba a los sindicatos: el relativo a la cuota de afiliación. Hoy, por ley, los empleadores pueden ser agentes de retención. Eso se mantendrá igual, pero se exigirá que se preste conformidad. De esta manera, los sindicatos mantienen el control de sus cajas, algo que estuvo amenazado, de acuerdo a lo que había surgido de los borradores oficiales que circularon el fin de semana. Desde la Casa Rosada difundieron imágenes de Milei vestido con el mameluco de YPF, mismo look que había usado cuando desembarcó en Noruega para participar de la entrega del Nobel de la Paz, en este caso junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sobre una mesa el texto de la reforma, que el oficialismo llama “modernización“. Dijo Adorni en X que el proyecto “representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”. El texto oficial que firmó el Presidente tiene 71 hojas y 26 títulos. En el Capítulo IV, se legisla en relación al patrimonio de las asociaciones sindicales. Allí dejaron de lado las modificaciones en la cuota solidaria, el pedido más fuerte de la CGT. Sin embargo, el Gobierno definió que el trabajador deberá dar su conformidad para la cuota de afiliación sindical, además de que eso deberá contar con el aval de la Secretaría de Trabajo para efectivizarse. En el artículo 137, el proyecto de Milei establece: “Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes. A su vez, deberá contar con resolución de la Secretaría de Trabajo que lo autorice”. Como se preveía, la iniciativa introduce cambios en las indemnizaciones. Según la ley de Milei, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, tanto si hubo o no preaviso y luego de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si el trabajador no llegó a los 12 meses. En relación con el derecho de huelga, el Gobierno incorpora restricciones para las protestas y suma actividades esenciales (que requieren 75% de presentismo) y trascendentales (que exigen 50%). Sobre este punto, el texto habilita a no pagarles el salario a los trabajadores por el tiempo que participan de asambleas, debido a que considera que el empleado “deja de estar a disposición del empleador”. Otra de las novedades es que para las licencias por enfermedad establece requisitos para acreditar esa incapacidad, como que los certificados médicos cumplan con determinadas pautas que avalen su legitimidad. La iniciativa oficialista habilita también a que el empleador y el trabajador acuerden un “régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo”, que puede incluir la modalidad conocida como “banco de horas”, rechazada por los gremios. En tanto, la nueva normativa busca derogar el estatuto del periodista, que está ratificado por la ley Nº 12.908. Por este apartado, los gremios del sector ya denuncian un ataque a los trabajadores de prensa. El texto comenzará a debatirse en comisión durante las sesiones extraordinarias, que iniciaron el 10 de diciembre y se extenderán hasta el 31. (fuente La Nación)
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