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» Data Chaco
Fecha: 05/12/2025 13:25
La Cámara Primera en lo Criminal emitió este viernes una sentencia que marca un antes y un después en una de las causas de corrupción más relevantes vinculadas al manejo de fondos sociales en la provincia. El tribunal declaró culpable al dirigente piquetero Carlos Barraza por encabezar un esquema sistemático de desvío y utilización irregular de recursos públicos administrados por el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Según la investigación, Barraza manejó durante años un circuito paralelo de fondos estatales destinados a programas sociales. Tras revisar treinta erogaciones millonarias ejecutadas por el organismo, los jueces concluyeron que el líder del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH) había montado una red orientada a apropiarse de dinero y bienes del Estado para fines ajenos a su función. La condena fue categórica: diez años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión coincidió con el pedido del fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera, y del abogado querellante del Estado, Sergio Funes, cuyos argumentos fueron tomados por la jueza Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, presidenta del tribunal. La magistrada también ordenó que se avance en nuevas líneas de investigación sobre exfuncionarios del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) y otros actores vinculados a la administración de recursos públicos en los años 2022 y 2023, por la "presunta responsabilidad en la disposición de fondos estatales (…) a personas y movimientos sociales que no reúnen las condiciones mínimas para recibir recursos públicos". Las irregularidades que anticiparon el fallo La condena a Barraza no surgió de un hecho aislado. En diciembre de 2024, el dirigente había sido despedido de la empresa estatal Sameep tras una serie de denuncias por irregularidades administrativas, uso indebido de recursos y maniobras incompatibles con la función pública. La causa penal avanzó en paralelo. El exdirigente fue imputado por treinta hechos de fraude contra la administración pública y cuatro de peculado de bienes y servicios, figuras previstas en los artículos 174 inciso 5, 261 y 55 del Código Penal. La Justicia determinó que Barraza se apropió ilegalmente de fondos destinados a programas sociales, canalizados a través del IAFEP y de Lotería Chaqueña, y que utilizó recursos, personal y servicios de Sameep para objetivos personales cuando se desempeñaba como jefe del sector Pozo 5. Las pruebas acumuladas incluyeron registros fílmicos, documentación interna de la empresa y elementos secuestrados durante los allanamientos. Entre los bienes encontrados había 48 bicicletas abandonadas, juguetes y alfajores destinados originalmente a actividades comunitarias por el Día del Niño. La sentencia En su resolución, el tribunal estableció: "Condenar a Carlos Iván Barraza como autor penalmente responsable de los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios en concurso real (…) a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, con más las accesorias legales del artículo 12 del Código Penal y la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos". La sentencia incluye el pago de las costas procesales y el decomiso definitivo, en favor del Estado provincial, de "todos los bienes, documentación, efectos, vehículos, herramientas, materiales de construcción, dispositivos electrónicos, armas, soportes digitales y dinero" incautados en la causa. Nuevas investigaciones: el mapa de las responsabilidades en el uso de fondos El fallo no solo cierra una etapa judicial, sino que abre múltiples líneas de investigación que podrían comprometer a exfuncionarios, empleados públicos, dirigentes sociales y beneficiarios de programas estatales. La Cámara dispuso remitir actuaciones al Equipo Fiscal en varios puntos clave: Presunto falso testimonio: Se ordenó investigar a Gustavo Ariel Brites por el "presunto delito de falso testimonio" durante el debate oral. Distribución irregular de fondos públicos: La Justicia pidió profundizar sobre la eventual responsabilidad de Carlos Mauricio Andión, ex titular del IAFEP, de Laura Moreno y de "otros posibles responsables" en la entrega irregular de recursos estatales. Adjudicación de terrenos y viviendas: Otra línea apunta a presuntas irregularidades en adjudicaciones de RUBH y construcciones en Villa Barberán, en áreas vinculadas a la Asociación Civil Humildad. Actuación de exfuncionarios del IPDUV: El tribunal ordenó indagar posibles delitos y omisiones de control ocurridos en el organismo durante el mismo período. Delitos laborales y funcionales en la administración pública: Se investigará la conducta de Nicolás Sisi, Jonathan Barraza, Andrea Barraza, Cristian Barraza, Mónica Romero y José René Galasi por incumplimientos vinculados a horas extras, asistencia, uso de vehículos oficiales y vales de combustible. Investigación interna en Sameep: Se dispuso indagar a Juan Carlos Barraza por supuestos actos de amenazas, coacción e incumplimientos funcionales, así como evaluar la responsabilidad penal de quienes integran la conducción de Sameep desde 2022 por "omisión de controlar" las maniobras investigadas. Movimientos sociales bajo la lupa: La Cámara ordenó profundizar la pesquisa sobre el uso y destino de fondos públicos recibidos por Romina Palacios y Walter Ramírez, y por las organizaciones que representaban. Notas Relacionadas
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